La décima jornada reunió a más 2 millones de personas en todo el país, según la CGT mientras las autoridades hablan de 740 mil. Hay más de 200 detenidos y 175 policías heridos. El gobierno de Emmanuel Macron invita a los sindicatos a una reunión la próxima semana tras rechazar un pedido de “mediación” inicial
París / Madrid, 28 de marzo de 2023. Nuevos enfrentamientos estallaron ayer en Francia en las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, cuyo gobierno invitó a los sindicatos a una reunión la próxima semana tras rechazar un pedido de “mediación” inicial.
La participación fue de 740 mil personas, según las autoridades, y de “más de dos millones”, según el sindicato CGT, en la décima jornada de protestas desde enero. Los sindicatos llamaron de nuevo a manifestarse el jueves 6 de abril.
Las centrales sindicales son la punta de lanza de la movilización contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, pero la decisión el 16 de marzo de Macron de aplicarla por decreto radicalizó las protestas.
Los disturbios e incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron ayer en decenas de ciudades de Francia, de Lille (norte) a Toulouse (sur), pasando por Rennes (oeste) o Lyon (este), pero de menor intensidad.
El ministro de Interior, Gérald Darmanin, informó que 201 personas fueron detenidas y 175 policías y gendarmes resultaron heridos, en un balance comunicado a las 23.30 horas.
El jueves hubo 457 detenidos y 441 agentes heridos en todo el país.
Aunque el gobierno, que movilizó a 13 mil agentes, busca criminalizar las protestas y socavar el apoyo a estas, la actuación policial se encuentra en el punto de mira tras las críticas de oenegés de derechos humanos e incluso del Consejo de Europa, según información de AFP.
En este contexto, el gobierno y los sindicatos aseguran buscar una manera de calmar los ánimos, pero campan en sus posiciones: las centrales sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, y Macron dice no.
El líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, aseguró en la noche que la primera ministra, Élisabeth Borne, había invitado a todas las centrales a una reunión la próxima semana, en una fecha por confirmar, a la que asistirán.
Berger indicó que aportarán “propuestas” como buscar una “mediación” para hallar una vía de salida al conflicto, un pedido que el vocero del gobierno, Olivier Véran, rechazó en la mañana, pero que el partido centrista MoDem, aliado de Macron, apoyó.
El presidente liberal se halla bajo presión. Su gobierno defiende que la reforma es crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones, pero esta carece de apoyo sindical y popular, y un sostén incierto en el Parlamento.
De hecho, la polémica está pasando factura directamente a la imagen de Macron, que sigue en caída libre. Según un sondeo difundido ayer por RTL, sólo un 28 por ciento de los ciudadanos tienen una buena opinión del mandatario, un dato que se acerca ya a la popularidad mínima durante el pico de las protestas de los ‘chalecos amarillos’ en 2018, cuando se desplomó al 26 por ciento.
A la espera del dictamen en abril del Consejo Constitucional sobre su validez, Macron busca pasar página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.
Mientras tanto, los sindicatos no tiran la toalla y a ellos se unen los jóvenes, mucho más numerosos en las últimas dos jornadas de protesta.
Las protestas toman desde hace semanas múltiples formas: bajadas de producción eléctrica, 15 por ciento de gasolineras sin combustible, trenes y vuelos anulados, transporte público de París perturbado e incluso la Torre Eiffel cerrada ayer.
Los basureros de París decidieron poner fin hoy a tres semanas de huelga, que dejaron miles de toneladas de basura acumuladas en las calles, pero con el objetivo de regresar a la lucha “con más fuerza”, según la CGT.
Por otro lado, las sedes de cinco entidades han sido objeto de registro ayer en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) por presunto fraude fiscal y que, según el diario Le Monde, habría afectado a las oficinas parisinas de Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas y Exane, filial de la anterior. (Con información de Agencias).
Texto: Redacción / Europa Press
