Gaspard Estrada
La campaña presidencial peruana de 2026 ha entrado en una fase crítica tras la primera vuelta del 12 de abril, no tanto por la definición de finalistas como por el deterioro del entorno institucional. La inesperada renuncia del jefe del organismo electoral –enmedio de cuestionamientos sobre la organización del proceso— ha añadido una capa de incertidumbre a un sistema político ya debilitado por años de crisis. En Perú, la elección ya ha dejado de ser únicamente una competencia entre candidatos para convertirse en una prueba de resistencia institucional.
Los resultados de la primera vuelta confirmaron lo que anticipaban las encuestas: una fragmentación extrema del voto y la ausencia de mayorías claras. Más significativo aún fue el volumen de voto en blanco, nulo o indeciso, que evidencia una crisis de representación más profunda que cualquier resultado puntual. Lo peor es que estamos a más de tres semanas tras el escrutinio, sin tener la confirmación de los nombres de los dos candidatos punteros.
En este contexto, la renuncia del titular del organismo electoral introduce un factor de riesgo adicional. Aunque las autoridades han intentado transmitir continuidad institucional, el episodio debilita la percepción de neutralidad y solidez del proceso electoral. En un país donde la legitimidad de las instituciones ya está erosionada, cualquier señal de inestabilidad administrativa puede amplificar sospechas y alimentar narrativas de fraude o manipulación, incluso sin evidencia concreta.
El impacto político es inmediato. La segunda vuelta se desarrolla en un clima de desconfianza generalizada, donde los candidatos no solo compiten por votos, sino también por la credibilidad del proceso. Ambos bloques buscan capitalizar la crisis institucional: unos denunciando irregularidades, otros presentándose como garantes del orden democrático. El resultado es una campaña menos programática y más centrada en la legitimidad del sistema.
Esta dinámica se inserta en una crisis estructural más amplia. En la última década, Perú ha experimentado una sucesión de presidentes, destituciones y conflictos entre Ejecutivo y Legislativo que han transformado la política en un terreno de confrontación permanente. La elección de 2026 no rompe este ciclo, sino que lo reproduce en un nuevo escenario.
El problema central es que el sistema político peruano combina fragmentación partidaria extrema con instituciones formales débiles. Ningún candidato llega a la segunda vuelta con un mandato claro, y es altamente probable que el próximo presidente enfrente un Congreso igualmente fragmentado. Esto limita la capacidad de gobernar y aumenta el riesgo de nuevos episodios de bloqueo o destitución.
La dimensión geopolítica tampoco es menor. Perú, tradicionalmente un actor estable en la región andina, aparece hoy como un foco de incertidumbre, lo que preocupa a socios internacionales, en particular a Estados Unidos, que observa con atención la estabilidad política del país en el marco de su cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. La debilidad institucional reduce la capacidad del Estado peruano para actuar como socio confiable en estos ámbitos.
En paralelo, la presencia económica de China en sectores estratégicos introduce una dimensión adicional: la orientación del próximo gobierno tendrá implicaciones sobre el equilibrio de relaciones internacionales del país. Sin embargo, la crisis interna limita la capacidad de cualquier administración para desarrollar una política exterior coherente.
La segunda vuelta definirá un ganador, pero difícilmente resolverá el problema de fondo. En Perú la cuestión ya no es únicamente quién gobierna, sino si las instituciones pueden sostener el proceso democrático sin nuevas rupturas. En ese sentido, el desenlace electoral será tan importante como la capacidad del sistema para recuperar legitimidad en medio de la incertidumbre.
* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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