Chilpancingo, Guerrero, a 1 de noviembre de 2025.- La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, señaló que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) son suficientes para hacer una solicitud una Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres (AVGM) por violencia feminicida, si no hubiera una decretada desde 2017.
Consultada sobre la incidencia de delitos de septiembre que colocan a Guerrero en el séptimo sitio de homicidios dolosos de mujeres, en el 14 de feminicidios, y en el cuarto de violencia de género, entre otros, denunció que en Guerrero parece que no existen dos declaratorias de AVGM.
La primera por violencia feminicida y otra agravio comparado debido a que el Estado no garantiza el integral a los servicios de salud a las víctimas de la violencia.
“Si no tuviéramos las alertas, los datos que tenemos hoy en día, dan para que se vuelva a solicitar el mecanismo, ya que parece que no hubiera alertas, porque no hay medidas extraordinarias para abatir la violencia de género”.
Explicó que las medidas que impulsan autoridades estatales y municipales son ordinarias, no acordes con una situación de emergencia.
“Una alerta se debe caracterizar por acciones emergentes, y las acciones que se realizan a través de las dependencias, que son garantes de atender la violencia, son ordinarias. Es como si la violencia se normalizara en las instituciones, que no es prioridad, no merece acciones extraordinarias”.
Lamentó que hace ocho años, la estadística mantiene a Guerrero entre los estados más violentos, cuando se esperaría una reducción en las cifras.
Estimó que, si se hace un balance de este periodo, se podría establecer que la violencia se incrementa, sin contar los casos que no llegan a las cifras oficiales, que son muchos.
Advirtió que otro problema que no se visibiliza es el acceso a la justicia de las mujeres, del que tampoco se pueden hacer comparativos porque no hay cifras públicas del seguimiento de las carpetas que se abren, las que se judicializan, y cuántas llegan a sentencia condenatorias firmes.
Añadió que en los acompañamientos a víctimas, han observado problemas en la procuración y en la administración de la justicia, de quien le toca abrir carpetas, judicializarse, y a quien juzgar, “que muchas veces entorpecen los procesos, en lugar de ayudar a las víctimas para que tengan justicia”.
Sólo de los casos de violencia extrema, que son homicidios dolosos y feminicidios, observó que son más altos los primeros, porque no todos los asesinatos de mujeres son clasificados como feminicidio para su investigación.
Texto: Lourdes Chávez
