Texto: Lourdes Chávez / Foto: Agencia Reforma
Chilpancingo, Guerrero, 25 de septiembre de 2018. Pese a la evidencia y las investigaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y peritos independientes que refutan la teoría de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno saliente se empeña al sostener que los jóvenes fueron quemados hasta las cenizas en el basurero de Cocula.
Incluso sobre la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que retomó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el informe “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros estudios, para establecer que “el seguimiento de las líneas de investigación de la PGR, como la recaudación de pruebas, adolecieron de falta de rapidez, eficacia, independencia e imparcialidad”.
El órgano judicial ordenó la creación inmediata de una Comisión de la Verdad y la Justicia que el gobierno federal no acepta a la fecha, pero que las víctimas ya revisan con las autoridades electas.
En un spot publicitario de su sexto y último informe de gobierno hace unos 25 días, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que PGR atrajo el caso de Ayotzinapa, un asunto “del orden local”, e hizo una investigación profunda que arroja “evidencias claras y contundentes de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían sido asesinados por un grupo delincuencia que opera en Iguala”.
Es la misma posición que fijó el 4 de diciembre de 2014 en la inauguración de un puente de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero, donde pidió “un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor”. Las dos posiciones le han valido severas críticas.
Tortura y análisis de fuego
No obstante que el informe “Doble injusticia…”, publicado en marzo de 2018, señala “fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura”, a que se autoincriminaron en los hechos de Iguala o que señalaron a otros inculpados.
En este informe se examinaron los casos de 63 personas detenidas por delincuencia organizada vinculadas con la causa penal de los hechos del 26 y 27 de septiembre e 2014 en Iguala, y estableció indicios de presunta tortura en 51, y fuertes elementos de convicción de la comisión de actos de tortura en 34.
De los 34 el Tribunal Colegiado de Reynosa detalló que 21 casos son sujetos de la sentencia en cuestión, donde pide que la PGR considere todas las inconsistencias de las declaraciones de los inculpados, que sostiene la teoría del caso del basurero, y vincularlos a los estudios del especialista en fuego José Torero y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En el análisis oficial que Torero hizo del dictamen de incendios practicado por dos peritos de la PGR, señaló que “su rigor no es suficiente para una investigación de esa naturaleza, que el lenguaje que utiliza es especulativo, confunde fenómenos físicos que en muchos casos llevan a conclusiones erradas o imposibles de obtener con la evidencia recolectada”.
El dictamen del basurero del EAAF donde participaron peritos de Argentina, México, Estados Unidos de América, Colombia, Uruguay y Canadá, indica que “desde la perspectiva de la arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forenses, biología, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales y odontología forense, entre otras, no existía evidencia científica para relacionar a los estudiantes desaparecidos con el basurero de Cocula, ni los restos encontrados en dicho lugar con la bolsa [de cenizas] hallada en el río San Juan”.
Coincidieron con Torero en que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como dice la versión de la PGR.
Incluso en el 167 y 168 Periodo de Sesiones públicas de la CIDH el 10 de marzo y 9 de mayo de 2018, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos expresaron su desacuerdo con la investigación de la PGR, al grado que tildaron como “la mentira histórica” la versión oficial, y que el exprocurador Jesús Murillo Karam bautizó como “la Verdad Histórica”.
El comisionado Ernesto Vargas Silva, advirtió que el tema de la tortura podía llevar “al traste” a la investigación, si se aplica la teoría de los frutos del árbol envenenado.
En el informe de la PGR sobre el estado que guarda la investigación de los ataques publicado el 8 de junio de 2016, la teoría del caso del MP de la federación es que el grupo de narcotraficantes de Guerrero Unidos, que opera en Iguala y policías municipales de Iguala y de Cocula, habría participado en la desaparición de los 43 normalistas.
Sin embargo, los autos de formal prisión de los inculpados son por delincuencia organizada, y el Primer Tribunal de Reynosa llamó la atención a que, “los declarantes se limitaron a señalar la época en que ingresaron a la organización y su función, el segundo aspecto [la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa] es narrado con mayor amplitud”.
“Todos ellos habrían hecho manifestaciones concretas en torno a lo sucedido a los estudiantes, pero sobre todo, lo refieren como un evento en el que intervinieron precisamente dada su pertenencia al grupo criminal”, pero existen múltiples divergencias e inconsistencias en torno a la narración de lo sucedido a los estudiantes.
Además en las detenciones llevadas a cabo por soldados de la Marina y de la Policía Federal, la coincidencia es el retraso en las puestas a disposición ante la autoridad ministerial y lesiones de los inculpados.
