Sigue el proceso penal contra el fabricante que envió fusiles G36 a Guerrero y otros estados que violan derechos humanos.
Texto: Agencia Proceso / Foto: Archivo El Sur-Jessica Torres Barrera
Oaxaca, Oaxaca. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (CADHM) demandó a las autoridades de su país frenar la exportación de armas a territorio mexicano mientras exista un riesgo de que éstas puedan facilitar o ser empleadas para violar los derechos humanos.
En tanto, les pidió aplicar mecanismos reforzados y sistemáticos para controlar las exportaciones de armas a México, país que tiene más de 35 mil casos de desaparecidos, entre ellos, los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y mientras, en la ciudad alemana de Stuttgart continúa el proceso penal contra Heckler & Koch para aclarar si la exportación de miles de fusiles G36 entre 2006 y 2009 a estados mexicanos, como Guerrero, infringió la ley de control de armas de guerra, así como la ley de comercio exterior, al carecer de un permiso de exportación.
En caso afirmativo, resaltó la CADHM –red integrada por 15 organizaciones–, quedaría probada la responsabilidad directa de un fabricante de armas alemán, así como la de las autoridades alemanas competentes en la materia, por graves violaciones de derechos humanos en México.
Pese a que el gobierno alemán tenía conocimiento de la precaria situación de derechos humanos en todo México, las limitaciones en la exportación de los fusiles automáticos G36 a algunos estados mexicanos especialmente conflictivos eran, ya entonces, insostenibles desde una perspectiva de derechos humanos, puntualizó la red.
Armas automáticas G36 en Guerrero
Integrada por organizaciones como Carea, el Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Initiative Mexiko (INI-MEX), Misereor, la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia, Pacta Servanda, Pax Christi y Misionera de los Jesuitas Alemanes, la CADHM insistió en que los fusiles automáticos alemanes G36 coadyuvan a cometer graves violaciones de derechos humanos en México.
Pero, además, abundó en un comunicado: “Esto puede ayudar a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos a fortalecer sus demandas para que el caso Ayotzinapa sea investigado de forma completa, utilizando los instrumentos del Estado de derecho, y así los familiares puedan finalmente saber lo que sucedió con sus hijos”.
La red recordó que Guerrero es uno de los focos de violencia en México y en la “guerra contra el crimen organizado” declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, ese estado al igual que otros muchos fue fuertemente militarizado. “Esto agudizó la ya entonces crítica situación de derechos humanos”.
Igualmente, hizo el recuento de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron secuestrados por la policía local, seis personas murieron durante los enfrentamientos y otras 40 resultaron heridas de gravedad.
Y “ha sido probado que durante los incidentes las fuerzas armadas utilizaron fusiles automáticos G36 de producción alemana. Sin embargo, y según indica el permiso de exportación otorgado a Heckler & Koch, estas armas no deberían haber llegado a este estado mexicano. Ya en 2011, dos estudiantes en Guerrero murieron a consecuencia de disparos de la policía durante una manifestación. Es muy probable que los policías estaban armados con fusiles automáticos tipo G36”, concluyó la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.
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