De 43 fraccionamientos para reubicar a 10 mil 413 familias, 23 aún tienen carencias diversas, y algunos no se han terminado o están abandonados. Sólo fueron inhabilitados 10 años el delegado de la Sedatu Héctor Vicario Castrejón y la coordinadora de delegaciones Sheila Karin Ortega. Con motivo del incumplimiento de contratos la PGR abrió investigaciones a 38 empresas constructoras, pero ninguna ha sido sancionada
Chilpancingo, Guerrero, 15 de septiembre 2019. Por la corrupción y la impunidad en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que se encargó de la reconstrucción de las viviendas dañadas por las lluvias de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre del 2013, de los 43 fraccionamientos en donde se edificarían 10 mil 413 viviendas para la reubicación de las familias damnificadas, en por lo menos 23 todavía existen irregularidades diversas, que van desde fallas en las obras hasta el incumplimiento total de la construcción de las viviendas, a seis años de los daños, según un recuento de El Sur.
Sin embargo, solamente dos ex funcionarios enfrentan sanciones administrativas por señalamientos de irregularidades: el ex delegado de Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, y la ex coordinadora de delegaciones de Sedatu, Sheila Karin Ortega Muciño, quienes por “negligencia administrativa” fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cargos públicos por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Además, en la Fiscalía General de la República (FGR) al menos 38 empresas que incumplieron contratos de construcción de las viviendas bajo el Plan Nuevo Guerrero, implementado tras el paso de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid de 2013, tienen procesos penales abiertos.
El 7 de noviembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto acompañado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, presentó en Chilpancingo el Plan Nuevo Guerrero, con un respaldo financiero de 30 mil millones de pesos, recursos que en enero del 2016 se ampliaron a 44 mil 800 millones, en un segundo anuncio del presidente Peña Nieto en Acapulco.
Del total de estos recursos, mil 431 millones 780 mil 440 pesos serían para la construcción de las 10 mil 413 viviendas en diferentes regiones de la entidad, de acuerdo a los lineamientos del Plan Nuevo Guerrero.
Para ejecutar las obras de vivienda, la Sedatu otorgó por adjudicación directa 177 contratos a más de un centenar de empresas y personas físicas.
La dependencia informó entonces que un total de 43 pueblos, comunidades o núcleos poblacionales serían reubicados, como parte de la reconstrucción en la entidad.
Sin embargo, a seis años de la tragedia prevalecen múltiples irregularidades en la totalidad de los fraccionamientos construidos, como el levantamiento de viviendas en terrenos inestables e irregulares, sin estudio de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y con observaciones técnicas en la construcción de las viviendas, mismas que resultaron, en algunos casos, inhabitables, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió con la clausura de 22 fraccionamientos en 2016.
Se tuvieron que demoler casas en los fraccionamientos, en Papagayo y Nuevo Mirador
Además, por defectos en la construcción de las viviendas, cuando menos en dos fraccionamientos las casas fueron demolidas para volver a reconstruirse.
En Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) 29 casas se construyeron sobre pilotes de madera y paneles, además de que el predio fue diagnosticado como inhabitable por inestable.
En ese lugar, las casas que fueron construidas en la cima de un cerro, resultaron frágiles y al entrar se movían como si se fueran a venir abajo. Las familias damnificadas se negaron a ocuparlas y la Sedatu demandó a la constructora una “reubicación de la reubicación” y adquirió un nuevo predio esta vez en Tierra Colorada, a la salida rumbo Ayutla, para volver a construir las 29 viviendas, mientras que las anteriores casas de madera se incineraron en febrero del 2017.
Asimismo, en junio del 2018, 32 viviendas de la colonia Nuevo Mirador, fueron demolidas por fallas estructurales. Las viviendas habían sido habitadas sólo 13 días, –del 23 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016–, después las 120 personas que integran las 32 familias tuvieron que ser desalojadas.
Estudios técnicos realizados por Protección Civil, arrojaron que las casas eran inhabitables, y que podrían colapsarse en cualquier momento a causa de la inestabilidad del terreno en el que fueron edificadas.
En otros lugares, comunidades enteras se quedaron sin sus viviendas. Uno de estos casos fue San Vicente, municipio de Chilpancingo, donde 578 familias fueron diagnosticadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y Protección Civil con viviendas inhabitables tras el paso de Ingrid y Manuel. Unas 100 de estas familias por cuenta propia levantaron sus casas en Huapanguito, un sitio distante de su comunidad.
Otra de las localidades olvidadas fue Los Tepetates, municipio de Tecoanapa, donde Cenapred y Protección Civil, diagnosticaron la reubicación del pueblo por la inestabilidad en donde se encontraban asentadas las 800 casas, por los riesgos de derrumbes y deslaves. La mayoría de las casas resultaron con daños en su estructura.
En esta localidad los gobiernos federal y estatal incumplieron también con la construcción de un sistema de agua potable, la reparación de su carretera, la reconstrucción de la preparatoria popular, la telesecundaria y la escuela primaria que se realizarían con recursos del Plan Nuevo Guerrero.
Recientemente, uno de los damnificados, Santos Salmerón Palacios, denunció vía telefónica que las obras sólo quedaron en proyectos.
Fraccionamientos inconclusos y abandonados
Otras comunidades censadas y que seis años después se ha incumplido con su reubicación, son Las Joyitas y Balsamar, municipio de Leonardo Bravo.