Calificó “sumamente inusual” que, “casi toda persona que es detenida o localizada y presentada en relación con la averiguación previa, ‘espontáneamente’ reconoce su participación, o al menos formula imputaciones contra otros coinculpados y la constante de lesiones y demora en puesta a disposición, sin que hubiera denuncia por tales situaciones”.
Concluyó que no se trata de casos aislados, ya que de 21 medios de prueba en que se apoyó la autoridad responsable para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, 19 son declaraciones de las que 16 contienen autoincriminaciones y tres no admiten los hechos criminosos, pero formulan imputaciones contra otros imputados”.
Cuestionó la omisión de los defensores de oficio ante la posibilidad de actos de tortura y tratos crueles de sus defendidos, porque no garantizaron el derecho fundamental a una defensa adecuada.
También advirtió que la autoridad no había desahogado alguna pericial conforme al Protocolo de Estambul.
De paso, recordó que México ha sido condenado en cinco ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por la ausencia de investigación en casos de tortura, por la incorrecta asignación de la carga de la prueba a quien alega la tortura, y por no excluir las declaraciones y demás pruebas así obtenidas.
El GIEI
El 29 de octubre de 2014 el presidente Peña Nieto se reunión con padres y familiares de las víctimas, que solicitaron asistencia técnica internacional respecto de la investigación del paradero de los normalistas desaparecidos.
El 2 de noviembre el gobierno mexicano suscribió un acuerdo con la CIDH para la incorporación del GIEI, a fin de que realizara la verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas.
El 6 de septiembre de 2015 el Grupo presento su primer informe y primeras conclusiones, y su mandato se renovó por un segundo periodo hasta el 30 de abril de 2016.
El 24 de abril de 2016 presentó su segundo informe de Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a víctimas.
En este marco el Primer Tribunal de Reynosa consideró que sus informes deben ser tomados en cuenta, “tanto por este tribunal colegiado al momento de resolver el presente asunto, como en su oportunidad, por el juez de la causa, máxime que su intervención deriva de la medida cautelar 409-14 adoptada por la CIDH, derivado de la desaparición de los 43 normalistas”.
Desde su primer informe el GIEI concluyó la imposibilidad de la tesis de que los estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula, y que los 43 estudiantes eran víctimas de desaparición forzada.
En el segundo informe analizó los casos de 16 detenidos en los que estableció la posibilidad de tortura y tratos crueles.
También descartó que entre los estudiantes hubiera infiltrados de un grupo de narcotraficantes a Guerreros Unidos, que hayan ido a boicotear un acto político o que llevaran armas de fuego.
Documentó nueve sitios de ataques la noche del 26 y 27 de septiembre, y en la teoría del caso consideró que en la desaparición de los estudiantes, donde además de policías municipales de Iguala y de Cocula participaron otras fuerzas de orden público y militares.
El Primer Tribunal de Reynosa aclaró que ante una denuncia, o la mera sospecha de que una persona ha sido sometida a una desaparición forzada, “debe emprenderse sin demora una investigación exhaustiva e imparcial”.
Sin embargo, la PGR no se investigó la participación de otras corporaciones policiacas o fuerzas armadas desde el primer momento. Incluso, señaló que tres meses después de atraer la investigación, la PGR recabó testimoniales de los paramédicos de emergencias, así como de los comerciantes de la zona del Zócalo.
Además de la creación de una comisión de la verdad y la justicia, entre otros puntos, también dio vista a la PGR para que se investigue por qué uno de los detenidos fue llevado al río San Juan por personal ministerial, en lugar de ponerlo de inmediato a disposición del juez de Distrito.
El 28 de octubre de 2015, en las inmediaciones del río San Juan, se realizó una recolección de indicios por peritos de PGR, no fue documentada en el expediente, y de la que tampoco se notificó al EAAF, que acompañaba los trabajos.
Encabezó la diligencia el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el GIEI descubrió el hecho y los padres y madres de familia denunciaron “siembra de evidencia”, pues el 19 de octubre la PGR sí registró que encontró una bolsa de ceniza son restos humanos, donde presuntamente encontraron fragmentos óseos que permitieron la identificación de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio.
El Tribunal Colegiado de Reynosa también confirmó que todas las personas muertas en los ataques del 26 y 27 de septiembre, en distintos escenas fueron ejecutados extraoficialmente: tres normalistas, el conductor de l autobús del equipo de tercera división Los Avispones, y uno de los deportistas menores de edad, y una mujer alcanzada por los impacto de bala.
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