La resolución, aprobada por unanimidad, da a la PGR un plazo de 10 días para que proporcione una versión pública de la averiguación previa, así como el expediente de seguimiento de cumplimiento de la recomendación de la CNDH.
Ciudad de México, 17 de diciembre de 2018. Por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reservar menos datos sobre el caso Tlatlaya.
Al exponer el caso, el comisionado Joel Salas Suarez explicó que la PGR respondió a una persona que le entregaría la versión pública de la averiguación previa, así como del expediente de seguimiento a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero testado.
Entre los datos que se mantendrían bajo reserva se incluía información de personal sustantivo de la PGR, así como información que es parte de las investigaciones vinculadas generadas por diversas unidades administrativas y datos personales.
“Del análisis realizado por esta ponencia se determina que para el presente caso no le resulta aplicable ninguna causal de reserva (…) ya que la averiguación previa y expedientes de seguimiento del caso Tlatlaya es información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos”, consideró el comisionado.
“Sólo se actualiza la confidencialidad de los nombres y firmas de personas físicas”.
La resolución, que fue aprobada por unanimidad, da a la PGR un plazo de 10 días para que proporcione una versión pública de la averiguación previa SEIDO-UEICA-174bis/14, así como el expediente de seguimiento de cumplimiento de la recomendación de la CNDH.
“Únicamente se podrán testar diversos datos personales, nombre y firma correspondiente a testigos, víctimas ofendidos, imputados, asesores jurídicos y peritos”, reiteró Salas Suárez.
En su argumentación, recordó que la CNDH estableció que de las 22 personas que fallecieron el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad San Pedro Limón, 15 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por elementos del Ejército.
“El caso Tlatlaya invalidó a las declaraciones del Gobierno federal en turno, que negó, dos años antes, la existencia de ejecuciones extrajudiciales, que fueron documentadas en el Informe sobre el Cumplimiento del Estado Mexicano a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada”, indicó.
El comisionado citó también informes del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales y organizaciones civiles como Open Society, Amnistía Internacional y WOLA.
Y mencionó que ahora la futura Guarda Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército y de la Armada de México.
“Los archivos son un punto de partida para la rendición de cuentas y para prevenir violaciones graves a los derechos humanos porque permitirán evaluar y, hay que decirlo, juzgar la actuación de las diversas autoridades, ahora incluida la Guardia Nacional”, señaló.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros / Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Archivo
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