Chilpancingo, Guerrero, a 31 de julio de 2025.- La directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que reconvenga al gobierno estatal para que atienda el problema de los desplazados debido a la violencia en la entidad, y que cumpla la recomendación que emitió en septiembre del 2023, concretamente que los apoye con su reubicación.
La defensora presentó la solicitud este miércoles ante la CNDH en la Ciudad de México y se reunió con personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ONU-Mujeres, a quienes planteó, que intervengan ante el gobierno estatal para que se atienda a los desplazados.
El martes se reunió con diputados federales, a quienes pidió trabajar en una ley en materia de desplazados, informó vía telefónica.
Dijo que hizo la petición a la CNDH de manera verbal y le recomendaron que lo haga por escrito, “para que le den seguimiento”.
Contó que a la CNDH le pidió que “presionen” al gobierno del estado y a la comisionada de Atención a Víctimas (CEAV) federal, Yuriria Rodríguez Estrada, a fín de que se atienda el problema de los desplazados debido a la violencia en la entidad.
Informó que concretamente quieren que se cumpla la recomendación de la CNDH de septiembre del 2023, que se refiere a la reubicación de las familias desplazadas.
Hay un terreno en Morelos para reubicar a 126 familias
Teodomira Rosales informó que activistas han explorado un terreno en el estado de Morelos, en donde proponen que se reubique a 126 familias que fueron desplazadas por la violencia en el 2018 de diferentes comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Zitlala.
Informó que en su recomendación la CNDH pide principalmente la reubicación de las familias en un lugar donde puedan establecerse de manera digna y con garantías de seguridad, además plantea una disculpa pública y la reparación integral del daño.
Agregó que en el documento la CNDH pide también al Gobierno estatal la elaboración de un censo de las familias desplazadas, “pero nada de eso ha cumplido”, reprochó la defensora de derechos humanos.
“La verdad es que el Gobierno del estado no mueve un dedo en favor de los desplazados, por eso decidimos solicitar la intervención de la CNDH para que haga cumplir su recomendación”, declaró.
Dijo que hay dos familias de las 100 que pidieron asilo en Estados Unidos a las que ya les llegó el reporte de deportación, “y están preocupados, porque aquí ni se les garantiza la seguridad para que regresen a sus comunidades y ni se les reubica, así que regresar a Guerrero sin condiciones no se puede”.
Expuso que esas 100 familias (190 personas) son del mismo grupo que salió de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, “¿a dónde más se pueden ir, si en Guerrero aun no les dan garantías de seguridad?, cuestionó.
Indicó que el Centro Morelos está pidiendo que también a estas familias las reubiquen en un lugar seguro, y podría ser en el mismo lugar a donde vayan las 126 que se encuentran en distintos lugares del país derivado de que no pueden regresar a sus comunidades de origen.
Agregó que a las víctimas de desplazamiento se les sigue violentando sus derechos, desde el momento que se les priva del derecho a una vida digna y segura, el derecho a la vivienda, a la salud, “y, ahora, los privan del derecho a libertad de expresión porque les impiden declarar a los medios de comunicación”.
Mencionó que el martes se reunió con el diputado Alfredo Vázquez y la diputada Gloria Sánchez, a quienes pidió que trabajen un proyecto de ley en materia de desplazamiento forzado interno.
El Centro Morelos ha informado que en Guerrero hay unas 26 mil familias desplazadas por la violencia en los últimos 10 años, a las que el gobierno estatal no les garantizó el derecho a la seguridad en sus comunidades y ahora no apoya su reubicación en un lugar digno y seguro.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
