Octavio Klimek Alcaraz
La historia del parque Papagayo es larga, incluso digna de una novela negra de huertas de acapulqueños, que a través del despojo fueron transformadas en un hotel por hombres del poder en el siglo pasado. Recomiendo ampliamente los textos sobre el parque Papagayo de Anituy Rebolledo (El Sur, 15 de mayo de 2008) y Aurelio Peláez (El Sur, 17 de abril de 2004). Pero no es mi intención atender esa parte de la historia de Acapulco. Vayamos a la época de más cercana, cuando en 1979 el entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) expropia las casi 22 hectáreas de esas tierras del entonces abandonado hotel Papagayo, que a diferencia de su entorno, eran un espacio compacto de verdor en el mar de concreto que se estaba convirtiendo Acapulco. Su intención era hacer un parque recreativo, le denominó parque Ignacio Manuel Altamirano, se invirtieron cuantiosos recursos públicos para dotarlo de infraestructura; mucho de su diseño actual viene desde esas épocas. Sin embargo, los litigios entre los ex dueños expropiados del sitio por el valor de la propiedad se prologaron más allá de su gobierno, lo cual detuvo –creo que para bien– la idea de realizar inversiones en un gigantesco parque recreativo frente al mar. Así pasó el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado (1981-1987), con pleitos legales y un deterioro inercial del parque.
Después, con la llegada del gobernador José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), tratan de vender una parte de los terrenos para un destino comercial. La gente asidua al parque Altamirano encuentra un día cerrado el parque y maquinaria pesada derribando arbolado. Eso es detonante para que la sociedad de Acapulco indignada se movilice y proteste ante esta pretensión, donde se dan acusaciones de despojo y venta fraudulenta de funcionarios del gobierno estatal a unos negociantes que se manifiestan como propietarios. En enero de 1992 se inicia la huelga de hambre de la maestra Carmen Chávez Varela (QEPD), se suma mucha gente y hay movilizaciones importantes. En la defensa del parque, surgen junto con ella muchos hombres y muchas mujeres de gran valor y compromiso, que defienden el parque, como Esther Chávez, Delia Garduño, Elena Khan, Mirlos Salazar, Guadalupe Saligán, Irma Sánchez, Rubén Vázquez, Ricardo Zermeño y muchas otras mujeres y hombres que se sumaron a esa lucha por la naturaleza en Acapulco. Pido una disculpa de antemano por no mencionar más nombres de tanta gente que lucha y luchó por el parque Papagayo. De ahí surge el movimiento ambientalista de los Guerreros Verdes, que ha dado la lucha por las mejores causas ambientales de Guerrero y de México bajo el liderazgo de la Dra. Elena Khan, y que hoy goza de reconocimiento nacional e internacional.
De manera inédita, el movimiento ambientalista en Acapulco logra ganar una batalla. La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) del gobierno federal, clausura a fines de enero de ese año los trabajos de construcción que se estaban realizando en el interior del parque, al encontrarle responsabilidad por haber talado 325 árboles en dicha zona (recomiendo al respecto el texto de doctorado de Manuel Ruz, La vulnerabilidad del paraíso, en sus páginas 274 a 281 phttp://ri.uagro.mx/bitstream/handle/uagro/2242/TD_13744_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Ante esa justa indignación popular, el gobierno de Ruiz Massieu suspende la venta de los terrenos del parque, y un año después, el 15 de enero de 1993, el gobernador expide y publica en el Periódico Oficial un “Decreto por el que se establece el régimen ecológico del Parque Ignacio Manuel Altamirano en Acapulco, de Jurisdicción Local”. En sus consideraciones se señala: “Que Acapulco debe evitar riesgos ecológicos por su acelerado proceso de crecimiento demográfico y urbanización”.
“Que siendo el Parque Ignacio Manuel Altamirano una de las riquezas ecológicas con las que cuenta Acapulco, debe ser preservado asegurándose su destino”.
Así, más allá de ser un mero parque recreativo, pasa a tener un destino preponderantemente ecológico. Esto significa, que conforme al artículo 4 del Decreto, no se pueden “otorgar licencias, permisos o autorización alguna en cuanto a construcciones, funcionamiento, fraccionamiento, densidades o usos del suelo, cuando ello no se ajuste al destino actual del Parque,” que es ecológico.
Otro artículo importante en el Decreto es el 7, que señala: “Para coadyuvar a la mejor observancia de este Decreto, el Ayuntamiento de Acapulco y la Secretaría de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano, proveerán la formación de un Comité ciudadano en los términos de la Ley que establece las bases para el Fomento de la Participación de la Comunidad y la implantación de un programa de difusión de cultura ecológica del parque”.
Asimismo, se expide y publica en esa misma fecha, el 15 de enero de 1993, en el Periódico Oficial un “Decreto que crea al Parque Papagayo como establecimiento público de Bienestar Social”, para que, así lo entiendo, atienda el espíritu ecológico del anterior decreto. En esencia, se establece la arquitectura organizacional del parque con un Consejo Técnico, un Director y su Comisario, como todo organismo que tiene ingresos propios. Algunos de los asuntos que le observo a ese decreto es que el director es nombrado y removido por el titular del Ejecutivo, pero, no establece los criterios para designar. Es decir, formación relacionada al ámbito de desempeño, como es la administración de un parque ecológico, trayectoria y experiencia reconocida, en fin, quedó dicha designación a la discreción absoluta del titular del Ejecutivo. Eso propició que fueran elegidos en diversos momentos personas no adecuadas para el manejo del parque con consecuencias negativas para el mismo. Otro asunto interesante es que el Consejo Técnico con amplias facultades tenía en su integración 8 instituciones representadas y 15 representantes ciudadanos. Es decir, era un Consejo Mixto con mayoría ciudadana. El problema es que se dejó tan abierta la selección de esos 15 ciudadanos, que provocó que muchos de esos representantes ciudadanos no representaran más que sus intereses personales o de grupo y no a la sociedad de Acapulco, descuidándose las mejores prácticas de gobernanza y transparencia. Esto significó, en los hechos, que se instalaran Consejos Técnicos a modo del director en turno y que malas decisiones realizadas por un mal director fueran legitimadas por el Consejo Técnico. La degradación del parque Papagayo fue evidente durante casi treinta años.
