Confirman amparo en favor de integrantes de una familia de la comunidad San Lorenzo Acopilco, que reclaman la desposesión de un predio de mil 111 metros cuadrados para las obras del tren.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Foto:
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2018. Un tribunal federal concedió este martes una suspensión definitiva a comuneros de Cuajimalpa, que podría poner en riesgo la terminación total del Tren Interurbano México-Toluca.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la suspensión concedida en febrero pasado por un juez de distrito en favor de integrantes de una familia de la comunidad San Lorenzo Acopilco, que reclaman la desposesión de un predio de mil 111 metros cuadrados para las obras del tren.
El predio, supuesta propiedad de la familia Negrete Gómez, colinda al este con la carretera libre México-Toluca, en un punto en que corre paralelo con la autopista de cuota.
La suspensión definitiva es inapelable y estará vigente durante todo el tiempo que tome el trámite del juicio de amparo, que podría ser más de un año, pues aún no se dicta sentencia de fondo para aclarar si el terreno de los Negrete realmente interfiere con las obras.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alegó que, al conceder la suspensión, el juez Fernando Silva García no tomó en cuenta el interés de la sociedad en que se termine el tren, proyecto de más de 50 mil millones de pesos que supera 80 por ciento de avance.
Sin embargo, el tribunal colegiado rechazó que se afecte el interés colectivo.
“Cuando la construcción de una vía ferroviaria pudiera generar un beneficio a la colectividad, ello es insuficiente para considerar la afectación al interés social si llegare a impedirse la ejecución de esa obra y para negar la suspensión en el amparo, cuando el quejoso reclama la privación de su propiedad sin que se hubiera seguido un procedimiento de expropiación”, afirmaron los magistrados en sentencia del 5 de septiembre.
“La superficie de terreno que defiende la quejosa se encuentra dentro del derecho de vía de la carretera México-Toluca y fue expropiada a la comunidad de San Lorenzo Acopilco mediante dos decretos publicados en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 1993”, indicó la SCT.
En dichos decretos, Carlos Salinas de Gortari expropió casi 56 hectáreas de agostadero de uso común para el tramo La Marquesa-La Venta de la autopista.
El tribunal colegiado aprovechó este dato para reforzar el otorgamiento de la suspensión.
“Las autoridades responsables no aducen la apremiante e inaplazable necesidad de proceder a la ocupación de un decreto expropiatorio cuya causa de utilidad sea la construcción del tren”, resolvieron.
La Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), responsable del Tren Interurbano, asegura que los Negrete no cuentan con titulo de propiedad válido, pues sólo presentaron una “constancia de posesión” expedida por el presidente del comisariado ejidal.
En total, los Negrete promovieron diez demandas de amparo ante igual n˙mero de juzgados, luego de que personal de la SCT les informó el pasado 12 de enero que el terreno iba a ser ocupado para “obras de la ampliación de la carretera México-Toluca”.
Aunque la mayoría de los jueces negó las suspensiones, todas las demandas fueron admitidas y los juicios están en etapa de presentación de pruebas para aclarar, por ejemplo, la ubicación exacta del predio que está en disputa.
