No criminalizar a las normales rurales ni buscar el cierre de Ayotzinapa, plantea la delegada de la SEP. Perdió 202 millones de pesos por 369 tomas de casetas en 2021 y ya presentó denuncias penales, informa la SCT. Empresarios y transportistas de Acapulco exigen que se aplique la ley a los estudiantes. Ordena el INAI a la FGR entregar expediente del caso que envió EU
Ciudad de México, Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 9 de febrero de 2022. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades de Guerrero y al gobierno federal a dialogar con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, para construir “un ambiente de paz, respeto y protección a los derechos humanos, tanto de quienes ejercen el derecho a la protesta social, de las personas que habitan y transitan en el estado de Guerrero y de los servidores públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana”.
Mediante un comunicado la mañana de este martes, la CNDH indicó que respecto a los recientes acontecimientos que tuvieron lugar en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, en referencia al enfrentamiento entre los normalistas y agentes de la Guardia Nacional y Policía Estatal, hace un llamado “a la instalación de una mesa de diálogo”.
Afirmó que se debe “privilegiar la generación de acuerdos, que coadyuven en la construcción de un ambiente de paz, respeto y protección a los derechos humanos, tanto de quienes ejercen el derecho a la protesta social, de las personas que habitan y transitan el estado de Guerrero, así como de los servidores públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana”, para buscar “soluciones de fondo a problemas que datan de muchos años atrás”.
Llamó a las autoridades de Guerrero y al gobierno federal al diálogo con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguró que es imprescindible “revisar las causas que motivan las protestas de los normalistas”, y avanzar en las investigaciones ministeriales relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes, bajo las líneas de investigación impulsadas por el comité de madres y padres.
También, pidió atender “las necesidades académicas y materiales de las escuelas normales rurales que se encuentran en diferentes entidades federativas, con el propósito de prevenir hechos que pongan en riesgo la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas”.
La CNDH manifestó estar lista para coadyuvar y lograr “ese necesario diálogo, y apoyar, de conformidad con sus funciones y atribuciones”, para encontrar, entre todos, los mejores caminos de entendimiento y de solución.
El viernes 4 de febrero, unos 400 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y unos 800 efectivos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional se enfrentaron en la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol, a donde llegaron los alumnos inicialmente para intentar tomarla y cientos de uniformados se encontraban resguardando el lugar para impedirlo.
Ademas, tras lanzarse gases lacrimógenos, piedras, cohetones y envases de vidrio, los normalistas retuvieron un tráiler de la tienda Soriana que se dirigía hacia Acapulco, bajaron al conductor, y en una pendiente dejaron ir sin frenos el vehículo contra los uniformados, sin causar heridos.
No criminalizar a las normales rurales ni buscar el cierre de Ayotzinapa, pide la SEP
La titular de la oficina de enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, Erika Valencia Cardona, dijo que no se debe criminalizar a las normales rurales, como la Isidro Burgos de Ayotzinapa, ni pedir el cierre de la escuela.
La funcionaria federal aseguró que se deben establecer mesas de diálogo, para atender las demandas que originan situaciones como la del viernes pasado, donde se enfrentaron elementos de la Guardia Nacional y estudiantes de esa escuela en la caseta de Palo Blanco.
Recordó que las normales rurales, como Ayotzinapa, fueron un proyecto importante, con sentido humano y social, del entonces presidente Lázaro Cárdenas para ayudar en las regiones más alejadas, con más pobreza, “yo le tengo mucho cariño a las normales rurales. No tenemos porqué linchar nada más así o pedir que cierren, no para nada. Yo creo que si estamos nosotros trabajando por la educación, tenemos que pedir que haya más universidades, más normales rurales, pero sí tenemos que hacer una reestructuración”.
Indicó que se deben ver las causas, “sobretodo atender las demandas, debe haber mesas de diálogo en las cuales se deben de atender esas demandas”.
Sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que hay grupos delictivos infiltrados en el movimiento de Ayotzinapa, la funcionaria nada más respondió que el mandatario dijo que se va investigar y revisar la problemática, que así debe ser, porque “para poder tener una opinión certera se tiene que investigar”.
Indicó que muchas veces las tomas de las casetas las hacen diversas organizaciones y el tema de Ayotzinapa lo toman como bandera, pero se tiene que dar una investigación y atender las demandas.
La funcionaria federal indicó que es momento de regresar a clases presenciales, como ya lo hizo el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) y se le preguntó si hay las condiciones, tomando en cuenta que apenas este lunes se retrocedió a semáforo amarillo en Guerrero, y respondió: “Esta pandemia desgraciadamente está provocando dolor en todo el mundo. Pero tenemos que adaptarnos, seguir avanzando, porque la enfermedad no nada más está en la escuela, está en la calle, está en las playas, en los centros comerciales, está en todas partes y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que tomar las medidas necesarias”.
