“Se acabó la verdad histórica”, proclama el fiscal Gertz. Se trata de “servidores públicos de diversos municipios”, informa el titular de la dependencia. Por primera vez habrá acusados por desaparición forzada y delincuencia organizada, subraya. Espera esta semana acusar “a otros funcionarios de diversos niveles”. Hay nuevos hallazgos de restos óseos que fueron enviados a Innsbruck. La Interpol busca a Tomás Zerón, que está prófugo
Chilpancingo, Guerrero, 1 de julio de 2020. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el lunes a un juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión contra “servidores públicos de diversos municipios” de Guerrero por delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, relacionados con el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, informó ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Dijo que la dependencia ya giró una ficha roja de Interpol, para la localización del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó del país.
En un mensaje leído la mañana de ayer, informó que se han enviado restos óseos para su identificación a la Universidad de Inns-bruck, que fueron encontrados durante una nueva investigación, “sobre los cuales se esperan resultados de inmediato”.
El fiscal general declaró que con las nuevas investigaciones “se acabó la verdad histórica”, con la que la PGR trató de cerrar el caso.
Gertz Manero aclaró que los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada cometidos por los servidores públicos municipales contra quienes la FGR pidió la orden de aprehensión no habían sido investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR).
Agregó que las 46 órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las que obtuvo la Fiscalía el 10 de marzo, en contra de funcionarios de la PGR, entre ellos Tomás “Z”, quien, dijo, huyó del país, “y ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente”.
Al ex titular de la AIC se le señalan posibles irregularidades en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas con las que se armó la llamada “verdad histórica”, mediante la cual el ex procurador Jesús Murillo Karam sostenía que los normalistas fueron trasladados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
En una breve relatoría, el fiscal Gertz Manero recordó que en septiembre de 2014, la entonces PGR consignó a diversos funcionarios que, posteriormente, fueron puestos en libertad en distintas fechas, “en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso, como detención arbitraria, tortura, dilación en las puestas a disposición, vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento, ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas”, expuso.
Agregó que en 2019, la nueva Fiscalía, por medio de la fiscal especial de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, así como del fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, “ya que son, fundamentalmente, la desaparición forzada de las víctimas y delincuencia organizada, así como el verdadero paradero de las personas desaparecidas”.
Gertz Manero manifestó que todas las diligencias realizadas en este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, “han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos, e inclusive, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato”.
Anunció: “Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, así como dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados, en diligencias absolutamente apegadas a derecho”.
El 4 de junio de 2018, los tres jueces del Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y formar una comisión investigadora de la verdad.
Argumentaron que había indicios suficientes para presumir que las confesiones de los detenidos fueron obtenidas con torturas.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Tomada de YouTube
