Los directores de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, coinciden en que los programas sociales operan con deficiencias, el presidente no tolera la crítica y los grupos criminales mantienen el control en zonas del estado.
Chilpancingo, Guerrero, 2 de septiembre 2019. Por su primer informe y a nueve meses de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay “claro-oscuros” en su gobierno, pues los programas sociales operan con deficiencias, y el presidente no tolera la crítica; ademas, los grupos criminales mantienen el control en algunas áreas de seguridad del gobierno, dicen los directores del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y del Centro José María Morelos, Manuel Olivares Hernández.
Barrera Hernández fue contundente al señalar que “hay claro-oscuros en términos de su trabajo”, pues por una parte se tomaron acciones muy concretas con los nuevos programas sociales, donde se priorizó a los jóvenes discapacitados y a las familias desprotegidas, pero la operación de los programas no han tenido esa aplicación real a todas las familias y personas hacia los que están dirigidos, porque hay muchas fallas. Puso de ejemplo el programa del fertilizante gratuito, que dejó a más de 20 mil campesinos con vales pero sin el producto.
Consultado por teléfono, expresó: “La gente no siente el beneficio, no siente el cambio, que en verdad va haber una prioridad y atención a sus necesidades. Es un problema de cómo se va a tener que mejorar el programa”. Agregó que en Guerrero “no se ha podido consolidar la política social, porque los operadores del gobierno federal no han tenido la fuerza, la coordinación, la capacidad que se quiere y esto se demostró con el programa del fertilizante”.
Insistió en que esto dejó al descubierto que los funcionarios no conocen las regiones y sus problemas, “fueron rebasados, no previeron cómo atender las demandas, la gente que se movilizó, y prevaleció el discurso de la confrontación”, entre los representantes federales y el gobierno del estado, pero que los únicos perjudicados fueron los productores.
El defensor reconoció que hay libertad de expresión en el nuevo gobierno, y una nueva forma de informar diariamente, con sus conferencia matutinas, que abona a la rendición de cuentas; sin embargo, el presidente López Obrador por “tiene un discurso y narrativa que sí está colocando de un lado y otro lado a los actores civiles y a veces promueve la descalificación. Eso hace que se excluyan a cierto actores civiles, que de algún modo contribuyen al desarrollo democrático. Eso los pone en riesgo, no se garantiza la protección a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, por su ejercicio legítimo, por una crítica independiente, y se debe de serenar para no hacer juicios sumarios contra sectores de la población que son críticos”.
Agregó que “las voces libres sirven para fortalecer más el sistema democrático y deben de ser escuchadas y valoradas, pero en términos de la crítica no es tan tolerante”. Además, reconoció que este gobierno no ha recurrido a la represión contra las movilizaciones.
Los 43 normalistas y derechos humanos
Barrera Hernández recordó que uno de los compromisos más grandes del gobierno de López Obrador es dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la creación de la comisión para la verdad y justicia, para “romper con esa verdad histórica, desecharla y hacer público que la versión no es la que realmente está abonando, para dar con el paradero de los 43”.
Reconoció que el presidente se haya abocado a que el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga, que es una señal buena, así como firmar un convenio con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para contribuir en el esclarecimiento del paradero de los jóvenes estudiantes, así como el retorno de los expertos del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI).
“El hecho de que se hayan abierto los cuarteles para poder estar presente, hablar con el Ejército, es un gran avance, es algo muy importante de que esté operando esa comisión”, así como el haber nombrado a un fiscal especial; sin embargo, para los padres “no hay avances sustantivos, para saber dónde están sus hijos. Eso es el gran pendiente. A pesar de los esfuerzos, no hay una luz en el camino, que diga estas son las líneas y los responsables. Ahí esta el gran reto”.
Dijo que hay avances importante en temas de derechos humanos, el funcionamiento de la comisión de personas desaparecidas, “sentimos que se está avanzando en el combate a la corrupción, se está tratando de romper con esas inercias. Un reacomodo que se está haciendo, de priorizar la política de mejoramiento a los más vulnerados”.
