Humberto Musacchio
Un viejo lobo de la política aconsejaba hablar sólo lo necesario: “Quien habla mucho se equivoca más”, solía decir, y cualquiera sabe que así ocurre. Por eso, hay que suponer que las palabras del presidente López Obrador suelen chocar con sus propias convicciones, pues no es de creerse que considere a todo crítico como un “neoliberal y conservador” ni que todo informador o analista estén al servicio de oscuros intereses, aunque algunos puedan actuar de esa manera.
El atentado contra Ciro Gómez Leyva, quien días antes fue objeto de una severa crítica presidencial, dio pábulo a las más absurdas, diversas y contrastadas versiones, a las que el mismo mandatario dio lugar por hacer públicas hipótesis que debieron ser manejadas confidencialmente, pues su mera mención por tan alta autoridad les impone visos de veracidad.
Es posible, como dijo AMLO –aunque no lo debió decir–, que el atentado tenga como autores intelectuales y hasta materiales a sus enemigos, pero lo prudente hubiera sido dejar correr la investigación para que esa hipótesis fuera corroborada por los hechos, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Cabe también suponer factible que algunos fanáticos cuatroteístas quisieran castigar a Gómez Leyva por permitirse criticar a López Obrador, lo que nada tendría de extraordinario si se atiende a que Marcelo Ebrard fue agredido cuando marchaba en la manifestación de Morena. Si se permiten eso, harán cualquier cosa, pero lo procedente es esperar a que las cosas se aclaren.
Otra hipótesis es que personajes afectados por alguna investigación del periodista estén detrás del atentado, como lo indica el procedimiento empleado por los criminales, posiblemente contratados por quienes pudieran considerar lesionado su interés. En ese caso, está en el interés presidencial que se aclare el asunto, pues aunque nada tenga que ver con el habitante de Palacio, una verdad jurídica de ese talante eliminaría cualquier sospecha indebida.
Lo que en modo alguna beneficia al Presidente es que él mismo contribuya a alimentar versiones infundadas. Por eso mismo, debió cesar todo cuestionamiento a Gómez Leyva y no caer en reiteraciones sobre la crítica que le resulta inaceptable al jefe del Estado mexicano.
Lo aconsejable ante todo fenómeno que golpea al orden institucional es no apartarse de este orden, pues es desde ahí precisamente como puede aclararse un asunto de tanta trascendencia para la vida institucional, tarea que debe recaer en la Fiscalía y no en funcionarios que tienen otros deberes.
El Ejecutivo tiene tareas, compromisos, obras y decisiones que suscitan el análisis y la crítica legítima, pero también la maledicencia de sus enemigos, que siguen de cerca todos sus movimientos con la intención de hacerlo resbalar o de plano caer. Ante esa realidad nadie puede pasarse de ingenuo.
Hay una preocupación evidente y muy explicable en el mundo de la información. La causa es la inseguridad en que se desarrolla la función periodística, misma que forma parte de la inseguridad general. De nada sirve jactarse de que el número de homicidios disminuyó en un porcentaje u otro. Lo cierto es que periodistas y ciudadanos de todo tipo vivimos en un clima que genera miedo. Si un general puede ser víctima de los criminales, nadie está seguro.
En el caso de los periodistas asesinados o víctimas de atentados, se afecta al conjunto de la sociedad que requiere estar informada, pues como ya ocurre en diversos puntos del país, por su seguridad y la de sus familias, muchos colegas han decidido no tratar asuntos que toquen las actividades de las mafias criminales o de las otras mafias, las políticas, que no son mejores.
Desde luego, la mayoría de los profesionales de la información y los medios para los cuales trabajan están (estamos) decididos a continuar con nuestra labor. Hay un compromiso con los lectores, pero la eficacia de esa actividad dependerá en buena medida de lo que ofrezcan los órganos de gobierno de todos los niveles en materia de seguridad.
Lo esperable, en estas horas de incertidumbre, es que la Fiscalía capitalina, y no tanto la policía, avancen en su investigación del atentado y que las autoridades guarden un respetuoso silencio en beneficio propio y de la sociedad.
