Bolívar Rojas señala que hay un patrón sostenido de omisión institucional de la CEAV y de la FGR, que vulnera el derecho de las víctimas a la participación efectiva y a un proceso con debida diligencia
Ciudad de México, 04 de noviembre del 2025.- Este lunes había una audiencia intermedia programada sobre el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé ocurrido en 2016, pero su hijo Bolívar Darío Rojas Rivas informó que fue pospuesta sin que las instancias encargadas les dieran mayores detalles, ante lo que denunció revictimización y negligencia.
En entrevista informó que la audiencia fue aplazada para diciembre, pero que no recibieron notificación formal ni de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni de otra de las instituciones encargadas.
“La audiencia intermedia programada para el día de hoy fue suspendida, sin embargo nosotros no recibimos ningún tipo de notificación oficial de parte ni de la asesoría jurídica de la CEAV federal ni de otra instancia u órgano que nos informara el motivo del porque se suspendió la audiencia”, dijo Rojas.
Añadió que la información se les presentó este domingo en la tarde de una forma que calificó como escueta y sin explicación de motivos del Ministerio Público de la Federación.
Agregó que la familia no tiene acompañamiento claro de personal de la CEAV, concretamente del asesor jurídico asignado al caso, Julio César Baez, de quien dijo ya han solicitado su remoción debido a la omisión y falta de acompañamiento que ha presentado y sus faltas a la debida diligencia.
“A nosotros nos tienen incomunicados del caso, evidentemente preocupados por las fechas que se acercan para que las cosas salgan bien y se obtenga una justicia plena, y estos señores sin ninguna explicación nos dicen que se difiere hasta el mes de diciembre y no nos explican los motivos, ni nos dan ningún fundamento de por qué se ha diferido esta audiencia”, expuso.
Bolívar Rojas dijo que en el caso de desaparición forzada y asesinato de su madre, la omisión de las instituciones genera una revictimización contra los familiares por la exigencia de justicia, además que la falta de acompañamiento les provoca desgaste físico, emocional y económico.
En nombre de la familia, subrayó que estas omisiones no son hechos aislados, sino parte de un patrón sostenido de negligencia y omisión institucional de la CEAV y la FGR, que vulnera el derecho constitucional de las víctimas a la participación efectiva y a un proceso con debida diligencia reforzada, tal como lo establecen el Artículo 20, de la Ley General de Víctimas, y los estándares internacionales de derechos humanos.
Precisó que la CEAV cuenta con dos representaciones involucradas en el caso: la federal en México a cargo del asesor Julio César Báez Olivos y otra de la misma instancia en Guerrero, encabezada por Eduardo Jaimes Moreno, titular de la CEAV federal en Acapulco. Afirmó que ambas representaciones han incurrido en omisiones graves.
Báez Olivos no acudió a la última reunión con el Ministerio Público del 24 de octubre en la Ciduad de México, “ni ha dado explicación alguna, mientras que Jaimes Moreno, con conocimiento previo de las faltas de este funcionario, no ha intervenido ni removido Julio Baez a pesar de tener una denuncia formal de la familia”.
“Lo que vemos es una cadena de irresponsabilidades, ni el asesor de la Ciudad de México da seguimiento, ni el titular en Guerrero cumple su obligación de mantenernos informados, y mucho menos ha removido al asesor jurídico Báez Olivos, sobre quien ya presentamos una queja formal por la falta de acompañamiento efectivo”.
“También solicitamos que se le inicie un procedimiento, porque no se trata de una falta aislada, hay que recordar que durante seis meses de la etapa de investigación complementaria, este asesor permaneció en silencio, sin ofrecernos información alguna sobre el avance del caso, en una etapa tan imprtante para el caso”, agregó.
Los familiares adelantaron que presentarán una queja ante la CEAV en la Ciudad de México en los próximos días por omisión y negligencia, solicitando de nueva cuenta la sustitución inmediata del asesor jurídico, Julio César Baez Olivos, y un procedimiento por sus omisiones.
“Después de nueve años seguimos enfrentando la indiferencia de las mismas instituciones que deberían protegernos”.
Sin embargo, dijo, “seguiremos exigiendo justicia por la doctora Adela Rivas Obé, como un acto de resistencia, de memoria y dignidad”.
Juan Luis Altamirano
