Texto: EFE, redacción, Agencia Reforma / Foto: Facebook
Ciudad de México, 11 de junio de 2018. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una sentencia judicial, que apuntan una vez más hacia errores en la investigación del caso Ayotzinapa –que dejó un saldo de 43 normalistas desaparecidos, tres de sus compañeros muertos, lo mismo que tres civiles– han puesto de nuevo en el punto de mira a las autoridades mexicanas a casi cuatro años del suceso, en medio del aplauso de los padres y las críticas de otras entidades civiles.
Este lunes se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió ya la notificación del amparo que otorgó un tribunal colegiado en Tamaulipas a Miguel Ángel Landa Bahena El Chequel, que ordena que se le reponga el procedimiento y que peritos independientes les practiquen el Protocolo de Estambul para saber si fue torturado.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR, dio a conocer en una entrevista radiofónica en la Ciudad de México que aún están pendientes de que se les notifique las tres resoluciones faltantes: los amparos a Salvador Reza Jacobo El Wereke; Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, y Gildardo López Astudillo El Gil.
En un hecho inédito, el pasado 4 de junio, el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estaría integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo El Gil, Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena El Chequel y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio, pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Este lunes 11 de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó por su lado la emisión del Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y la sentencia de un tribunal mexicano muy crítica con la investigación oficial de la desaparición de los 43 jóvenes el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, estado de Guerrero.
Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, indicó en un boletín que, tras el informe la pasada semana de la CIDH y la sentencia definitiva de un tribunal, se debe alentar “decididamente” al Estado mexicano a “enderezar” la investigación del caso Ayotzinapa.
Cuando parecía que el caso –sobre el que todavía planean grandes sombras en torno a la mecánica de la desaparición o el paradero de los jóvenes– estaba cayendo en el olvido, sentencia e informe volvieron a visibilizar los claroscuros de la investigación.
En su sentencia del pasado 4 de junio, el Primer Tribunal Colegiado ordenó crear una Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ante la presunción de que la investigación de la Fiscalía mexicana “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.
Además, indicó que hay muchos elementos que probarían que las confesiones se obtuvieron mediante tortura.
Días más tarde, la CIDH presentó su informe referente al Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa e instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los estudiantes.
La sentencia del tribunal fue apoyada por decenas de organismos civiles y supuso un halo de esperanza para los familiares, quienes exigieron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto acatar la reanudación de pesquisas.
Según la versión oficial, conocida como la Verdad Histórica, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos de Iguala arrestaron a los jóvenes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.
Padres y organismos internacionales han venido denunciando irregularidades en las pesquisas y han exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos. Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.
Pese a que podrían ayudar a esclarecer el asunto, estos últimos sucesos también han despertado voces críticas ante rumores de liberación de presuntos culpables tras alegar torturas para confesar en este dramático caso.
“Algunas ONG no sé a quiénes defienden, si a victimarios o a víctimas”, denunció hoy lunes la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.
Miranda especificó que es contraria a la tortura y pidió castigo para los torturadores, pero consideró que los detenidos confesos no deberían poder salir a la calle.
“Cada vez se resta más potencia al Estado y cada vez pierden facultades para poder investigar”, agregó la experta.
Para ella, la sentencia del tribunal de Tamaulipas es “de locos” porque convierte al Ministerio Público en “observador” y a los representantes de las víctimas y los organismos en “investigadores”, en lugar de “coadyuvantes”.
Por último, insinuó que Guerreros Unidos estaría detrás de esta sentencia.
Alto al Secuestro actualizó también este lunes las cifras de ese delito en el país.
Informó que en mayo de 2018 hubo 127 secuestros y 157 víctimas, lo que implicó un aumento mensual de 12 y 18 por ciento, respectivamente.
Asimismo, los 137 detenidos por secuestro en ese mismo periodo supusieron una reducción de 5 por ciento frente al número de arrestados en el mes anterior.
Miranda destacó que las cifras de secuestro son inferiores a las del pasado año, pero han crecido en estas últimas semanas a medida que se acercan los comicios del 1 julio, cuando se eligen más de 3 mil 400 cargos públicos, entre ellos el de presidente de la República.
Finalmente, pidió a los candidatos a la presidencia de México un “plan específico” para el delito de secuestro.