Insistió en que “si esto dura años, no debemos quedarnos de brazos cruzados. Desde el gobierno ya se decretó que en todas las escuelas, el regreso a clases presenciales es necesario, ya cuando haya algún caso se tomarán las medidas”.
Indicó la funcionaria que hay escuelas en donde los padres y alumnos están exigiendo ya el regreso a clases presenciales, porque insistió en que se tiene que avanzar y “decidirnos para avanzar en la educación”.
Subrayó que ya es obligatorio para los maestros regresar a las aulas y se le preguntó cómo hacer que los docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), quienes han manifestado que no lo harán hasta que haya condiciones, regresen a los salones y dijo que hay situaciones que se tienen que ir solucionando, y señaló que hay estados que están en esa problemática, como es Oaxaca, Veracruz y Guerrero, pero “aquí estamos haciendo todo lo posible para regresar a clases. Sabemos de las demandas de los maestros, pero vamos a impulsar el regreso presencial”.
Reconoció que hay resistencia de docentes de regresar a las aulas, cuando en otros estados ya hay un alto porcenaje con clases presenciales y “a mí me toca un estado un poco difícil en ese sentido, donde los maestros están resistiendo en ese aspecto, pero tenemos que impulsar el regreso en lo más que podamos”.
La funcionaria insistió en que se debe regresar a las aulas con todas las medidas sanitarias y señaló que las clases virtuales ha atrasado a los estudiantes, porque no les ponen interés y en muchas escuelas está bajando la matrícula, porque están desertando al no poner atención a las clases a distancia y las escuelas reportan que no quieren regresar, ante el temor del contagio.
Perdió 202 millones en 2021 por 369 tomas de casetas de la autopista, informa la SCT
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes presentó durante el año pasado 369 denuncias penales por las tomas de tres casetas de cuota de la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco.
Estimó que la afectación económica por la constante toma de casetas de cobro en 2021 en Guerrero, fue de 202 millones 672 mil 520 pesos.
En respuesta a una solicitud de información presentada el 3 de enero, en un oficio de fecha 3 de febrero, detalló que hubo 102 tomas de la caseta de Paso Morelos, donde se calculó una afectación de 77 millones 481 mil 175 pesos. Allí, el costo del peaje de automóviles de cuatro ejes es de 169 pesos.
Con 103 tomas de la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo en un año, indicó que la afectación estimada es de 72 millones 76 mil 894 pesos, donde el costo del peaje actual para vehículos compactos es 156 pesos .
En Acapulco, con 104 tomas de la caseta de La Venta (casi dos veces por semana) la afectación fue de 53 millones 114 mil 451 pesos, la de menor costo: 138 pesos en cada paso de automóviles.
Con base en los pronunciamientos emitidos por la Unidad Regional de Cuernavaca señaló que sólo hay un grupo enlistado entre los identificados en la toma de casetas, el de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Desde 2020, la SCT y el año pasado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, han señalado pérdidas en miles de millones de pesos por las tomas de casetas en diferentes estados del país.
El 15 de diciembre pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación para sancionar el bloqueo de casetas, que fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero al parecer no se ha difundido para que adquiera vigencia.
Otro antecedente de toma de casetas, es de habitantes de las comunidades El Calvario y Llanos de Tepoxtepec, afectados por los incendios forestales, que en abril del año pasado quisieron pedir apoyo económico a los automovilistas en la caseta de Palo Blanco para la compra de víveres para quienes sofocaban el fuego, y fueron desalojados después de 15 minutos.
Empresarios y transportistas piden aplicar la ley contra los estudiantes de Ayotzinapa
Empresarios y transportistas pidieron a las autoridades aplicar la ley contra los estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado viernes tuvieron un enfrentamiento con los efectivos de la Guardia Nacional y policías del estado, en la Autopista del Sol.
Ayer, al participar en la conferencia que convocó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Fidel Serrato Valdés, para anunciar la campaña Consume Local, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco), Raúl Alejando Iracheta; el presidente de la Canacintra, Rodolfo Vázquez Soberanis; y los dirigentes transportistas, Mateo Torres Mariche y Fernando Palacios Nájera, coincidieron que no se debe permitir la toma de la caseta.
Además, los dirigentes transportistas sostuvieron que el enfrentamiento afecta la imagen de Acapulco y la llegada de turistas, porque los normalistas cada fin de semana tomaban las casetas de cobro y son los días cuando más visitantes llegan al municipio para descansar.
