Ciudad de México, 8 de abril de 2025.- Después de que en septiembre le fuera retirada, un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) restituir la escolta de cuatro agentes armados y un vehículo a un testigo con identidad reservada, que rindió su testimonio en el caso Ayotzinapa.
El Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México concedió al quejoso una suspensión definitiva, a fin de no poner en riesgo su seguridad, integridad física y psicológica e incluso su vida.
El pasado 18 de septiembre, la FGR notificó al testigo un oficio, fechado cinco días antes, en el que le informa de la cancelación del servicio de escolta que le habían brindado desde el 13 de abril de 2016.
Los elementos a su disposición eran cuatro federales armados, distribuidos en dos turnos de dos agentes (un conductor y un policía de seguridad), con un horario de 48 por 48 horas, y un vehículo ligero.
La Fiscalía justificó su decisión en diversos análisis técnicos de riesgos y vulnerabilidad que, en su opinión, demostraban que desde el 2016 hasta el 15 de agosto de 2024 nunca existió acontecimiento alguno que pusiera en peligro la integridad y vida del testigo.
“Derivado del conjunto de información analizada, es que se determinó un nivel de riesgo ‘Bajo'”, dice una de esas valoraciones de la Unidad de Operaciones Especiales de la propia Fiscalía.
Con esa base y de acuerdo con la Ley de Austeridad Republicana, expedida en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “el servicio de seguridad y protección dejó de ser viable”, añade el análisis.
Otra de esas opiniones recomienda que, en caso de continuar con dicho servicio, la Policía Federal Ministerial de la FGR transfiera esa responsabilidad a la Guardia Nacional.
Entre otras razones, los análisis aducen que el beneficiario de la escolta cuenta con los servicios de seguridad municipal, estatal y federal que se encuentran en Guerrero, Morelos y Ciudad de México, los sitios en los que se ubica.
También argumentó que el testigo era conductor de vehículos de pasajeros foráneos y que su trabajo le permitía “mantener un perfil bajo de su persona, lo cual se vería afectado al designarle personal de protección y seguridad, al hacerlo susceptible de cuestionamientos sobre el origen del cambio de su vida cotidiana”.
Uno de los análisis señala que el propio testigo manifestó sentirse seguro en su domicilio y que conocía a los habitantes de la zona, quienes “en caso de una situación inusual le podrían proporcionar cierto apoyo”.
El testigo presentó su amparo contra el retiro de su seguridad, por tener el temor fundado de su integridad personal, ya que continuaba presentándose a a rendir declaraciones, entre otros actos procesales.
Planteó que, mientras la integración de la averiguación previa del caso Ayotzinapa no haya concluido, prevalecerá el riesgo latente para su integridad. Una de sus comparecencias, dice, fue en marzo de 2022.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal le concedió la suspensión definitiva para tener de regreso su escolta, un fallo que impugnó Raúl Morales Aguilar, uno de los fiscales de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
No obstante, el tribunal colegiado confirmó la resolución del juzgado.
Texto e imagen: Agencia Reforma