Este decreto fue derogado con el “Decreto por el que se reforma de manera integral el Decreto que crea el Parque Papagayo como Establecimiento Público de Bienestar Social”, que expidió la gobernadora Evelyn Cesia Salgado Pineda y publicó en el Periódico Oficial el pasado 21 de diciembre de 2021. Más allá de que era necesario actualizar hasta los nombres de las dependencias, creo que es necesario revisarlo y en su caso reformarlo en algunos aspectos. Voy a citar una de sus consideraciones: “Se modifica de manera integral el decreto de Creación del Parque Papagayo, con la extinción del Comité Técnico que no operó adecuadamente, por lo que se instituye una figura denominada Consejo Rector…” (p. 4). En el nuevo decreto existe claridad en la mala operación del Comité Técnico y lo sustituyen por el denominado Consejo Rector, eso es correcto, pero es evidente que se pierde la esencia ciudadana de su conformación, mandatos de 1993, tanto del Decreto del Régimen Ecológico del parque, así como del Decreto de Creación del Establecimiento Público de Bienestar Social. Ahora el Consejo Rector del Parque Papagayo lo componen 7 integrantes del gobierno del estado, un representante del gobierno municipal, un representante académico, que para efectos es el representante de la Uagro; un representante profesionista con conocimientos del plan maestro y objetivo de la estructura, un representante de prestadores de servicios, hoteleros y restauranteros de la ciudad de Acapulco, y ¡ojo!, “un persona de reconocido prestigio y conocimiento en la materia, que será invitada y avalada por el propio Consejo Rector, quien fungirá con su nombramiento por un periodo máximo de 2 años, sin posibilidad a continuar con dicho encargo”, artículo 6 del nuevo Decreto. Son 8 representantes de instituciones gubernamentales y 4 representantes de sociedad civil. Es decir, pasaron de una mala comprensión de la participación ciudadana del Decreto de 1993 a una visible ausencia de ciudadanía en el Decreto de 2021. Ahora, quien representa a la ciudadanía preocupada por el ambiente son los Guerreros Verdes, a través de la Dra. Elena Khan, pero condicionada a solo dos años. Pero las consecuencias de esta asimetría en el Consejo Rector han provocado una serie de desencuentros con los Guerreros Verdes, que han sido el baluarte defensor del parque Papagayo, que lo han defendido durante años de los intereses más mezquinos, en especial de aquellas personas o grupos que se sienten dueños del parque para sus negocios, que en muchos casos desvirtúan el mandato de destino ecológico del mismo. En especial, los Guerreros Verdes han tratado de que se haga educación ambiental, para lograr una cultura ecológica entre las personas que visitan el parque. Habían empezado a trabajar todo esto con la anterior directora del parque, lamentablemente sale dicha directora debido a múltiples presiones, según los medios de comunicación; luego designa la gobernadora a otra persona en su lugar, sin comprenderse a bien qué está pasando en el parque. Pero algo sucede y creo que no es bueno. Ahora, los Guerreros Verdes son sólo una voz en el Consejo Rector sin mayor relevancia en la toma de decisiones. Los Guerreros Verdes han estado protestando por la forma en que se opera el parque Papagayo, no se les hace caso, y por eso se retiran de sus procesos de trabajo en el parque. Para los desmemoriados, creo que no es el trato que se merecen los que hicieron posible este parque a través de la lucha ambiental en Acapulco.
Por eso es necesario que quienes asesoran a la gobernadora la apoyen de verdad para que rectifique su Decreto y haga realidad “el principio de no regresión y principio de progresividad” en materia de participación ciudadana que mandata el artículo 3 del Acuerdo de Escazú, del que México es parte. Asimismo, el artículo 7 de dicho Acuerdo señala entre otras cosas: “Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales”.
Finalmente, me preocupa la enorme inversión de 421 millones de pesos de recursos públicos (232 mdp federales y estatal de 188 mdp), que se le realizó al parque Papagayo (https://www.gob.mx/sedatu/prensa/entrega-sedatu-obras-de-rescate-del-parque-papagayo-en-acapulco?idiom=es). No soy auditor, pero espero que sea auditada toda la inversión en la obra, y conocido en un plazo razonable sus resultados y posibles correcciones. Después de esa cara inversión no deben existir carencias de ningún tipo. Existen además ingresos por estacionamiento, renta de locales y diversos servicios. Manejado de manera adecuada, el parque debe ser casi autosostenible. Pero más allá de lo anterior, creo que, si se maneja mal el parque Papagayo, o regresan los que saquearon el parque a través de malas prácticas, existe el riesgo de que en poco tiempo sea una gran inversión pública tirada literalmente a la basura, acompañada de gasto público que no debería requerir. Una fórmula posible para que esto no suceda es ciudadanizar en verdad el parque Papagayo, más allá del acompañamiento del buen gobierno estatal y municipal.
Conmemoremos los 30 años del parque Papagayo con buenas noticias el próximo año. Por lo menos eso creo. Se trata de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
