La Interpol giró una ficha para la localización en el extranjero del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien fabricó la “verdad histórica”. Detienen a dos ex funcionarios de su equipo en la PGR y están prófugos otros dos.
Ciudad de México, 18 de marzo de 2020. La FGR pidió la aprehensión del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón y cuatro ex funcionarios miembros de su equipo, por irregularidades en el caso Ayotzinapa como tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas.
La orden de aprehensión se solicitó desde el pasado 10 de marzo, y reportes federales señalan que Zerón salió de México a mediados de agosto de 2019 y se encuentra prófugo en Canadá.
Por tal motivo, la Interpol ya giró una ficha roja para su localización en el extranjero.
La orden de captura a Zerón de Lucio fue solicitada al juez de distrito especializado en el sistema acusatorio, con sede en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, y unos días después la Interpol giró la ficha roja para su localización en el extranjero.
La acusación contra el ex funcionario surge de la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan de Cocula, la cual no fue oficializada en el expediente del caso.
Ese día, Zerón llevó de manera ilegal, sin su abogado y sin registro oficial, a Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los presuntos implicados, a la zona en donde presuntamente fue encontrada, al menos, una bolsa con restos humanos, y según esa versión uno de éstos corresponde a uno de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Fuentes ministeriales explicaron que hay elementos suficientes para suponer que Zerón y su equipo fabricaron la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Como parte de la misma investigación, ayer fue detenido Ezequiel Peña Cerda, ex mando en la AIC.
También se solicitó la captura de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la antigua PGR.
Detienen a dos ex funcionarios de la AIC
Ezequiel Peña Cerda, quien se desempeñaba como director de área en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido, junto con un ex agente, por la tortura a uno de los imputados por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En la misma orden de aprehensión se solicitó la de Carlos Gómez Arrieta, quien fue jefe de la Policía Federal Ministerial de la antigua PGR y después subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, sin que haya sido cumplimentada hasta el momento.
En total, cuatro personas fueron acusadas por la tortura, en octubre de 2014, de Carlos Canto Salgado, la cual fue evidenciada en un video subido a redes sociales en junio de 2019, lo que provocó la renuncia de Gómez Arrieta del gobierno michoacano de Silvano Aureoles.
Además de Peña Cerda, fue detenido Isidro Junco Barajas, quien era policía ministerial en 2014 y actualmente laboraba en la dirección de seguridad de la Cámara de Diputados.
Prófugos, el ex jefe de la PFM y un suboficial acusados de tortura
En tanto, Julio Dagoberto Contreras Saucedo, suboficial también en la AIC, logró librar la detención y se encuentra prófugo, al igual que Gómez Arrieta.
La orden de aprehensión fue girada por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y abuso de autoridad.
En junio de 2019 se difundió en redes sociales un video en el que se observaba a Carlos Canto Salgado sentado en una silla, vendado de los ojos con cinta canela y siendo ahogado con una bolsa de plástico que le rodea la cara.
En las imágenes se escucha cómo Gómez Arrieta le pregunta al detenido sobre los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, mientras un uniformado le acerca la “chicharra”, como se le conoce a la tortura por descargas eléctricas.
Tras la difusión del video, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que el video estaba “armado” y defendió a su entonces subsecretario de Seguridad Pública.
El caso del ex director de la AIC
A Zerón de Lucio se le acusa de actos de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, por el ocultamiento de hechos.
Fuentes ministeriales explicaron que una de las razones por las que el juez giró la orden de aprehensión fue que encontró elementos suficientes para suponer que existió una intención predeterminada para tergiversar la realidad de los hechos, en referencia a la llamada “verdad histórica”.
Entre los señalamientos se indica que el funcionario no tenía la autorización legal para trasladar a El Chereje de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al río San Juan.
También se menciona que recabó una videograbación de su participación en la escena, la cual no fue incluida en el expediente y la hizo pública, en una versión editada, hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló las actuaciones de dichas diligencias.
“La videograbación recabada durante la diligencia además de no haber sido entregada al agente del Ministerio Público federal (…) fue editada y con ello se pretendió acreditar ante la opinión pública que el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participó en las diligencias”, señala un informe de la Visitaduría General de la FGR del 25 de junio de 2019.
Asegura que también ordenó indebidamente a los peritos de la entonces PGR buscar específicamente bolsas en el río, lo que pudo impedir que el personal analizara toda la zona en busca de cualquier indicio.
En una reunión del 5 de marzo pasado, los padres de los normalistas desaparecidos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagara a los funcionarios que intervinieron en el caso Iguala.
Entre ellos Tomás Zerón, Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, y al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, entre otros personajes.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Archivo
