Ciudad de México, 28 de agosto de 2020. En su escrito, pide que le sea impuesta una condena de 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público y el pago de una multa de 3 millones 561 mil pesos.
La acusación señala que Robles fue omisa en el sexenio pasado ante los desvíos que realizaron sus subordinados en la Sedatu y en la Sedesol por una suma de 5 mil 73.3 millones de pesos, cantidad por la que también se le exige la reparación del daño.
Las pruebas documentales, en su mayoría, están relacionadas con los testigos que la FGR pide que sean citados en el juicio.
Es decir, muchos de ellos son los informes de auditoría y los requerimientos que realizaron los responsables de revisar los 25 convenios mediante los que se desvió el dinero.
La ex titular de la Sedatu y Sedesol comparecerá el próximo 26 de octubre a las 10:00 horas en una audiencia en la que será acusada en forma presencial de las presuntas omisiones ante los desvíos de la “Estafa Maestra” y serán depuradas las pruebas de su eventual juicio.
Desde el 13 de agosto de 2019, Robles está internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.
Tiene la FGR 288 datos de prueba
La Fiscalía General de la República busca llevar a juicio a Rosario Robles con un total de 288 datos de prueba.
De acuerdo con informes judiciales, se trata de 232 documentos de distinta índole y 56 testimonios, una buena parte de ellos de integrantes de los equipos de la Auditoría Superior de la Federación (FGR) que practicaron las revisiones de las cuentas públicas de 2013 a 2018.
Entre los testigos que ofreció la FGR están Juan Manuel Portal, ex titular de la ASF, y Muna Dora Buchain Abulhosn, ex titular de la Dirección General de Asuntos Forenses del organismo auditor.
También ofreció la declaración de tres ex subordinados de Robles, quienes negociaron un criterio de oportunidad, a fin de colaborar en las investigaciones de la FGR a cambio de que sea cancelada la acción penal en su contra.
Uno de ellos es Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, quien actualmente está procesado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Los otros son José Antolino Orozco, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Marcos Salvador Ibarra, ex director general de Coordinación de Delegaciones, ambos en la Sedatu y la Sedesol, a quienes desde hace meses les cancelaron sus audiencias de imputación.
Todas las pruebas de la Fiscalía están asentadas en el escrito de acusación que presentó la FGR el 25 de agosto ante el juez de control Ganther Alejandro Villar, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Archivo
