Metales Pesados
Tryno Maldonado
Aunque desde el poder unipersonal se ha decretado el final retórico de las prácticas neoliberales, la minería en México ha pasado a ser una actividad primaria en los últimos 30 años, que abarcan la presente administración federal. Las compañías mineras poseen concesiones equivalentes a la mitad del territorio nacional. Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, de los casi 200 millones de hectáreas totales del país, prácticamente la mitad –unos 98 millones de hectáreas o más– se han concesionado a compañías mineras.
De este total, 58 millones fueron concesionadas solamente durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Aunque durante el final de sexenio de Enrique Peña Nieto la minería tuvo un boom mayor que al de los 300 años de la Colonia. Y esta tendencia peñista durante el gobierno de la 4T no parece ser distinta.
Hoy en día, las leyes y el gobierno federal hacen prevalecer la actividad minera sobre cualquier otra en lo tocante al uso del suelo. De hecho, se ha priorizado por encima de las actividades agrícolas o el cuidado forestal.
El artículo 6 de la Ley Minera define a la minería con el arbitrario concepto de “utilidad pública”. Esta etiqueta permite que la ley pase por encima de acuerdos internacionales y vulnera día a día los derechos humanos de las personas, los pueblos y comunidades que son arrasadas por la minería. Da prioridad absoluta, en cambio, a la entrega de bienes comunes para explotación de empresas privadas internacionales. El derecho a la salud, al agua o a un medio ambiente sano, son vulnerados cotidianamente para priorizar toda actividad minera indiscriminada.
Todo ello ocurre en alto contraste con la noción de los pueblos indígenas, para quienes el concepto de justicia es extensivo a los ríos, los montes, el bosque, la montaña. Estos derechos que, en un desplante de ignorancia jactanciosa, el ocupante del Palacio ha calificado recientemente como creaciones “neoliberales” y el origen de todos los males para propiciar el saqueo. Sin querer aceptar que la Ley Minera que él solapa es a todas luces violatoria de derechos fundamentales y propiciatoria de rapiña, muerte y destrucción para los territorios y pueblos.
Las labores de las mineras canadienses que tienen operaciones en nuestro país, insaciables, se caracterizan por los daños irreparables que causan en el medio ambiente y en la salud de los pobladores de las comunidades donde se asientan. Por no hablar de los conflictos sociales que sistemáticamente desata su presencia ni de los desplazamientos que obligan en pueblos principalmente indígenas (de lo anterior da clara constancia el último estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la CDPIM).
Las mineras nacionales y canadienses que operan en México han propiciado conflictos sociales violentos, desplazamientos de poblaciones enteras, acoso, asesinatos, desapariciones forzadas y persecuciones a activistas y periodistas. Promueven, para su beneficio, tensiones entre los miembros de las comunidades que posteriormente el Estado “dirime” a favor de las mineras por medio de sobornos, cooptación, represión policiaca o militar si los habitantes se resisten a los proyectos de mega minería privada.
Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Guerrero, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz padecen al menos un conflicto de este tipo. Mientras que Baja California Sur, Chiapas y Jalisco, dos conflictos cada uno. San Luis Potosí y Sonora, tres. Oaxaca, al menos cuatro. Todos relacionados con actividades de extracción de minerales. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más casos de conflictos socioambientales relacionados con la minería.
Al establecer el artículo 6 de la Ley Minera la práctica extractivista rapaz como actividad de “utilidad pública” y “preferente” por encima de la vida, los pueblos indígenas y comunidades agrarias son despojados por el Estado mexicano y sus leyes neoliberales de su derecho a la tierra y el territorio. Tal como ocurre en Oaxaca. En un reportaje del periodista Zósimo Camacho para Contralínea se recuerda cómo la Minera Cuzcatlán, perteneciente a la canadiense Fortune Silver Mines, “se impuso violentamente en territorio oaxaqueño durante el sexenio de Felipe Calderón. Un operativo con más de mil efectivos desalojó al movimiento del pueblo binnizá en 2009”.
Lo que a los pueblos en resistencia contra Fortuna Silver Mines más ha encendido sus alarmas durante estos años, es el derrame de un millón 516 mil litros de desecho tóxicos al cauce del río Coyote en octubre de 2018. “El cambio de coloración del agua del río cambió desde entonces. Ahora reportan casos inusuales de hepatitis y de enfermedades respiratorias”. Sin embargo, en lo que va del sexenio de la administración de López Obrador, dos secretarías federales y el gobierno estatal de Alejandro Murat, han permitido que la canadiense Fortuna Silver continúe con la explotación de oro y plata a manos llenas en esa localidad de la región de Valles Centrales, muy cercana a la ciudad de Oaxaca. Y no sólo eso, también se ha vuelto su aliada indisoluble para llevar a cabo eventos de talante cultural para maquillar su pillaje, como la Feria del Mezcal y la Guelaguetza.
Lo anterior –documenta Zósimo Camacho– “a pesar del negro historial que su proyecto minero San José (de Fortuna Silver) ha acumulado en tan sólo 11 años, de la oposición de las comunidades afectadas e, incluso, de las instrucciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a sus secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para atender el caso. (…) A pesar de estar en entredicho por sus prácticas que han arrasado con el ambiente y con el tejido social comunitario del distrito oaxaqueño de Ocotlán”.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todos –organización integrada por diversas comunidades de Valles Centrales de Oaxaca y representadas por sus respectivas autoridades municipales y agrarias– ha realizado en semanas recientes protestas y acciones directas para demandar el cese de actividades de la minera Fortuna Silver y han recibido amenazas por ello. Por lo que finalmente se pronuciaron:
“En el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación hemos decidido rechazar cualquier proyecto minero en nuestros territorios, nuestras asambleas han decidido ¡sí a la vida, no a la minería! Por lo que exigimos al gobierno federal respetar los acuerdos de nuestras asambleas”.
