La investigación que realizaron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desmontó la versión oficial defendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en agosto pasado todavía defendió la llamada verdad histórica.
Texto: EFE / Foto: EFE
México, 21 de septiembre de 2018. El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa, informó a EFE el abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos en 2014, Mario Patrón.
El también director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el que será el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, “ya formalizaron —a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— una solicitud de regreso del GIEI”.
“Lo que nos refieren es que ha solicitado el nuevo gobierno que la Comisión Interamericana siga en una labor de asistencia y cooperación mediante el regreso del GIEI”, señaló.
El abogado aseveró que en la pasada visita de la CIDH -durante la cual la relatora para México, Esmeralda Arosemena, presentó un informe en la escuela para maestros de Ayotzinapa- hubo una “primera reunión” entre integrantes de dicho organismo con Sánchez Cordero y Encinas.
Asimismo, en el encuentro que está programado entre los padres de los 43 jóvenes y el presidente electo se prevé que también estén presentes tanto la CIDH como Naciones Unidas.
La investigación que realizaron los expertos del GIEI durante su mandato en México desmontó la versión oficial defendida por el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según dicha versión, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en el municipio de Iguala y entregados a miembros de un grupo criminal, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura.
No obstante, los expertos internacionales señalaron las numerosas inconsistencias del relato oficial -como la imposibilidad de que los 43 jóvenes fueran quemados en el basurero- y las irregularidades de la investigación, entre ellas evidencias de tortura a los detenidos.
Después de que el GIEI se despidiera del país en 2016, la CIDH anunció que pondría en marcha un mecanismo de seguimiento para acompañar la investigación del caso.
“El mecanismo de seguimiento formalmente se vencería el último día de este año”, indica Patrón.
No obstante, con la solicitud de López Obrador “se buscaría refrendar el mecanismo de seguimiento, incorporando al GIEI”.
Además, un tribunal colegiado resolvió este jueves que hay bases legales para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, dado que “no existe imposibilidad jurídica”, como había referido la sentencia de otro órgano judicial.
Tribunal colegiado ratifica legalidad de
Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa
Este jueves, un tribunal colegiado resolvió que sí hay bases legales para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, informó hoy el Consejo de la Judicatura de México.
La decisión de los magistrados deja sin efecto la resolución tomada por el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas que en julio pasado señaló que “era imposible jurídicamente” crear la comisión, indicó el Consejo en un comunicado.
“Sí existe sustento constitucional, convencional y legal para su creación”, subrayaron los magistrados del primer tribunal colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas en su resolución, precisó la Judicatura.
El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas tomó en junio pasado la decisión de crear esta comisión por la presunción de que la investigación del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.
En su resolución, los magistrados afirmaron que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención de Viena.
El caso Ayotzinapa, precisaron, debe atenderse “bajo la óptica” del artículo 17 constitucional en el sentido de que “se debe privilegiar la solución de los conflictos, sobre los formalismos procedimentales”.
Al interpretar el artículo 21 constitucional los magistrados señalaron que “no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar”, como lo demuestra la existencia de investigaciones formales que son reconocidas por la PGR.
Entre estas están las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sobre la participación de la CNDH en la comisión de la verdad, los magistrados precisaron que nunca se dijo que se investigarán delitos sino sólo los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes.
Una vez que la comisión de la verdad haga su trabajo, entonces la CNDH puede formular recomendaciones y la PGR analizar si existen elementos para acusar penalmente a alguna persona, añadieron.
Según la versión oficial, los estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados el 26 de septiembre por policías corruptos en el municipio de Iguala que los entregaron a criminales del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero.
Los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos señalaron que fue científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.
El abogado de los padres, Mario Patrón, dijo a Efe que la sentencia de este jueves confirma que hay una “esperanza” de que los padres de los 43 puedan conocer la verdad.
El también director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) valoró que la sentencia es “contundente” al señalar que no existe ninguna imposibilidad jurídica, así como en “reiterar que la investigación hecha hasta ahora por la PGR no ha sido independiente, imparcial, autónoma y eficaz”.
El pasado agosto, el presidente Enrique Peña Nieto publicó un video en el que insistió en la versión oficial del caso Ayotzinapa. “Estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó”, defendió.
No obstante, la sentencia hecha pública este jueves vuelve a desmontar este planteamiento, y si el gobierno no la cumple “podría incurrir en desacato”, apuntó Patrón.
