Ciudad de México, 17 de marzo de 2023. Las acciones de seguridad impuestas a la comunidad jesuita deben ampliarse, afirmó ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante la Mesa de Implementación de las Medidas Cautelares 876-22 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de 11 integrantes de la comunidad Jesuita de Cerocahui, Tarahumara.
Ello debido a que tres religiosas y nueve sacerdotes se encuentran en riesgo, tras exigir justicia por los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora; el guía de turistas Pedro Palma, y el joven Paul Berrelleza, registrados el 20 de junio de 2022.
“Es necesario ampliar las acciones (de seguridad) que no pueden limitarse a las actividades en la parroquia, a la protección de los personas cauteladas, si no que tienen que garantizar la tranquilidad la inseguridad de las comunidades”, dijo.
En el evento, realizado ayer junto a la Gobernadora Maru Campos, Encinas aseveró que es necesario mantener una estrecha colaboración entre todos los niveles de Gobierno, ya que se necesitan estrategias claras para acabar con los grupos delincuenciales que operan en esta región de Chihuahua.
“Tenemos que seguir construyendo no solamente el tejido social también construir el tejido institucional; el tejido social de su conjunto y esto debe asumirse con una responsabilidad del Estado mexicano en coordinación con las comunidades”, pidió.
“Romper la visión unilateral para que las acciones puedan hacerse de manera conjunta coordinada y participativa con todos los sectores de la sociedad en esta región de la ciudad Tarahumara”
Texto: Agencia Reforma
