Texto: DPA/ Foto: EFE
Buenos Aires, Argentina, 11 de junio de 2018. El debate de la legalización del aborto que la Cámara de Diputados argentina iniciará el miércoles propició en las últimas semanas un repaso acerca de cuál es la situación legal y sanitaria en los otros países de América.
El siguiente es un repaso de las distintas realidades en algunos de los países americanos:
México: El aborto es legal en los 32 estados de México para los casos de embarazo por violación. Como cada estado mexicano tiene su propia legislación, algunos consideran otras causales en su normativas, entre ellas malformaciones en el feto; si la vida de la mujer corre peligro; si se trató de una inseminación artificial no consentida; y si la situación económica es precaria, en caso de que la mujer ya tenga tres hijos o más. Organizaciones civiles y de derechos humanos señalan que en la práctica no hay facilidades para realizar un aborto, incluso bajo esos motivos. El único estado en el que el aborto es legal para cualquier mujer es la Ciudad de México, que en 2007 reformó su Código Penal para incluir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Brasil: El aborto solo es permitido en Brasil en casos de violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia fetal. No es considerado crimen el aborto realizado fuera de territorio nacional. En todos los otros casos, el Código Penal lo considera delito contra la vida humana y están previstas penas de prisión de uno a tres años para la gestante que provoque o permita que otra persona lo haga. Para quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada, las penas van de tres a diez años. En los casos permitidos, el Estado lo puede realizar por medio del SUS (Sistema Único de Salud, público). Según la Investigación Nacional del Aborto, llevada a cabo por la Universidad de Brasilia, cada año 500.000 mujeres realizan abortos clandestinos en el país.
Chile: El 14 de septiembre de 2017 la entonces presidenta, Michelle Bachelet, promulgó una histórica ley que despenaliza el aborto voluntario en tres casos: cuando exista riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto, o violación. Desde 1931 estuvo vigente en el país una ley de aborto terapéutico que la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) derogó pocos meses antes del término de su régimen. Hasta la sanción de la ley en 2017, el aborto en cualquier circunstancia era castigado con penas de prisión.
Uruguay: La interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en 2012. La ley le quitó responsabilidad penal a la mujer que recurra a un aborto en las primeras doce semanas de embarazo. Para eso, debe asistir a una consulta médica en hospitales del sistema nacional de salud e informar su decisión de interrumpir la gestación. A su vez, profesionales de la salud dispondrán para el mismo día o el inmediato siguiente que la mujer realice una consulta con un equipo interdisciplinario de apoyo psicológico y social, que le informará sobre otras alternativas. Desde la vigencia de la ley, Uruguay se convirtió en el segundo país, detrás de Canadá, con menor mortalidad materna en América, según la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Venezuela: El aborto está permitido en Venezuela sólo en los casos de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. El Código Penal establece una sanción que va de los seis meses a los dos años de cárcel para la mujer que interrumpa su embarazo.
Cuba: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Cuba desde hace más de medio siglo. Está contemplado hasta la semana doce de gestación y se puede practicar en instituciones del sistema de salud pública. El plazo para practicar un aborto podrá extenderse, por razones médicas o de salud, hasta la semana 22 de gestación.
Estados Unidos: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Estados Unidos desde 1973. La Suprema Corte de Justicia dictaminó en un fallo, a partir de un juicio iniciado por una embarazada producto de una violación, que la mujer tiene el derecho de decidir llevar o no el embarazo a término. El aborto puede practicarse durante las primeras doce semanas de embarazo.
El Salvador: La normativa en El Salvador prohíbe el aborto y es una de las más duras que rigen en América. La mujer que decide someterse a una intervención de ese tipo y es descubierta puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.
