Héctor Manuel Popoca Boone
¿Alguien ha visto a Vicente Suástegui Muñoz?
Fue en el periodo del gobernador Alejandro Cervantes Delgado (ACD), cuando dirigentes de productores indígenas de café de varias comunidades y municipios de la zona de Costa Chica y Montaña, organizados en una Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), le solicitaron al mandatario estatal, un crédito para comercializar su cosecha anual de café, misma que ya estaban recolectando. Tenían un buen contrato de venta con un comprador nacional, que se comprometía a recoger el aromático, en costales uniformes, en las bodegas principales de la ARIC, localizadas a la entrada de la ciudad de San Luís Acatlán.
El ilustre y querido gobernador ACD, me dio instrucciones, en mi calidad de secretario de Planeación y Presupuesto, para analizar si procedía tal petición y el monto del préstamo requerido, mismo que lo necesitaban con urgencia, para darles un adelanto a los productores indígenas y así evitar que comprometieran su cosecha individual con “coyotes” de la región, a precios muy por debajo del conseguido en forma colectiva.
Me trasladé a la ARIC, me apersoné sin mayor acompañamiento de otros funcionarios, para personalmente observar durante todo un fin de semana el movimiento de entrega-recepción del café a la bodega por parte de los productores; habiéndome presentado como un técnico comisionado a recabar datos que respaldaran su petición.
Una vez que corroboré la viabilidad productiva y económica de la operación comercial pactada, me reuní, ahora sí, con la directiva de la ARIC para informarles que mi dictamen sería positivo, a efecto que se les otorgara, en forma inmediata, un fondo revolvente de 300 mil pesos (de los de aquel entonces), para que los aplicaran a la finalidad ya reseñada. Fue recibida con grata sorpresa dicha información, pidiéndome que, a fines de tener mayor seguridad en las operaciones, pudiera estar los fines de semana una brigada de la policía “motorizada” estatal para proteger los movimientos de dinero en efectivo, ya que los sábados y domingos eran los días en que los compañeros indígenas bajaban de sus comunidades a la ciudad para hacer compras de productos básicos. El gobernador ACD, autorizó comisionar la brigada policiaca.
El crédito a la palabra se les otorgó y al inicio de la cuarta semana de operarlo, los de la ARIC hicieron de mi conocimiento inmediato que habían sufrido durante la noche del viernes anterior, un robo de dinero que tenían guardado en las oficinas de sus bodegas para dar anticipos de cosecha. El gobernador instruyó que se hiciera una investigación exhaustiva del robo y a la postre fueron identificados delincuentes que operaban regionalmente y se logró la captura de uno de ellos, ante la fuerte exigencia popular. Confesó que la información sobre el lugar exacto donde se guardaba el dinero y el monto que había, les fue proporcionada por el jefe de la brigada de la policía motorizada que estaba en complicidad con los ladrones.
La rabia y la impotencia ante lo sucedido no fue solo de los indígenas esquilmados, sino también de mi persona, al constatar la putrefacción que tenía la tristemente famosa “policía motorizada”. Y ese robo, como muchos otros más que se sucedían en aquellos lares, a mi juicio, a fuerza de repetirse con total impunidad, marcaron la génesis de la formación de la policía comunitaria de la Montaña, como instrumento de auto protección y defensa de los desmanes delincuenciales que, en colusión con autoridades institucionales, imperaban en esas dos regiones con absoluta impunidad, para desgracia de los pueblos indígenas.
Como gobernador moral de Guerrero puedo afirmar que, hoy en día, el sistema estatal y municipal de seguridad pública que padecemos, es corrupto, ineficaz y cómplice, directa o colateralmente, de la delincuencia simple y organizada; habiéndose convertido en un verdadero peligro para la vida y patrimonio de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general.
Pero ahora, la pequeñez neuronal que padecen los actuales diputados locales –cuya mayoría parlamentaria es de Morena– y la ignorancia supina que exhiben sobre los aconteceres históricos indígenas de Guerrero, los llevan a aprobar cuestiones legislativas que, por estar fuera de la realidad, quedaran plasmadas en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero como ejemplos emblemáticos de incongruencia e inoperancia legislativa.
En contraste está el sistema gubernamental indígena vigente, al margen de las leyes federales, estatales y municipales, denominado “Los Caracoles” en pueblos indígenas tzeltales y tzotziles en Chiapas; así como, con su propia modalidad, en pueblos de la meseta tarasca de Michoacán. La CRAC-PC en Guerrero vivirá, actuará y no se subordinará a ningún sistema corrupto e ineficaz; aunque a muchos convenencieros variopintos les pese.
PD1. Ahora la consigna: “Pa’ que aprendan a respetar”, resonó en Chilpancingo; dejando como huella de su existencia, una casa incendiada, cinco vehículos quemados, “rafagueo” a transformadores de energía, apagones de luz y balaceras en varias colonias. Y eso que tenemos estrategia para combatir la delincuencia.
PD2. El obispo emérito de Chilpancingo, que algo sabe de esto, expresa que las autoridades de los tres niveles de gobierno, saben quiénes son, donde viven y cómo actúan los perpetradores de lo acontecido la madrugada del martes en la ciudad capital. Y yo me pregunto “Y que esperan para actuar” ¿Hay compromisos electorales? “Sálvese quien pueda”.