Además, que el gobierno esté recibiendo la competencia de la ONU para asuntos individuales de desapariciones forzadas “es algo novedoso, se está saludando por parte de los colectivos, las víctimas y las organizaciones internacionales”.
Por su parte, Manuel Olivares, del Centro Morelos, puntualizó que si bien hay “importantes avances en derechos humanos”, hay un retroceso en los derechos económicos y sociales de la población, porque “no hay crecimiento, no hay políticas de impacto estructural, y se ha quedado corto, porque ha repetido programas asistencialistas. Ahí falta mucho por hacer”.
Aunque afirmó que a nueve meses del nuevo gobierno, se tiene que reconocer qué López Obrador asumió la presidencia en circunstancias bastantes desfavorable. En el que se habla de una crisis humanitaria causada por problemas estructurales dentro de la administración y procuración de justicia. Lo llamó a poner el ojo en las fiscalías estatales y las comisiones estatales de atención a víctimas, que no están funcionando y “por ese lado hay una deuda pendiente”.
La Guardia Nacional
El defensor recordó que como organismo de derechos humanos han sido críticos con la Guardia Nacional, “nos hemos opuesto, porque sigue teniendo el principal componente del Ejército en materia de seguridad pública. Para los guerrerense es una experiencia amarga, porque en el estado no han rendido cuentas, y no se han investigado las desapariciones, y asesinatos en diferentes épocas. Se le vuelve a colocar como el paladín y es algo que sigue ensombreciendo la lucha de las víctimas”.
Además de que durante la “guerra sucia” en los años de 1970, el Ejército fue determinante en las graves violaciones a los derechos humanos, por ello se tiene que seguir evaluando el funcionamiento de la Guardia Nacional, porque “a pesar de la corta estancia en Guerrero, seguimos viendo que todavía hay situaciones que ponen en entredicho su actuación” de la nueva corporación, como la falta de un esquema de funcionamiento y porque “sigue estando todavía rebasado”.
Expuso que aún hay un arraigo, “por los vínculos entre actores (políticos) estatales y no estatales, con la delincuencia. Se tiene que abocar a una investigación seria y no sólo a la creación de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional”. Porque eso es lo que más le duele a la gente “que no se rompe con esas estructuras para conseguir la justicia. Y la verdad, es algo que sigue estando en la agenda de la ciudadanía, emplazando a la autoridad para que cumpla”.
En tanto, Olivares Hernández dijo que la violencia y la delincuencia organizada “mantiene el control de varias instituciones y áreas de gobierno, con la complicidad de funcionarios”.
También que hay fallas en la creación de la Guardia Nacional con militares, cuando sus elementos, como sus mandos, deben de ser civiles, “prácticamente significa una traición a las organizaciones y a los ciudadanos, porque lo único que hicieron fue formalizar la militarización”.
Los pueblos indígenas
Barrera Hernández señaló que el nuevo gobierno tiene una nueva política con los pueblos indígenas, sin embargo, “vemos megaproyectos como el Tren Maya, el Tren Transístmico, que ha dividido a las poblaciones, hay posturas encontradas”.
Llamó a tener un mayor acercamiento con los pueblos y comunidades, porque “ahí sí vemos que se ha querido descalificar a las organizaciones de base, por cuestionar estos proyectos”.
El defensor reconoció también que el hecho de que se quiera impulsar una reforma agraria “es valioso”, para que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas. “No sabemos cómo vaya a concluir esta reforma, que ya se está trabajando con las consultas que se hicieron. Vemos que es algo muy importante”.
Olivares Hernández coincidió en que hay retrocesos en algunos derechos humanos de los pueblos indígenas, con proyectos como el Tren Maya, “porque ni se está consultando a la población y no se hacen caso a los impactos ambientales”.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: Agencia Reforma