El siguiente es un repaso de las distintas realidades en algunos de los países americanos:
México: El aborto es legal en los 32 estados de México para los casos de embarazo por violación. Como cada estado mexicano tiene su propia legislación, algunos consideran otras causales en su normativas, entre ellas malformaciones en el feto; si la vida de la mujer corre peligro; si se trató de una inseminación artificial no consentida; y si la situación económica es precaria, en caso de que la mujer ya tenga tres hijos o más. Organizaciones civiles y de derechos humanos señalan que en la práctica no hay facilidades para realizar un aborto, incluso bajo esos motivos. El único estado en el que el aborto es legal para cualquier mujer es la Ciudad de México, que en 2007 reformó su Código Penal para incluir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Brasil: El aborto solo es permitido en Brasil en casos de violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia fetal. No es considerado crimen el aborto realizado fuera de territorio nacional. En todos los otros casos, el Código Penal lo considera delito contra la vida humana y están previstas penas de prisión de uno a tres años para la gestante que provoque o permita que otra persona lo haga. Para quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada, las penas van de tres a diez años. En los casos permitidos, el Estado lo puede realizar por medio del SUS (Sistema Único de Salud, público). Según la Investigación Nacional del Aborto, llevada a cabo por la Universidad de Brasilia, cada año 500.000 mujeres realizan abortos clandestinos en el país.
Chile: El 14 de septiembre de 2017 la entonces presidenta, Michelle Bachelet, promulgó una histórica ley que despenaliza el aborto voluntario en tres casos: cuando exista riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto, o violación. Desde 1931 estuvo vigente en el país una ley de aborto terapéutico que la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) derogó pocos meses antes del término de su régimen. Hasta la sanción de la ley en 2017, el aborto en cualquier circunstancia era castigado con penas de prisión.
Uruguay: La interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en 2012. La ley le quitó responsabilidad penal a la mujer que recurra a un aborto en las primeras doce semanas de embarazo. Para eso, debe asistir a una consulta médica en hospitales del sistema nacional de salud e informar su decisión de interrumpir la gestación. A su vez, profesionales de la salud dispondrán para el mismo día o el inmediato siguiente que la mujer realice una consulta con un equipo interdisciplinario de apoyo psicológico y social, que le informará sobre otras alternativas. Desde la vigencia de la ley, Uruguay se convirtió en el segundo país, detrás de Canadá, con menor mortalidad materna en América, según la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Venezuela: El aborto está permitido en Venezuela sólo en los casos de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. El Código Penal establece una sanción que va de los seis meses a los dos años de cárcel para la mujer que interrumpa su embarazo.
Cuba: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Cuba desde hace más de medio siglo. Está contemplado hasta la semana doce de gestación y se puede practicar en instituciones del sistema de salud pública. El plazo para practicar un aborto podrá extenderse, por razones médicas o de salud, hasta la semana 22 de gestación.
Estados Unidos: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Estados Unidos desde 1973. La Suprema Corte de Justicia dictaminó en un fallo, a partir de un juicio iniciado por una embarazada producto de una violación, que la mujer tiene el derecho de decidir llevar o no el embarazo a término. El aborto puede practicarse durante las primeras doce semanas de embarazo.
El Salvador: La normativa en El Salvador prohíbe el aborto y es una de las más duras que rigen en América. La mujer que decide someterse a una intervención de ese tipo y es descubierta puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.
Pautas que propone el proyecto para legalizar el aborto en Argentina
La Cámara de Diputados de Argentina debatirá el miércoles un proyecto de ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.
Si la iniciativa resulta aprobada, será analizada luego por la Cámara de Senadores, que podría transformarla en ley o rechazarla. En ese caso, el proyecto regresará a Diputados para un nuevo tratamiento.
Los siguientes son algunos aspectos legales que contempla el texto que será debatido en el Parlamento:
¿En qué casos la ley argentina contempla la posibilidad de abortar?
El Código Penal argentino, que entró en vigor en 1922, establece los siguientes casos en los que no se debe penalizar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el objetivo de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo haya sido producto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, consideró en un fallo que las mujeres víctimas de una violación, ya sean “normales o insanas”, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo a sufrir una sanción penal; sólo es necesaria una declaración jurada en la que conste el delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.
¿Qué reformas establece el proyecto de ley en discusión?
El proyecto de ley sostiene que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y a contar con la posibilidad abortar, en un plazo máximo de cinco días, en cualquier hospital o clínica del sistema de salud del país.
