Si no se integran, “otra vez nos vamos a quedar en un plano aspiracional”, señalan en conversatorio por el Día Internacional de la Traducción, en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México
Ciudad de México, 1 de octubre de 2024. Ante la reforma al Poder Judicial, traductores e intérpretes en lenguas indígenas demandaron aplicar criterios lingüísticos en la elección de jueces y magistrados.
“Eso es fundamental en estados principalmente en el sureste (del país), la realidad es la que vamos a mirar cuando se empiecen a diseñar estas políticas públicas que justamente hagan que muchas de las personas que sean adscritas a estos estados con esta diversidad, tengan mínimamente componentes desde esta perspectiva”, planteó el abogado Tomás López Sarabia, hablante de tu’un savi.
En el conversatorio por el Día Internacional de la Traducción en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), el abogado planteó que en los estados de Oaxaca y Yucatán más del 65 por ciento de su población se considera indígena. En Oaxaca, un tercio de la población, es decir, más de un millón 200 mil habitantes habla en lengua indígena y en Yucatán representa más del 23 por ciento.
Las personas indígenas esperan de dos a tres años para ser juzgadas, cuando debería ser en seis meses.
“Ya en nuestra Constitución se establecía un mínimo, si no me equivoco son seis meses, eso no solamente se va a dar porque está en la norma sino porque se están generando las condiciones al interior de estos poderes judiciales para contar, por ejemplo, con intérpretes y traductores, con peritos, con defensores con conocimiento intercultural.
“Si no se generan esas condiciones, otra vez nos vamos a quedar en un plano aspiracional”, agregó López Sarabia, fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).
Pasará entonces lo que Cristina Kleinert advierte en su libro Con la ley a favor y la realidad en contra, en el que aborda la deuda histórica con los pueblos indígenas para el acceso a la justicia.
Una obra fundamental sobre las condiciones de trabajo, dificultades, políticas lingüísticas y formación de los mediadores que han trabajado con el sistema de justicia en México.
“Estén por seguros que el problema no son los y las hablantes de lenguas indígenas, el problema es el monolingüismo y el paradigma monolingüe del Estado mexicano, que no habla ya esas lenguas y que ha impedido y ha obstaculizado a través de políticas públicas de castellanización que toda la población sea multilingüe”, dijo Kleinert.
Una pregunta surgida durante el conversatorio en la Universidad fue ¿cuál va a ser la directriz a seguir los próximos seis años a nivel federal en lenguas indígenas?
“La administración que inicia si bien pertenece al mismo partido político, una duda que siempre va a tener es qué va a pasar con esta temática pensada desde lo que le toca al Ejecutivo porque la realidad es que hay muchas funciones que no le tocan necesariamente al Ejecutivo sino que le tocan, por ejemplo a los poderes judiciales, les toca a las fiscalías, le toca a otras instancias del Estado mexicano y que muchas de ellas no están cumpliendo con esas funciones”, comentó López Sarabia.
A su vez, Guillermo Alejo Carlos, del Consejo Directivo de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (OTIGLI), abogó por la dignificación de las condiciones laborales de estos profesionales.
“Que no simplemente sean pagados por el servicio que hacen sino que tengan un reconocimiento en derechos laborales, seguridad social que no se les ha reconocido”, dijo Alejo Carlos.
Texto y foto: Agencia Reforma
