Xalapa, Veracruz, 08 de febrero de 2018. El gobierno del estado de Veracruz ofrece 1 millón de pesos de recompensa a quien proporcione datos que lleven a la captura de José Nabor Nava Olguín, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte de Ochoa.
En conferencia de prensa el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares precisó que se dará dicha recompensa a la o las personas que proporcionen datos útiles para dar con el paradero del exsubsecretario, mismo que tiene una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de desaparición forzada.
Por este mismo delito, recordó, hay 19 personas detenidas y se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Arturo “N”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, y José Óscar “N”, exdirector de los Centros de Reinserción Social en la entidad, mismos que ya se encontraban en prisión por otros delitos.
De acuerdo con Yunes, fueron aprehendidos por el mismo delito Roberto “N”, quien fue director general de la Fuerza Civil, y José “N”, alias “Comandante Black”, quien fue comandante de la denominada Fuerza Especial.
La fiscalía estatal, ayudada por la fiscalía general y otras dependencias, investigó la participación de policías de alto y bajo rango en el secuestro y asesinato de civiles inocentes en la administración anterior, lo que Yunes calificó como “un secreto a voces”.
“Algunos malos policías y sus mandos violentaron el más valioso derecho de un ser humano: el derecho a la libertad y su derecho a vivir”, dijo en un mensaje a medios. Los delitos se cometieron durante la gestión de su antecesor, Javier Duarte, actualmente detenido, y el gobernador anterior a éste, Fidel Herrera.
Yunes indicó que los policías detenidos, cuatro de ellos de alto rango, estaban aliados con grupos del crimen organizado con presencia en el estado, uno de los más violentos de México, sobre todo por los reportes de desapariciones.
El gobernador los llamó “corruptos, como el régimen al que sirvieron” y mencionó como uno de los casos más recordados el de cinco jóvenes que fueron secuestrados y asesinados en la región de Tierra Blanca por policías aliados al violento Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El hecho ocurrió en enero de 2016, cuando los muchachos, cuatro hombres de 24 a 27 años y una mujer de 16, fueron interceptados por la policía en su regreso por carretera a su pueblo, Playa Vicente. Volvían de pasar un fin de semana en la ciudad de Veracruz, 400 kilómetros al este de Ciudad de México.
Según el testimonio de uno de los policías detenidos por ese caso, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos desintegrados en un rancho en el que las autoridades encontraron restos calcinados y triturados de dos de las víctimas, así como cientos de fragmentos óseos.
El gobernador de Veracruz, en funciones desde diciembre de 2016, dijo que la fiscalía se encargará de hacer lo necesario para que los 19 policías detenidos “no salgan nunca de prisión”.
“La impunidad ya no reina en Veracruz y el gobierno no está más al servicio de los delincuentes”, agregó en su mensaje.
Yunes Linares pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) seguir acumulando datos de prueba para que los 19 policías estatales -entre ellos tres mandos- imputados por el delito de desaparición forzada, “nunca salgan de prisión”.
En un mensaje transmitido por Radio Televisión de Veracruz, aseguró qué hay “elementos suficientes” que acreditan que estos “policías corruptos” estaban al servicio de la delincuencia organizada.
Texto: Redacción / DPA/ Agencia Reforma
