Pide la viuda de Chavarría remover al fiscal que insiste en culpar al ERPI del asesinato
▼ Esa línea fue desechada por la justicia desde 2010 y se abrió para encubrir a Zeferino Torreblanca, señala Martha Obezo
Texto: Lourdes Chávez
Foto: Archivo El Sur
Chilpancingo.- La viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera asesinado en 2009, Martha Obezo Cázares confió en que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia confirmen la negativa del juez de primera instancia a la solicitud de órdenes de aprehensión de la Fiscalía General del Estado (FGE) para cinco presuntos guerrilleros, señalados del homicidio de su esposo.
Y demandó que el fiscal Javier Olea Peláez –quien ordenó apelar el fallo– sea removido del cargo porque “es una burla” para la sociedad que el funcionario responsable de la impartición de justicia retome una línea de investigación desechada por un juzgado federal, y ratificada por un Tribunal Unitario en 2010, por lo que consideró que busca encubrir al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo el caso en 2010, solicitó esas órdenes de aprehensión desechadas entonces contra cuatro de las cinco personas a quienes la FGE insiste en fincarles responsabilidades.
Agregó que después de ese proceso la PGR declinó competencia y regresó el expediente el 14 de mayo de 2011 a Guerrero, y a ocho años del homicidio la intención del fiscal es seguir encubriendo al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, señalado también en el proceso. Denunció que los nueve procuradores que ha habido en ocho años, como los gobernadores, han tratado de exoneralo.
Consultada vía telefónica indicó que el 29 de septiembre recibió una notificación del juez Leoncio Domínguez que negó las órdenes de aprehensión que solicitó la FGE, y estimó que había terminado el plazo de cinco días hábiles para que el Ministerio Público presentará una apelación.
Sin embargo debido a la declaración del fiscal en la prensa supo que se presentó una apelación contra la resolución, “en la eventualidad que haya apelado espero que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia confirmen la resolución del juez”.
Aclaró que si el fiscal insiste en que hay elementos para implicar a guerrilleros, “se trata una simulación, evidentemente no hay una investigación seria. Siempre nos han impedido la coadyuvancia, conocer el curso de las investigaciones, y estos personajes (los acusados por la Fiscalía) son los mismos que Torreblanca quiso implicar para cerrar el caso desde marzo de 2011”.
Ratificó que la línea de investigación sobre la guerrilla fue desechada hace años y ahora resulta sospechoso que el fiscal la presente como una investigación concluyente, pero niegue el acceso al expediente a los familiares.
Ante la denegación de justicia, el tiempo transcurrido, la opacidad y la connotación del asesinato que se consideró como un magnicidio, solicitó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el análisis del caso en 2015, con el respaldo del Congreso, persaltum y Amicus Curiae de la Universidad Autónoma de Guerrero, sindicatos, organizaciones civiles de derechos humanos y distintas personalidades.
