Texto: Redacción El Sur / Foto: Enrique Ordóñez. La Cascada del Salto Jalisco mejor conocida como El Niágara Mexicano es el paso que divide los municipios de Juanacatlán y El Salto por el cauce del Río Grande.
Ciudad de México, 17 de junio de 2018. El presidente Enrique Peña Nieto dio luz verde a la concesión de permisos en 300 cuencas del país, que concentran 55% de las aguas de lagos y ríos del territorio nacional.
Los permisos se levantaron con los decretos de reservas de agua que fueron publicados hace 10 días por el gobierno federal. Esto significa que el vital líquido ha sido concesionado por los próximos 50 años para ser utilizado por la industria minera, el fracking, la extracción de hidrocarburos, la industria inmobiliaria o la turística, pues la mayoría de las cuencas concesionadas están ubicadas en los sitios en donde se llevan a acabo esas actividades.
De acuerdo con los permisos firmados se favorece el “uso doméstico y público urbano” del recurso natural para que los gobiernos locales que tienen concesionado el uso de agua potable hagan cesiones a la iniciativa privada, como ya está autorizado en lugares como Veracruz, Puebla y Saltillo.
Muchos centros agrícolas están en riesgo de perder sus permisos y ya preparan amparos, según datos de los expertos de la coalición Agua para Todos.
A pesar de que académicos, legisladores y diversas organizaciones se manifestaron en oposición a estas concesiones y evitaron que durante esta administración la iniciativa oficial de la Ley General de Aguas saliera adelante, con los decretos publicados en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, las limitaciones que estaban vigentes se eliminaron por varias décadas, y permiten la asignación de grandes volúmenes a las comisiones locales del agua, varias de ellas que ya se encuentran en control privado, como puede verse en los diferentes documentos analizados por un grupo de expertos de la UNAM e integrantes de la coalición ya citada.
La veda se levantó para 756 cuencas de la nación
Los decretos que ya fueron levantados para las restricciones sobre el agua, dan concesiones en 40% de las cuencas (300) de las 756 del país, que se localizan en 20 estados, esto representa el 55% del volumen superficial según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que explicó que la reserva es una cantidad de agua destinada para la protección de la naturaleza y el consumo humano.
La WWF explicó que participó junto con la Comisión Nacional del Agua en definir el agua que se necesita para lograr la conservación de la flora y la fauna de una cuenca, así como el agua que es necesaria para la población durante los siguientes 50 años, “respetando sus usos para actividades productivas actuales y aquellas que se habrán de desarrollar en el futuro”.
Pedro Moctezuma, uno de los autores de los análisis, pone como ejemplo que en las cuencas de Actopan y la Antigua, el decreto menciona que además del uso doméstico y público, se permite también la “modernización de los servicios del líquido”, que sería ejecutado por Odebrecht y Aguas de Barcelona.
Estos acuerdos dan al traste con las restricciones sobre el agua en la país, en esta situación hay al menos 50 mil permisos con documentación caduca, pues muchos centros agrícolas tienen dotaciones de agua por decreto presidencial, figura que cambió con la Ley de Aguas Nacionales y que no fue renovada.
En conclusión, lo que autorizó el presidente Enrique Peña Nieto con la aprobación de estos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en las 300 cuencas ya mencionadas con el argumento de que serán utilizadas para hacer reservas de agua para áreas naturales protegidas y para la naturaleza durante los próximos 50 años.
Para justificar su jugarreta, el mandatario acompañó los documentos con el respaldo de World Wildlife Fund, que apoyó la decisión del Ejecutivo.
Agua para Todos analizó la documentación publicada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación y encontró que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.
Estos permisos favorecen los trasvases del agua en gran escala como ya sucede en los megaproyectos hidráulicos del sistema Cutzamala desde el Estado de México hasta la Ciudad de México (ya casi sin agua); Monterrey VI que permite el trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey, o la presa del acueducto de El Zapotillo, que trasvasará el agua del Río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.
Trasvasar el agua de una cuenca a otros lugares es uno de los casos más evidentes de despojo de los bienes comunes, según explican los especialistas. En este caso, se despoja del agua a las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido el recurso común a través del tiempo, para que de pronto, mediante violentos “proyectos de modernización” los recursos sean expropiados y llevados a las grandes zonas urbanas.