Para las 200 familias damnificadas de estos dos pueblos de la sierra, se construyeron las viviendas en un sitio alejado de sus comunidades de origen y se niegan a reubicarse, mientras que las viviendas nuevas siguen inhabitadas. El fraccionamiento se encuentra a la salida de Chilpancingo, rumbo a Chichihualco, entre La Quebradora y El Palmar.
Las 200 viviendas multicolores se encuentran abandonadas y vacías deshace un año en la falda de un cerro, a dos horas y media en vehículo de las localidades de donde son originarias las familias damnificadas para las que se construyeron.
Las construcciones a las que sólo les falta la herrería de las puertas y ventanas se están deteriorando por falta de mantenimiento.
Otro fraccionamiento abandonado es el de Azinyahualco, municipio de Chilpancingo. En este lugar se construyeron 96 casas para las familias que resultaron damnificadas, en un sitio conocido como Zoyatepec y que ahora se llama Nuevo Azinyahualco, a aproximadamente media hora de El Ocotito.
Las casas quedaron terminadas al 100 por ciento hace seis meses pero las familias no las han ocupado porque no cuentan con servicios de agua, luz y drenaje.
Un vecino de esa localidad informó vía telefónica que representantes de la última empresa que terminó las viviendas (de la que desconocen su nombre) les aseguraron que a ellos les pagaron solamente por la casas y que los servicios correspondían al Ayuntamiento.
Informó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se encargó de la red de agua pero que solamente colocó un tubo del manantial al fraccionamiento y construyó un tanque de almacenamiento, pero no conectó el servicio ni instaló la red en las casas.
Las 96 casas ya fueron asignadas a cada una de las familias damnificadas pero se encuentran abandonadas desde hace seis meses y comenzaban a darse rapiña y saqueos. En operación hormiga se estaban robando tabiques y láminas, así como los artículos de los baños, “las estaban desvalijando pues”, dijo el vecino.
A raíz de ello la misma comunidad de Azinyahualco organizó un roll de guardias para la vigilancia y evitar que siga el saqueo.
Viviendas que no se construyeron
En otras localidades el incumplimiento fue total. En la comunidad de Chicahuales, municipio de Chilpancingo, no se construyeron 208 viviendas, en este caso porque a pesar de que las familias damnificadas reportaron los daños, no fueron considerados por el Fonden para la construcción y reubicación.
En esta localidad fueron los propios vecinos quienes acondicionaron sus casas en un sitio ubicado a un kilómetro arriba de donde ocurrieron los deslaves y grietas en septiembre del 2013 durante las lluvias de Ingrid y Manuel.
A su vez, en la localidad de El Fresno, municipio de Chilpancingo, Protección Civil emitió un dictamen que justificó la reconstrucción de 21 viviendas, pero los habitantes piden que se emita un nuevo dictamen porque aseguran que procede la construcción total y reubicación de las familias.
En la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, donde hubo cuatro muertos y más de 70 casas destruidas durante la noche del 14 de septiembre del 2013 al paso de Ingrid y Manuel, la construcción de las viviendas se hizo en una zona inestable y en condiciones de riesgo, al menos 20 de ellas quedan incomunicadas en tiempo de lluvias porque se tienen que cruzar un río y los pobladores se negaron a ocuparlas, inconformes porque les construyeron un puente vehicular en un lugar donde no lo pidieron ni lo necesitan.
En total, de los 43 fraccionamientos comprometidos, 23 fueron entregados con irregularidades diversas.
Sin embargo, a pesar de las múltiples irregularidades y corrupción en la construcción de las viviendas, solamente dos ex funcionarios de Sedatu cuentan con sanciones administrativas y ninguna empresa constructora ha sido sancionada penalmente por las malas obras.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó para ocupar cargos públicos por 10 años al ex delegado de Sedatu, Héctor Vicario Castrejón (después fue diputado local del PRI) y y a la coordinadora de delegaciones, Sheila Karin Ortega Muciño, por “negligencia administrativa”.
A ambos funcionarios se les sancionó con base al expediente 0061/2017, cuya fecha de resolución fue el 9 de agosto de 2017.
Antes de que el delegado que sucedió a Vicario Castrejón, José Manuel Armenta Tello abandonara el cargo para ocupar el de director general de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS) de la Sedatu, en febrero del año pasado, informó que 38 empresas que incumplieron contratos de construcción de viviendas tenían procesos penales abiertos en la FGR.
Siete de las denuncias son en contra de las constructoras que trabajaron en el fraccionamiento El Nuevo Mirador de Chilpancingo por incumplimiento de siete contratos, según el ex funcionario, sin embargo ninguna de las empresas ha sido sancionada.
En su momento, también se señaló de negligencia al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero debido a que cuando las lluvias empezaron la noche del 13 de septiembre, festejaba y era el anfitrión de una cena con motivo del bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación en Casa Guerrero.
Esa noche la tragedia apenas se asomaba a la entidad y miles de comunidades, se supo después, no fueron alertadas a tiempo ni por las autoridades estatales ni por las federales de qué magnitud sería la tormenta.
Participaron en esa cena los ex gobernadores René Juárez Cisneros y Rubén Figueroa Alcocer; el entonces secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el entonces el coordinador general del Ejecutivo, Humberto Salgado Gómez, los diputados locales Héctor Astudillo Flores y Héctor Apreza Patrón.
También se encontraban el senador Armando Ríos Piter, los diputados federales Catalino Duarte Ortuño, Manuel Añorve Baños y Jorge Salgado Parra y el Delegado de Sedatu, Héctor Vicario Castrejón, el jefe de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, Ramón Sosamontes Herrera Moro, el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos y el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
