También insisten en la entrega de recursos por los daños que dejó el huracán Erick en junio pasado. El Cipog-EZ emite una alerta “urgente” debido a que hombres desconocidos a bordo de tres vehículos siguieron a su dirigente Jesús Plácido Galindo
Chilpancingo, Guerrero, 18 de septiembre de 2025. Autoridades de nueve comunidades tun saavi (mixtecas), de los municipios de San Luis Acatlán y de Marquelia, que pertenecen al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), protestaron afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, porque las autoridades no les han cumplido sus demandas de maestros, médicos, escuelas y carreteras.
También insistieron en la entrega de apoyos por los daños que sufrieron durante las lluvias del huracán Erick que azotó en Guerrero en junio pasado.
Luego de media hora de plantón afuera de la sede del gobierno estatal, fueron recibidos en mesas de trabajo, y al final, alrededor de las 3 de la tarde, el Cipog-EZ emitió una alerta “urgente” debido a que hombres desconocidos a bordo de tres vehículos siguieron a al dirigente Jesús Plácido Galindo y dieron al menos siete vueltas, “señalando su vehículo”, según un comunicado, lo que generó una movilización policiaca.
El plantón afuera de la sede del Poder Ejecutivo Estatal comenzó a las 9:30 de la mañana y se retiró a las 10 horas, luego de que el director de Gobernación, Rafael Julián Arcos, les anunció que habría mesas de diálogo con funcionarios encargados de atender sus peticiones.
En un boletín de prensa, el gobierno estatal informó que el mismo subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “se reunió con autoridades de comunidades ñuu savi de San Luis Acatlán y Marquelia, del Cipog-EZ para revisar avances en salud, educación, caminos e infraestructura, así como apoyos a familias afectadas por el huracán Erick”.
Según la información oficial, la reunión había sido “pactada con antelación” y se informó que los planteamientos se atienden en el presente ejercicio fiscal, mientras que otros corresponden a la planeación de 2026.
“Fue una reunión de seguimiento, porque los planteamientos que ellos traen ya se están atendiendo en este ejercicio fiscal y los nuevos forman parte de los proyectos de inversión para el próximo año”, informó Rodríguez Cisneros a través del comunicado.
Asimismo, “invito a que las demandas se expresen en este espacio de diálogo, donde existe acompañamiento y atención continua de las dependencias del gobierno estatal”.
Se informó que, en el encuentro, las autoridades comunitarias plantearon la necesidad de médicos para sus casas de salud, maestros en cuatro escuelas de la región y la rehabilitación de carreteras y centros educativos; además, se revisaron apoyos directos para las familias damnificadas por el fenómeno meteorológico registrado en junio pasado.
En la reunión participaron el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González; el titular del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; y representantes del IMSS-Bienestar, “con quienes se revisaron acciones en curso y proyectos próximos en beneficio de Costa Chica”, de acuerdo con el boletín de prensa.
Durante la protesta y antes de que fueran llamados a dialogar, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo declaró que ya no confían “totalmente” en las promesas del gobierno “porque muchas de sus demandas son añejas y quedaron pendientes desde hace dos y hasta de tres años”.
Por ejemplo, informó que desde hace dos años la Secretaría de Salud se comprometió a entregar una ambulancia para el hospital de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, y hasta este miércoles no se las había entregado.
“Ahora nos mandan al IMSS-Bienestar, pero con ellos no fue el compromiso”, además, dijo que no sólo es eso lo que no les han cumplido, puesto que también les hacen falta medicamentos, equipo y médicos en sus centros y casas de salud.
Informó que entre el contingente estaba una comisión de maestros y los directores de escuelas de Río Iguapa, Buenavista, que igual desde hace dos años no les terminaron sus escuelas y que hay, por lo menos, cuatro escuelas de esas comunidades este año se quedaron sin maestros porque los cambiaron a otras localidades.
De igual forma, en el caso de las carreteras, aseguró que han firmado muchos convenios con los funcionarios, quienes se comprometen a realizar las obras, pero nunca cumplen.
Informó que hace un mes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Costa Chica, firmaron un acuerdo con el delegado de los programas del Bienestar, Iván Hernández, quien se comprometió a que en la primera semana de septiembre entregarían los apoyos a los damnificados del huracán Erick y todavía no han entregado nada.
En tanto que, añadió, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) desde hace un año tiene pendiente el reencarpetamiento de la carretera de Potrerillo, Pueblo Hidalgo y Buena Vista, pues lo que están haciendo es la rehabilitación, lo cual dijo no sirve de nada, porque las lluvias están de nuevo dañando los tramos.
Alerta por hombres desconocidos
Después de las 3 de la tarde, el Cipog-EZ emitió una alerta debido a que hombres desconocidos a bordo de tres vehículos siguieron a su dirigente Jesús Plácido Galindo y dieron al menos siete vueltas “señalando su vehículo”, denunció en un breve comunicado.
El documento, que fue enviado a los medios de comunicación, refiere que varios testigos confirmaron el hecho, por lo que Placido Galindo, quien cuenta con medidas cautelares, activó el botón del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
El incidente ocurrió mientras unas 30 autoridades comunitarias, maestros y padres de familia, del Cipog-EZ se encontraban reunidos con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para exigir la atención a las demandas educativas de los pueblos de Costa Chica, donde tiene presencia la organización indígena.
El Cipog-EZ pidió a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a estar pendientes de la situación, “ya que los compañeros cuentan con amenazas por su labor en defensa de los derechos de los pueblos y del territorio, por parte de grupos del crimen organizado”.
Asimismo, responsabilizó al gobierno estatal y a la presidenta Claudia Sheinbaum de “cualquier daño a la integridad física de los compañeros”.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
