Se niega a entregar información relevante para esclarecer la desaparición de 43 normalistas, reiteran y señalan que no hay claridad en las líneas de investigación. A la audiencia realizada en Washington no acudieron autoridades responsables del caso. Su ausencia muestra irrespeto a las familias y la clara intención de eludir la supervisión internacional, advierten. Ven como “retrocesos institucionales” la politización del caso y el empoderamiento del Ejército. La CIDH llama a “romper el pacto de silencio”
Ciudad de México, 10 de noviembre de 2023. Ni el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, ni el subsecretario de Gobernación y también presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina, se presentaron este jueves a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y sus representantes actualizaron el estado en que se encuentra el caso y denunciaron la resistencia del Ejército a entregar la información que retiene pese a la orden presidencial de abrir los archivos militares.
Durante la comparecencia, que tuvo lugar en la ciudad de Washington, Estados Unidos, como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14, denunciaron la amenaza hecha desde el gobierno de abrir un proceso legal al ex fiscal Omar Gómez Trejo, y el riesgo que corre el ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien ha sido llamado a declarar en juicios contra militares procesados por el caso Ayotzinapa.
Por su lado, la CIDH, en voz de la comisionada Esmeralda Arosemena, demandó al gobierno mexicano romper “el pacto de silencio” que ha impedido dar con el paradero de los 43 jóvenes y enjuiciar a los responsables.
Estamos “encabronados” y no, nadie nos manipula
La madre del normalista Benjamín Ascensio Bautista, doña Cristina Bautista, y el padre del normalista César Manuel González Hernández, don Mario González, hablaron a nombre de los demás familiares de los 43. Resaltaron que a más de nueve años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes.
Por el contrario, “se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades”.
Lo anterior, “se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Covaj, y el actual titular de la fiscalía especial para el caso”, se indica en un comunicado conjunto difundido ayer por Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organizaciones que representan legalmente a madres y padres de los 43.
¿Por qué el Ejército no entrega esa información?
En la audiencia, que fue transmitida en vivo por redes sociales, doña Cristina manifestó su decepción por los últimos acontecimientos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. “Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo fiscal, el nuevo subsecretario, no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”.
“Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales (autoridades) para poder hablar con ellos”, deploró don Mario.
“Un ejemplo de ello –continuó– es la salida del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos.
“Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.
“Totalmente desmantelado”, el diálogo con el gobierno
María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, solicitó a la CIDH “que continúe haciendo uso de todos sus mecanismos extraordinarios de supervisión”, así como del acompañamiento de las familias a cada una de las reuniones que se convoquen por parte de la presidencia”.
Asimismo, le pidió que “funja como garante de una revisión adicional de los archivos castrenses” y que haga una visita a la normal rural de Ayotzinapa para conocer el estatus del caso.
El abogado de las familias de los 43, Vidulfo Rosales, enfatizó que el caso “se encuentra en un momento delicado, en el que el mecanismo extraordinario que construimos en diálogo al inicio de este gobierno, hoy en día está totalmente desmantelado”.
La investigación, puntualizó, “va en picada y en franco retroceso”.
También compartió su preocupación porque el fiscal Gómez Trejo “tuvo que renunciar en medio de presiones que se han hecho en su contra y hoy en día está en ciernes una investigación” en contra de él.
Eso, aparte de que el GIEI dejó el caso y salió del país “ante la cerrazón del gobierno de brindar información y de abrir los archivos militares en los que hay información relevante”, primero, y por la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas después.
Nos preocupa, dijo, “cómo el gobierno está acuñando la narrativa muy cercana a la verdad histórica, reduciendo los hechos al ámbito local de Iguala y criminalizando a los estudiantes”.
Se minimiza el efecto de la tortura en procesos penales
La representación del Estado mexicano recayó en la embajadora del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, la única funcionaria que se presentó a la audiencia. En su intervención, afirmó que el presidente López Obrador “ha expresado claramente su compromiso para continuar con las acciones de búsqueda y de investigación”.
Mencionó que el gobierno mexicano asumió el caso como un “crimen de Estado” y destacó que a la fecha hay 124 personas detenidas por la desaparición de los 43 estudiantes, además de que aún se investiga a integrantes del sexenio de Enrique Peña Nieto que crearon la “verdad histórica” para dar carpetazo a las pesquisas.
Sin embargo, ante las peticiones formuladas por los familiares de los 43, se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal Gómez Piedra, “en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (Omar Gómez Trejo), así como de la propia CIDH”, y no presentó las líneas actuales de la investigación, señalaron madres y padres y organizaciones acompañantes.
Dicha comunicación, agregaron, contenía “afirmaciones preocupantes, como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables”.
Lamentaron que esa fuera la respuesta del gobierno mexicano, “ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición” en el país.
En la audiencia, el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, lamentó “la denostación” del fiscal Rosendo Gómez al trabajo del anterior titular de la UEILCA, Omar Gómez; del GIEI y de la propia CIDH, y que no presentara las líneas de investigación actuales ni “cómo se van a superar los obstáculos que se han generado por la presión militar”.
Aguirre denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha “desmantelado” la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa y la fiscalía especial creados para resolver el caso por instrucción del mismo presidente, y que los avances han quedado “truncados”.
Retroceso de cinco años: de vuelta a 2018
Respecto al desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso –como la salida de GIEI por falta de condiciones, la posible criminalización del ex fiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la Covaj–, en el comunicado se mencionan dos razones de esos “retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército”.
Las y los comisionados de la instancia internacional reprocharon la ausencia de “autoridades claves”, pues ello limitó “la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa”, o acerca de “la responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se han llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes”, entre otros temas.
“Una justicia que tarda no es justicia”
La comisionada Julissa Mantilla se refirió a los familiares de personas desaparecidas, quienes “también son víctimas”, dijo, y en este caso “llevan nueve años. Nueve años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos’”.
Son nueve años del caso Ayotzinapa, enfatizó, caso “que recibió mucha atención y que la sigue recibiendo, no quiero ni pensar lo que serán los casos de otras desapariciones que no han recibido la atención suficiente”.
Durante la transmisión por streaming también se escuchó a la comisionada Mantilla referirse a la ausencia de autoridades relevantes para el caso Ayotzinapa como algo “muy simbólico” e insistió en la responsabilidad del Estado mexicano ante las familias de los 43 normalistas desaparecidos.
En su turno, la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, lamentó que esté a punto de concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido. No obstante, exhortó a “romper el pacto de silencio”.
“Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas”, expuso.
Para la comisionada, la resolución del caso requiere de una “voluntad expresa” e información clara, y ratificó el compromiso de la CIDH de “acompañar” a las familias y al Estado hasta lograr la total resolución del caso.
Ante los señalamientos de los padres y madres y las organizaciones acompañantes, y ante los cuestionamientos de integrantes de la Comisión Interamericana, la representación del Estado mexicano “se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales; mientras que las y los comisionados se comprometieron a dar seguimiento, como lo han hecho durante estos nueve años, desde que sucedieron los hechos” de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Texto: Viétnika Batres/ Foto: X (antes Twitter) de Tlachinollan
