Ciudad de México, 3 de abril de 2023. El Ejecutivo federal, por conducto de la Consejería Jurídica, pidió este lunes a la Corte revertir los acuerdos que admitieron a trámite la demanda y ordenaron la suspensión de los efectos de la reforma electoral, conocida como Plan B.
De acuerdo con presidencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debió admitir la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que el artículo 105 de la Constitución prohíbe al tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales.
“Debió negarse la suspensión solicitada por el INE porque su otorgamiento contraviene el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que a la letra dice: ‘La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales'”, señaló.
En el recurso presentado por la CJEF se recordó que, al resolver el diverso recurso de reclamación 123/2022-CA, la Segunda Sala de la Corte negó en 2022 al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la suspensión de la ley electoral que modificaba su organización administrativa, por tratarse de una norma general que “no puede ser materia de suspensión en una controversia constitucional”.
“Respecto de los derechos laborales de los trabajadores del IECM, la resolución de la Segunda Sala determinó que el decreto legislativo que modifica el ordenamiento electoral local no constituye un acto de imposible reparación. Estos están a salvo”, dijo.
“En relación con la supuesta violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía, resolvió que se trata de una cuestión indirecta que no se relaciona con el problema competencial que se dirime en una controversia constitucional. Este criterio se aprobó por el voto unánime de cinco ministros, lo que hace obligatoria su observancia, incluido el Ministro Javier Laynez Potisek”.
Según Presidencia, para conceder la suspensión del “Plan B, el Ministro sostuvo que las leyes electorales cuestionadas “podrían” causar afectaciones a los derechos humanos, a pesar de que ni siquiera existe un proceso electoral en marcha, ya que en los comicios de los estados de México y Coahuila, no aplicarán estas normas.
“No existen elementos objetivos que permitan presumir que la modificación administrativa al INE amenazaba la funcionalidad de nuestro régimen democrático”, aseveró.
“¿Es razonable y congruente que los jueces constitucionales se separen de las prohibiciones expresas que establece la Constitución y las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como de sus propios precedentes vigentes y obligatorios? La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal concluye que no”.
Presidencia insistió en que nunca se había registrado la suspensión de la vigencia de cuatro leyes, por la unilateral de un solo ministro de la Corte lo que, desde su punto de vista, viola la división de poderes, ya que invade la esfera del Legislativo.
“Por este y otros razonamientos lógico-jurídicos, la consejería promovió ante la SCJN los recursos de reclamación para revertir estos fallos inauditos. El Poder Judicial también tiene límites en su actuar, los cuales están enunciados expresamente en la Constitución y en las leyes que emite el Poder Legislativo”, sentenció.
“Se espera que el máximo tribunal constitucional revoque, tanto la admisión, como la suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, y así preservar los equilibrios entre los Poderes de la Unión”.
Impugna Senado freno de Corte al Plan B
El Senado de la República impugnó el freno por tiempo indefinido que impuso el ministro Javier Laynez Potisek a la aplicación del Plan B al Instituto Nacional Electoral (INE).
El pasado viernes, la Mesa Directiva del Senado presentó dos recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno contra la suspensión y otro contra la admisión de la controversia constitucional que promovió el INE contra la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con informes cercanos al caso, la impugnación contra la suspensión fue turnada al Ministro Juan Luis González Alcántara, mientras que el recurso contra la admisión fue radicado en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En la resolución impugnada, Laynez argumenta que era necesario suspender el Plan B con la finalidad de salvaguardar el orden democrático porque, en caso de que el INE tenga razón en su controversia, se comprometería la equidad de la contienda y la integridad del padrón electoral.
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”, afirmó Laynez al conceder la suspensión.
“En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”.
El Senado reclama que es improcedente la suspensión por tiempo indefinido que el pasado 24 de marzo dictó el Ministro Laynez contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así de otras leyes secundarias.
Esta medida cautelar prácticamente impidió que se concretara en el corto plazo el adelgazamiento del INE que buscaba el Ejecutivo federal, así como las bancadas de Morena y sus aliados en el Congreso que votaron la reforma.
La suspensión estará vigente durante el tiempo que tome la SCJN para tramitar la controversia del INE y resolver la constitucionalidad del Plan B, que por tratarse de un asunto en materia electoral muy probablemente será despachada antes del receso judicial que inicia el 15 de julio.
Aunque la Consejería Jurídica de Presidencia anunció que también litigaría contra la suspensión de la reforma electoral, por ahora el Senado de la República es la única entidad que ha presentado las reclamaciones.
La Consejería de hecho acusó al Ministro Laynez de “arrancar” hojas de la Constitución para trabar la aplicación de las nuevas disposiciones, pues en su opinión la Carta Magna no permite que sean admitidas las controversias en materia electoral.
Es probable que la Corte invalide todo el Plan B, sin pronunciarse sobre su contenido, por la prisa con la que fue votada en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue votada por los diputados el mismo día en que el Ejecutivo Federal la presentó, un hecho contrario a los precedentes de la Corte sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un procedimiento legislativo.
Texto: Claudia Guerrero / Agencia Reforma / Foto: Archivo
