Reclaman que la gobernadora Evelyn Salgado no atienda sus llamados al diálogo. Plantean que se concentre toda la fuerza del Estado y todos los programas de desarrollo en las regiones azotadas por la delincuencia para reactivar la economía, la vida social y la gobernanza en cada pueblo
Chilpancingo, Guerrero, 18 de enero de 2022. La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado, reclamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la inclusión de los comisariados, pueblos y comunidades en la estrategia para resolver el problema de la violencia en el estado.
En conferencia de prensa este martes, una comisión de la agrupación encabezada por el asesor Arquímedes Sandoval Vázquez y el dirigente Arturo García Jiménez, celebró que la gobernadora haya comenzado a dialogar con las organizaciones sociales y con los empresarios para resolver el problema de la violencia e inseguridad, pero demandó que en este diálogo se incluya a las comunidades, como cuarto orden de gobierno.
Los integrantes de la agrupación recordaron que la violencia, como un cáncer social, surgió en las comunidades y se desplazó hacia las ciudades, y propusieron que para resolverlo es necesario comenzar desde las comunidades para que el mal se extirpe desde la raíz.
Arturo García dijo que los desplazamientos de familias de sus pueblos, los asesinatos y las desapariciones que continúan en el actual gobierno de la Cuarta Transformación, indican que se vive un Estado fallido y que para resolver el problema se debe involucrar a toda la sociedad.
Pero los comisariados lamentaron que la gobernadora no atienda sus llamados para reunirse con ellos. Arturo García informó que con la de ayer ya suman cinco solicitudes para que los atienda; las cuatro primeras fueron por escrito y la de ayer de manera pública.
A la conferencia de prensa asistió una comisión numerosa de comisarios, representantes de todas las regiones del estado, pero por las medidas contra el Covid-19, sólo entró una representación de tres; el de Atlixtac, Rubén Castillo; el del Súchil, municipio de Tecpan de Galeana y el representante del núcleo agrario de Chilacachapa, municipio de Cuetzala del Progreso, Francisco Javier Velázquez, así como el asesor, Arquímedes Sandoval Vázquez y el dirigente, Arturo García.
En la exposición que hicieron por escrito, los comisariados reconocen que “aunque sea un poco tarde y aún sin un plan estatal de desarrollo”, la gobernadora Salgado Pineda, ha empezado a tomar en sus manos el problema de la inseguridad y la violencia, “uno de los temas crónicos de Guerrero”.
Aplauden su discurso de que la violencia no se debe resolver con más violencia, pero cuestionan que la estrategia que viene anunciando es similar a la de los gobiernos anteriores: “más policías y programas sociales en los lugares donde se agudiza la violencia”.
Recuerdan que así combatieron los gobiernos anteriores a la guerrilla de Lucio Cabañas en los años 70, “y así se perfila enfrentar hoy a la llamada delincuencia organizada”.
Reprochan que el gran ausente en esta estrategia sigue siendo el pueblo y sus autoridades locales; “afortunadamente la semana pasada, tras reunirse con empresarios y líderes de organizaciones sociales, la gobernadora anunció su intención de elaborar una estrategia común para enfrentar la inseguridad y la violencia”.
La Coordinadora reconoce en su documento que está bien que la gobernadora abra la posibilidad de cambiar esa estrategia “unilateral, vertical y fracasada que no toma en cuenta a los pobladores”.
La agrupación propone que si se pretende eliminar la violencia y la inseguridad, es preciso gobernar desde el seno de las propias comunidades rurales e involucrando a los pobladores y autoridades de los núcleos agrarios, “tal como dicta uno de los principios de la Cuarta Transformación: Gobernar desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.
Argumentan que es en las zonas rurales donde históricamente inicia la violencia que poco a poco se ha venido trasladando a las ciudades, “precisamente porque ahí (en las zonas rurales) se encuentra la pugna por la riqueza natural, las áreas de producción de enervantes y los recursos humanos que engrosan las filas de los grupos delincuenciales”.
La Coordinadora de Comisariados propone la conformación de territorios de paz en aquellas regiones azotadas por la delincuencia, concentrando ahí toda la fuerza del Estado para reactivar la economía, la vida social y la gobernanza en cada pueblo; es decir, plantean, que no sólo se envíe a la Guardia Nacional, Policía Estatal, Marina y Ejército mediante retenes e incremento de presupuesto para más policías y armamentos, sino concentrar todos los programas de desarrollo en dichos territorios, coordinando acciones de los tres órdenes de gobierno bajo el liderazgo de la asamblea y las autoridades comunitarias”, para garantizar el libre tránsito y apoyo digno a las familias desplazadas.
Además, la autoconstrucción de caminos, programa La escuela es nuestra, operación eficaz de los centros de salud, pensión para los adultos y discapacitados, becas Benito Juárez para los estudiantes, becas Jóvenes Construyendo el Futuro, Bancos del Bienestar, internet gratuito, apoyo a la vivienda rural, fertilizante para los que cultivan granos básicos, ampliación del padrón de Producción para el Bienestar, apertura oportuna de los centros de acopio de maíz y frijol con Precios de Garantía, Programa Sembrando Vida donde haga falta, pago por servicios ambientales y la solución expedita de asuntos agrarios.
También proponen la elaboración de planes de desarrollo integral comunitarios y que acciones y programas oficiales “deben encontrarse y retroalimentarse con las propuestas y necesidades comunitarias”.
Consideran que es vital que el gobierno camine a ras de tierra y propicie la elaboración de planes de desarrollo comunitario integrales para el corto, mediano y largo plazo, revalorando el papel de los distintos comités locales (agua potable, caminos, deportes, padres de familia, ferias e iglesia), las autoridades y asambleas comunitarias.
Plantean que este ejercicio de planeación participativa permitirá, por ejemplo, que en cada comunidad se realice la obra social que consideren prioritaria.
“Solo de esta manera se transitará hacia la paz y el desarrollo que las comunidades necesitan, eliminando de paso la corrupción y el manejo clientelar de los diversos programas públicos”, sostienen.
Plantean, asimismo el empoderamiento de la comunidad mediante el respeto a las leyes de participación social, desarrollo rural sustentable y del Municipio Libre.
Vislumbran que con ello los núcleos agrarios tendrían un papel relevante en toda acción de desarrollo.
“Bajo este marco jurídico, las instituciones que concurren en el campo, debieran promover la participación informada de los pobladores a través de las instancias participativas que están reconocidas en la ley y los reglamentos institucionales”.
Plantean que, a nivel comunidad, este ejercicio debe dar lugar a la integración de comités de desarrollo comunitario (una especie de cabildo comunitario) como instancia de planeación, seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, lo que permitirá reconstruir el tejido social y empoderar a sus pobladores.
Proponen el empoderamiento comunitario, reconociendo a este espacio como el Cuarto Orden de Gobierno y ventanilla única para acceder, monitorear y evaluar el desempeño de los programas públicos, mediante la puesta en marcha de los centros integradores de desarrollo que anunció el gobierno de la 4T.
“Si los tres ámbitos de gobierno asumieran con civilidad política estas tres acciones contribuirían a cimentar el gobierno comunitario y con ello combatir con más eficacia la actual inseguridad y violencia, pero, sobre todo, resolver los problemas más apremiantes que aquejan a los pobladores del campo y la ciudad”, sostienen.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
