27 marzo,2020 4:33 am

Pararán el avance de la comunitaria de Tlacotepec con un plantón en Chichihualco, acuerdan desplazados

“Si nos van a matar que nos maten a todos, pero no nos van a desplazar dos veces”, advierten. Responsabilizan al gobernador Héctor Astudillo, al secretario Mario Moreno y al diputado Olaguer Hernández de su integridad

Chilpancingo, Guerrero, 27 de marzo de 2020.Unos 200 desplazados de por lo menos siete comunidades de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Chilpancingo acordaron mantenerse en plantón permanente en el crucero El Guamúchil de la carretera Chichihualco-Tepozonalco, para evitar el ingreso de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) a la cabecera municipal, donde se encuentra el resto de los desplazados que no paran de llegar desde noviembre de 2018.

“Si nos van a matar que nos maten a todos, pero no nos van a desplazar dos veces”, dijo uno de los vecinos que fue desplazado el miércoles de Tepozonalco, y responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores, al secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Mario Moreno Arcos, y al diputado local del PRI por el distrito 19 que comprende a los municipios de Eduardo Neri (Zumpango), Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, Olaguer Hernández Flores, de la integridad física de los manifestantes.

Según la versión de las familias desplazadas, los tres políticos priistas promueven la irrupción de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo a los pueblos de Leonardo Bravo, Eduardo Neri (Zumpango) y Chilpancingo para controlar la zona por motivos políticos y posicionar la candidatura a la gubernatura del secretario de Desarrollo Social estatal.

Vía telefónica, uno de los voceros del movimiento informó que la noche del miércoles acordaron mantenerse en este crucero como “escudo humano” porque saben que el siguiente objetivo del llamado grupo Tlacotepec es Chichihualco, para dominar todos los accesos a la sierra.

Niños y un policía ejecutados e incendiados, “los horrores” de la irrupción armada

El vocero dijo que en ocho días los policías comunitarios irrumpieron en siete pueblos, seis de ellos del municipio de Leonardo Bravo, y que se encuentran en la ruta que llega a Chichihualco, la cabecera municipal, estos son Carrizal, Balsamar, Tepozonalco, El Naranjo, Las Joyas y La Soledad, así como Chautipan, del municipio de Chilpancingo, que se encuentra en la ruta de los llamados Pueblos Santos con acceso al valle del Ocotito, municipio de Chilpancingo, y Xaltianguis, municipio de Acapulco.

Insistió que es claro que el gobierno los apoya, “hay que ser realistas, cuando entraron a Balsamar al gobierno no le importó y sabe lo que vienen haciendo, está demás que uno lo diga, lo hemos denunciado muchas veces”.

El representante de los desplazados dijo que a su paso por los pueblos los civiles armados han provocado “horrores”, por ejemplo denunció que en Balsamar le prendieron fuego a una casa con dos niños y su padre adentro, y eso no se ha publicado en los medios de comunicación ni lo ha dicho el gobierno, “porque me imagino que no les conviene”.

Contó que en Filo de Caballos la Policía Comunitaria le quitó a la Policía Estatal, al Ejército y a la Guardia Nacional a un elemento de la Policía Estatal porque era de Chichihualco, al que ejecutaron y le prendieron fuego, “lo bajaron de la patrulla, desgraciadamente no sabemos qué número de patrulla fue, pero lo sabemos porque sus familiares son de aquí de Chichihualco”.

Aseguró que el policía iba uniformado con sus compañeros en una operación, “y así se los quitaron, él se resistió a ser desarmado y sus compañeros no hicieron nada, también llegaron elementos del 50 Batallón y tampoco intervinieron para recuperarlo, delante de ellos lo empezaron a golpear y se lo llevaron, y más adelante lo encontraron ejecutado y quemado”, denunció.

Agregó que todo eso provoca impotencia en la gente de la sierra afectada, “por ambiciones e intereses de políticos que quieren controlar el territorio haciendo compromisos con grupos violentos”.

Acusó directamente al diputado local del PRI, Olaguer Hernández Flores y al secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.

Añadió que el gobernador Héctor Astudillo Flores también debe estar involucrado, “si no, a ver, ¿por qué no ha hecho nada para impedir esta barbarie?”, preguntó.

Dijo que “no se puede tapar el sol con un dedo” y que las irrupciones y desplazamientos en los pueblos comenzaron en 2017 en Pueblo Viejo y La Vuelta, de Heliodoro Castillo, “y desde entonces el gobierno no ha hecho nada a pesar de que tienen pruebas de mujeres y niños muertos, y no hacen nada porque son la misma gente”, acusó.

Insistió: “ellos quieren ganar terreno para que al rato sea gobernador Mario Moreno y siga la misma protección que tienen ahorita con Héctor Astudillo”.

Agregó que no es justo que por intereses políticos se permitan masacres, saqueos, desplazamientos y el sometimiento de los pueblos, “en donde ya acabaron con todo lo que tenía la gente trabajadora que fue desplazada”.

Declaró que por eso la noche del miércoles acordaron que la gente ya no se va a mover del plantón que instalaron en la entrada de Chichihualco, en el crucero del Guamúchil, “ya vimos que el gobierno no nos apoya, por el contrario, son los mismos y ya no tenemos a quién recurrir, si nos van a matar que nos maten a todos, sólo así van a pasar, pero ya no nos van a desplazar dos veces”, manifestó.

Durante la sesión de la mesa estatal de seguridad que preside el gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca afirmó que no se confirmó la existencia de personas lesionadas ni privadas de la vida en la zona.

En un comunicado de prensa se informó que “el miércoles se trasladó un operativo integrado por Guardia Nacional, Sedena, Policía del Estado y Fiscalía General del Estado en diversas comunidades de la sierra del municipio de Leonardo Bravo luego de recibir llamadas en la línea de emergencias 911”.

Agrega que en el despliegue conjunto “realizado para proteger a la población y disuadir hechos de violencia en la zona”, no se confirmó la existencia de personas lesionadas o privadas de la vida, y se procedió a darle cobertura de seguridad a la zona.

En la reunión estuvieron los titulares y representantes del gobierno federal, Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, FGR, Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Coparmex y los mandos de la mesa territorial de Acapulco.

Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero