La indignación provocada por las vejaciones contra Marco Antonio Sánchez, el alumno de preparatoria que desapareció cinco días tras ser detenido por policías de la Ciudad de México y del Estado de México, revivió la polémica sobre los abusos por parte de fuerzas de seguridad y es una muestra de la discriminación que viven millones de jóvenes en el país, consideran las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y del Distrito Federal, así como organizaciones civiles. De acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México basado en datos oficiales, 72% de las desapariciones de menores ocurrió en el actual sexenio
Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso
Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro
Ciudad de México. El caso de Marco Antonio Sánchez Flores, quien estuvo desaparecido durante cinco días, es ilustrativo de la violencia y discriminación que viven millones de adolescentes en México, víctimas del modelo de seguridad adoptado en los últimos 12 años.
Este es el diagnóstico en el que coinciden defensores de organismos públicos y de la sociedad civil consultados por Proceso, y quienes, basados en reportes oficiales, revelan que menores de edad y jóvenes son víctimas recurrentes de casos graves de violaciones a los derechos humanos, de manera particular durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos de las autoridades, en el actual gobierno se registran 72.3% de los seis mil expedientes de desapariciones de menores de 17 años. También la información da cuenta que cada día se cometen tres homicidios de menores de edad, desde niños hasta adolescentes.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien recuerda que asumió su cargo dos meses después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, advierte que en los últimos tres años en que ha estado al frente del organismo los jóvenes se han convertido en víctimas de casos atroces.
“Es triste y lamentable. No sabemos qué haya pasado con este joven que fue detenido en la Ciudad de México, pero lo que pareciera presuntivamente obvio es la detención arbitraria y no sabemos qué más se acredite”, dice el ombudsman, entrevistado el pasado 30 de enero en sus oficinas.
Comenta que la CNDH ha intervenido en casos de desaparición forzada ocurridos en Iguala, en Tierra Blanca, en Papantla y en Chilpancingo, donde el factor común es que las víctimas son jóvenes y los presuntos responsables de las desapariciones son policías, y añade que “estas circunstancias nos muestran un deterioro en la seguridad pública”.
Expone: “Estamos en un clima de corrupción e impunidad, y eso propicia lo que estamos viendo, porque mientras no haya sanciones, el máximo rigor de la ley, es campo fértil para que las conductas se sucedan. Desde luego que estamos en favor de que a las víctimas del delito se les respete el derecho humano de acceso a la justicia, pero lo que no podemos hacer es incurrir en la persecución del delito cometiendo ilícitos: no a la tortura, no a la privación de la vida y no a la ejecución arbitraria”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, responsable de la investigación del caso de Marco Antonio, integrada por desaparición forzada, advierte que tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional prevalece “una creciente visión de criminalización de los chavos”. Puntualiza: “Y no es una visión solamente sustentada por quien es la autoridad, sino también domina mucho en la sociedad. Las juventudes hoy, con su diversidad, son permanentemente estigmatizadas por el mundo adulto en general”.
Ramírez Hernández cita la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2010), que considera vigente, en la cual se refleja la criminalización de los jóvenes en el imaginario social.
Ante la pregunta “¿Qué tanto cree usted que en México llaman a la policía cuando ven muchos jóvenes juntos en una esquina?”, 57.1% respondió que ocurre “algo o poco”, y tres de cada 10 encuestados señaló que sucede “mucho”.
Apunta la ombudsperson: “En la medida que, por miedos, la sociedad demanda mayor protección, entre comillas, ante un imaginario, en la mayoría de los casos hay una respuesta de la autoridad en esas dimensiones, sin cruzar o sin contemplar que están dando respuesta a una percepción”.
Vivo el recuerdo de la tragedia en la discoteca News Divine, ocurrida en junio de 2008, cuando nueve jóvenes y tres policías murieron como consecuencia de un operativo fallido, la defensora reconoce que la estigmatización contra la juventud es un círculo vicioso; “no hemos podido romper con él y cada vez se suceden más casos”.
De acuerdo con información de la relatora de la niñez de la CDHDF, Andrea Márquez Guzmán, de 900 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos que registró el organismo entre 2015 y 2017, 16 corresponden a menores de edad que identificaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al Tribunal Superior de Justicia como las autoridades presuntamente responsables de las agresiones.
Esos reportes fueron dados a conocer el pasado 30 de noviembre, durante la presentación del informe La Infancia Cuenta en México 2017, una sistematización de datos oficiales sobre la situación de la población de cero a 17 años elaborada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 45 organizaciones civiles empeñadas en desarrollar programas en favor de este sector en la mitad del país.
En su decimotercera edición, dedicada precisamente a registrar los efectos de los 10 años de la política de seguridad pública y de la procuración de justicia en los menores de edad, que representan 32% de la población nacional, el documento destaca que de las 33 mil 482 personas reportadas como víctimas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), seis mil 79 son menores, es decir, 18.2% de los casos.
De los poco más de 6 mil reportes, 72.3%, es decir 4 mil 394, son desapariciones que corresponden al periodo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sólo en 2016 se reportaron mil 431 desapariciones de este tipo, “cifra que representa casi una cuarta parte (23.5%) del total de casos registrados en dicho año”. En 2017, las desapariciones de la población de 0 a 17 años sumaba 812 casos, se indica en el documento.
En cuanto a las cifras de homicidios, la Redim indica en su reporte que, de acuerdo con datos presentados por la sociedad civil en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los primeros ocho años de la estrategia de seguridad pública 2 mil menores y jóvenes fueron asesinados, y la mitad de los casos “ocurrieron en enfrentamientos que involucraron a las fuerzas de seguridad”.
