Jesús Mendoza Zaragoza
Puntuales y certeras han sido las declaraciones del general Federico San Juan Rosales, comandante de la 27 Zona Militar, que esta semana ha hecho para delimitar las posibilidades y los límites de militares en relación a la seguridad pública en Acapulco: no hay suficiente personal castrense para atender las tareas de seguridad pública, se requiere trabajar en la inteligencia, hay autoridades que “van por otro lado” y los ciudadanos tienen miedo para denunciar. También señaló el general que los militares no están formados para esas tareas, a la vez que no hay la debida confianza con los cuerpos policiacos.
Esta descripción elemental de las condiciones que se dan en los ámbitos militares y policiacos refleja un sentimiento de incomodidad y de molestia en algunos segmentos de las fuerzas castrenses, dada su incapacidad para responder a las expectativas de los gobiernos, que les han asignado tareas que están fuera de su alcance. Por una parte, las funciones de los militares están en la seguridad interior y no en la seguridad pública y, por otra parte, ellos van sufriendo un paulatino desgaste que va causando deterioro en las instituciones militares.
Entiendo que el sentir, tanto de soldados como de oficiales no es el mejor en las tareas que se les han asignado. Obedecen como soldados, pero no se sienten aptos como policías. Los vemos en los patrullajes, en los operativos, en los resguardos de las escenas de crímenes. Se ha convertido en algo normal ver soldados en las calles de manera cotidiana y permanente. Ahora hasta han sido desafiados por movilizaciones promovidas por la delincuencia organizada en los operativos que afectan sus intereses.
El gran problema está en que se ha asignado a las fuerzas armadas el papel fundamental y central para la seguridad pública, que ha dado lugar a un creciente proceso de militarización. Al fortalecer las instancias militares en este tema, se debilitan las instancias de seguridad y de justicia del ámbito civil, lo cual constituye un riesgo para la vida democrática del país.
El argumento gubernamental que se ha construido para justificar a las fuerzas armadas como pilar fundamental de la seguridad pública es que los cuerpos policiacos no son confiables ni tienen las capacidades necesarias para proteger a los ciudadanos y a las comunidades de las diferentes formas de delincuencia. No se dio una estrategia para capacitar y formar a policías confiables y se terminó militarizando a la Guardia Nacional.
Sin duda, las fuerzas armadas tienen un lugar importante en la vida del país. Pero no pueden desplazar a la sociedad en la responsabilidad que debiera tener para abrir caminos confiables para la seguridad. Yo veo que no ha sido aún valorado, de manera suficiente, el potencial de la sociedad para la seguridad. Y no solo para la seguridad pública, sino para la seguridad ciudadana que está más orientada a la construcción de la paz. No podemos vivir permanentemente bajo la tutela de las fuerzas armadas. En mi opinión, el pilar fundamental para la seguridad ciudadana –que incluye la seguridad pública– y para la paz, tendrían que ser los ciudadanos que, de manera organizada, asumen tareas individuales, colectivas y comunitarias en los ámbitos locales y regionales.
Esto tiene que concretarse en el avance de una efectiva democracia participativa. La democratización del país es la gran condición necesaria para la seguridad y para la paz. De esta manera se pueden distribuir las tareas de seguridad pública entre ciudadanos, comunidades, policías y militares. El general dejó ver que nunca habrá soldados suficientes para continuar esta estrategia centrada en las fuerzas armadas. Y si es así, significa que es una estrategia que no va a ninguna parte. Y solo dejará desgaste en todas partes, en las instituciones castrenses, en las instituciones públicas de seguridad y de justicia y en la sociedad misma.
Es cierto que el avance democrático no es cosa sencilla y que requiere una mirada estratégica de los gobiernos y de los ciudadanos. Pero hay que comenzar con procesos de participación ciudadana en los que tomen forma las iniciativas sociales que contribuyan a la seguridad y a la paz. Desde la sociedad se pueden emprender tareas de carácter preventivo en el campo de la educación, de las artes, de la cultura y de la economía social que desactiven los resortes de las violencias. Tareas interconectadas que vayan tejiendo un universo de estrategias de paz en el conjunto de la sociedad. Los gobiernos tienen ya sus responsabilidades definidas por la ley, pero no pueden darnos la seguridad ni la paz como por arte de magia. Y menos con sólo los militares. La paz la tenemos que construir todos, cada quien en su metro cuadrado y caminando juntos.
Es bienvenida la participación de las fuerzas armadas de acuerdo con las funciones que la Constitución les señala, a las que tienen que sumarse policías confiables que tienen que irse formando de manera adecuada. Pero tratándose de la seguridad ciudadana y de la construcción de la paz, el papel central lo tiene la sociedad, de la mano de sus gobiernos. En este sentido, la democracia es la condición necesaria para que tengamos la seguridad y la paz que todos deseamos. Nuestro problema está en que contamos con una baja autoestima social, no creemos en nuestros potenciales ni nosotros ni nuestros gobiernos. Así las cosas, continuaríamos estancados en nuestras desconfianzas mientras que las fuerzas armadas seguirán desgastándose.
En suma, se requiere fortalecer una estrategia social de construcción de paz, al lado de las estrategias gubernamentales que cuentan con las fuerzas armadas y con toda la institucionalidad del Estado mexicano.
