Iguala, Guerrero, a 27 de mayo de 2024.- A 11 años de la desaparición forzada, tortura y ejecución del luchador social Arturo Hernández Cardona, organizaciones, activistas, religiosos y familiares pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita a la brevedad el Informe de Fondo de este caso, y que sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Mientras que al Estado mexicano lo responsabilizan de la integridad física y psicológica de la viuda del activista, Carolina Mena Marchán y de sus tres hijas, María Soledad, Carolina y Reina, solicitando la ampliación de medidas cautelares para los familiares de Hernández Cardona que no cuentan con esta protección.
En un posicionamiento público a 11 años de los hechos, al menos 40 organizaciones, defensores de los Derechos Humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes, se solidarizaron con la familia Hernández Mena, “por su firmeza y valor al continuar en este caminar en busca de la verdad, justicia y la memoria”.
Advierten que la viuda del luchador social, Carolina Mena y sus tres hijas siguen siendo hostigadas por su exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos, por lo que piden a la CIDH que emita el informe final (informe de fondo) de este caso, y que sea llevado a la Corte Interamericana.
Asimismo, exigen al Estado mexicano la ampliación de las medidas cautelares a la viuda y sus hijas Carolina y Reina, ya que en la actualidad sólo cuenta con esta protección María Soledad, quien continúa coordinando la organización que fundó su padre, la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ-Arturo Hernández Cardona).
Las organizaciones responsabilizan al Estado de la integridad física y psicológica de la viuda de Hernández Cardona y de sus hijas.
Tras la privación de la libertad de Hernández Cardona y posterior ejecución del activista, su familia tuvo que salir de Iguala para resguardar su vida, ante las constantes amenazas y hostigamiento que recibieron.
En 2018 la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hizo la Petición de Admisibilidad a la CIDH, y en julio de 2022, la Corte Interamericana otorgó al Estado un plazo de cuatro meses, prorrogable hasta un máximo de seis meses, para presentar sus observaciones sobre el fondo.
Sin embargo, el Estado mexicano no presentó observaciones, por lo que la familia Hernández Mena y su representación se encuentran en espera del Informe de Fondo, para que este caso sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este proceso, uno de los sobrevivientes que logró huir, Nicolás Mendoza señaló directamente al ex alcalde José Luis Abarca de haber matado a Hernández Cardona, y el político fue detenido desde el 4 de noviembre de 2014, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa.
El 12 de mayo de 2023 el juez Primero de Distrito de Procesos Penales federales con sede en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos impuso una sentencia al ex alcalde de 92 años y 6 meses de prisión, y una multa de 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos, por el delito de secuestro agravado de Arturo Hernández y seis líderes sociales más de la organización social Unidad Popular.
Los antecedentes
El 29 de mayo de 2013, Arturo Hernández y dirigentes de distintas organizaciones adheridas a la Unidad Popular (UP) que él coordinó, levantaron una denuncia de hechos en el Ministerio Público de la Fiscalía regional de la FGE con sede en Iguala, contra el entonces alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y su secretario de seguridad, Felipe Flores Velázquez, a quienes responsabilizaron de lo que les pudiera suceder y advirtieron, que tenían “el temor fundado” de que Abarca Velázquez pidiese ordenar privarlos de la vida.
Al día siguiente, luego de concluir una protesta en la caseta de peaje para demandar obra pública y fertilizante, Hernández Cardona y siete líderes sociales fueron interceptados por civiles armados y según sobrevivientes, también policías municipales.
A partir de esa tarde fueron desaparecidos Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa, Ángel Román Ramírez, Rafael Bandera Román y Arturo Hernández, los tres últimos hallados asesinados el 3 de junio en un paraje junto a la carretera federal México-Acapulco, cerca de la comunidad de Valerio Trujano, municipio de Tepecoacuilco y el poblado de Mezcala. Arturo tenía huellas de haber sido torturado e impactos de bala.
Esa mañana, antes del hallazgo, había una marcha de protesta con organizaciones, familiares de los desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa para exigir la presentación con vida de los líderes sociales, pero tras la noticia de su hallazgo asesinados, la protesta escaló de nivel, el Palacio Municipal fue quemado y tomado por las organizaciones y familiares para demandar justicia.
Entre los firmantes de la carta abierta aparecen el Obispo Emérito José Raúl Vera López, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Efrén Cortes Chávez, el Pastor de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas AR, Teólogo Fray Raúl Pedreñán Godoy y los hermanos del normalista de Ayotzinapa asesinado y desollado del rostro, Julio César Mondragón Fontez, Lenin Bernabé, Cuauhtémoc y Cuitlahuac.
Asimismo, Ernesto Rodríguez Cabrera, Ericka Zamora Pardo, José Humbertus Pérez Espinoza, Deeni Rodríguez López, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC), Comunidad Ecuménica Magdala IAP, Red de Defensa de Derechos Humanos (REDDH), Colectivo del Periódico el Zenzontle, Casa de los Pueblos-México, CLETA UNAM, Centro de Apoyo al Adulto Mayor y al Migrante, Colectivo Memoria y Resistencia, Movimiento Magisterial Jalisciense, Movilización Nacional Comunitario y Brigada Magisterial Comunitaria de Región Chinanteca, Oaxaca, entre otros.
Texto: Alejandro Guerrero
Foto: El Sur