Iracheta Montoya aseveró que “no somos comparsa de nadie, respaldamos el Estado de Derecho como lo hemos dicho siempre; tampoco vamos a caer en provocaciones, que si la presidenta o que el otro, eso no es parte de nosotros”.
Sin embargo, no respaldan lo dicho por la alcaldesa Abelina López Rodríguez de ser solidarios con los estudiantes.
Serrato Valdez dijo que no están de acuerdo a lo declarado por la presidenta Abelina López Rodríguez de ser empáticos con los estudiantes y justificar que hayan aventado un tráiler de la empresa Soriana hacia los policías de la Guardia Nacional y estatales.
En tanto, el presidente de Canacintra Rodolfo Vázquez dijo que “reprobamos estos hechos y el gobierno debe conducirse conforme marca la ley conforme a derecho. Obviamente el gobierno estatal como federal están eludiendo su responsabilidad en aplicar la ley; es obvio, por ejemplo, si no los castigan por el vandalismo que abran juicio por el robo y secuestro de unidades de transporte, que nos pega a los empresarios”.
“Hay un caso de un empresario local que le robaron una ambulancia, que presta un servicio de salud, de emergencia, era una ambulancia privada, no pública, entonces que andaba haciendo por allá dando un servicio de emergencia, entonces ahí afecta a terceros, los estudiantes deben ser conscientes”, expuso el presidente de Canacintra.
Debe aplicarse la ley conforme a derecho, “no hay medias tintas porque entonces ahorita la declaración del presidente (Andrés Manuel López Obrador), que sus mamás hablen con ellos, y no creo que les hagan caso, la otra que no es un gobierno represor entonces dan pie a que lo hagan de manera constante”, censuró.
Por su parte, el dirigente de la Organización Unida de Autos de Alquiler, Mateo Torres Mariche, también se sumó a la petición de que el gobierno aplique la ley, pero lamentó que pareciera que las autoridades “no se quieren meter con ellos”, en alusión a las recientes declaraciones del presidente López Obrador de “que había infiltrados”.
Además, el transportista señaló que los estudiantes tomaban la caseta de cobro los fines de semana cuando más turistas llegaban y se llevaban hasta un millón de pesos, porque cuando uno como automovilista le daba 50 pesos, ellos decían que la cooperación voluntaria era de 100 pesos.
En tanto que Fernando Palacios Nájera coincidió en que la toma de casetas afecta la imagen, porque el transporte turístico tiene la incertidumbre de venir a Acapulco por el miedo de que vaya a quedar “estancado en una manifestación en Chilpancingo y un temor a que le quiten la unidad, o que pueda ser quemada”, remató.
Ordena INAI a FGR entregar expediente del caso Ayotzinapa enviado por EU
La Fiscalía General de la República (FGR) debe realizar una búsqueda exhaustiva del expediente que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, envío al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, informó el INAI.
En un comunicado, el Instituto afirmó que entre las áreas donde tendrá que hacer la búsqueda está la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa que depende de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
El 24 de mayo de 2021, López Obrador informó en su conferencia matutina que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa le había solicitado interceder ante el Gobierno de Estados Unidos para obtener un expediente que existe en ese país sobre la desaparición de los estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014.
El presidente dijo que había aprovechado una conversación reciente con Harris para plantearle el tema y que había recibido una respuesta positiva de la vicepresidenta.
“No puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta. Creo que me reuní, digo, platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento, y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos en esta semana el resto”, sostuvo.
Con base en esa declaración, un particular solicitó a la FGR el expediente entregado por Estados Unidos, sin embargo, la dependencia respondió que, tras realizar una búsqueda, no había encontrado lo solicitado.
Tras analizar el caso, la comisionada ponente Norma Julieta del Río Venegas consideró que la respuesta de la FGR es improcedente pues no cumplió con el principio de exhaustividad al momento de buscar la información.
Del Río Venegas expuso que desde 2018, el Pleno del INAI resolvió poner a disposición de la población la versión pública de la averiguación previa de la desaparición forzada de los 43 normalistas y desde entonces ha sido consistente en determinar la entrega de toda la información relacionada.
“El caso Ayotzinapa es emblemático, se refiere a crisis en materia de violaciones graves de derechos humanos que sufre nuestro país. Por esta razón, considero que este Pleno debe de aprovechar todas y cada una de las oportunidades posibles para visibilizarlo () El derecho de acceso a la información pública es clave para la población en general; y la gente, la población, se siente respaldada al conocer con información pública la profundidad del caso”, consideró del Río Venegas al presentar el asunto ante el pleno.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena, Karina Contreras, Lourdes Chávez, Aurora Harrison y Agencia Reforma / Foto: Archivo
