En su declaración patrimonial, el delegado único del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, documentó tres bienes inmuebles, dos automóviles y una motocicleta, por un costo global de 4 millones 89 mil pesos.
Chilpancingo, Guerrero, 1 de febrero de 2019. En su declaración patrimonial, el delegado único del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, documentó tres bienes inmuebles, dos automóviles y una motocicleta, por un costo global de 4 millones 89 mil pesos.
La información de sus bienes, presentada dentro del plazo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador para todos los funcionarios de su gabinete, indica que el delegado estatal tiene un ingreso mensual neto de 87 mil 155 pesos por el cargo público.
Detalla que trabajó en una empresa particular, que en 2014 y 2015 fue asesor de políticas públicas; de 2015 a 2018 fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y dos meses del año pasado diputado local de la legislatura actual.
Indica la propiedad de tres casas, una de ellas heredada de su fallecido padre, el que fuera dirigente del Partido Comunista en Guerrero, Pablo Sandoval Ramírez. Dos que compró de contado, una por un millón 250 mil pesos, y otra de 921 mil pesos. La casa que obtuvo por herencia la valuó en un millón 950 mil.
Además, señala que compró con créditos un automóvil tipo Volvo modelo 2014, de un costo de 410 mil pesos, y otro tipo Mazda, por cien mil pesos. De contado, una motocicleta Harley Davidson por 260 mil pesos.
El artículo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala “la obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 2017”.
Sin embargo, también dice que “será exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables”.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó el acuerdo el 3 de julio de 2017. En esta administración, el presidente fijo como plazo el 30 de enero para que los funcionarios de su gobierno presentarán el informe de bienes inmuebles.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