Después de la semana 14 de gestación, el aborto estará garantizado sólo para los casos de embarazo producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si se diagnosticara la muerte del feto. La práctica del aborto no requerirá de una autorización judicial previa. En tanto, las adolescentes menores de 16 años deberán tener un consentimiento de sus padres.
¿Quiénes son las autoras del proyecto?
La iniciativa fue presentada por más de 300 organizaciones sociales, científicas, políticas y de derechos humanos agrupadas en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue creada en 2003. En seis ocasiones anteriores el debate del proyecto no prosperó en el Parlamento por no contar con el aval mayoritario de las bancadas. La Campaña levanta como consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Además, exhibe como símbolo un pañuelo de color verde.
¿Qué información recibirá la mujer que decide abortar?
La iniciativa que se debatirá en la Cámara de Diputados establece el funcionamiento de consejerías en los hospitales y clínicas del sistema de salud del país para brindarles a las mujeres, antes y después de la interrupción del embarazo, información de carácter médica, social y psicológica. En el mismo ámbito se dará información sobre los distintos métodos de anticoncepción disponibles, como también la entrega de esos elementos.
Argentina cuenta desde 2015 con un Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que fue desarrollado por el Ministerio de Salud. Este conjunto de reglas, sin embargo, se aplica en sólo diez de los 24 distritos en los que se divide el país.
¿Cuál es la postura de la OMS ante el aborto?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los países deben garantizar al momento de la práctica de un aborto la protección de la salud y los derechos de las mujeres, que se trate de una decisión informada y voluntaria y sea confidencial.
“Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias”, indicó en un informe de 2017 Bela Ganatra, científica del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS.
Si la iniciativa resulta aprobada, será analizada luego por la Cámara de Senadores, que podría transformarla en ley o rechazarla. En ese caso, el proyecto regresará a Diputados para un nuevo tratamiento.
Los siguientes son algunos aspectos legales que contempla el texto que será debatido en el Parlamento:
¿En qué casos la ley argentina contempla la posibilidad de abortar?
El Código Penal argentino, que entró en vigor en 1922, establece los siguientes casos en los que no se debe penalizar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el objetivo de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo haya sido producto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, consideró en un fallo que las mujeres víctimas de una violación, ya sean “normales o insanas”, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo a sufrir una sanción penal; sólo es necesaria una declaración jurada en la que conste el delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.
¿Qué reformas establece el proyecto de ley en discusión?
El proyecto de ley sostiene que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y a contar con la posibilidad abortar, en un plazo máximo de cinco días, en cualquier hospital o clínica del sistema de salud del país.
Después de la semana 14 de gestación, el aborto estará garantizado sólo para los casos de embarazo producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si se diagnosticara la muerte del feto. La práctica del aborto no requerirá de una autorización judicial previa. En tanto, las adolescentes menores de 16 años deberán tener un consentimiento de sus padres.
¿Quiénes son las autoras del proyecto?
La iniciativa fue presentada por más de 300 organizaciones sociales, científicas, políticas y de derechos humanos agrupadas en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue creada en 2003. En seis ocasiones anteriores el debate del proyecto no prosperó en el Parlamento por no contar con el aval mayoritario de las bancadas. La Campaña levanta como consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Además, exhibe como símbolo un pañuelo de color verde.
¿Qué información recibirá la mujer que decide abortar?
La iniciativa que se debatirá en la Cámara de Diputados establece el funcionamiento de consejerías en los hospitales y clínicas del sistema de salud del país para brindarles a las mujeres, antes y después de la interrupción del embarazo, información de carácter médica, social y psicológica. En el mismo ámbito se dará información sobre los distintos métodos de anticoncepción disponibles, como también la entrega de esos elementos.
Argentina cuenta desde 2015 con un Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que fue desarrollado por el Ministerio de Salud. Este conjunto de reglas, sin embargo, se aplica en sólo diez de los 24 distritos en los que se divide el país.
¿Cuál es la postura de la OMS ante el aborto?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los países deben garantizar al momento de la práctica de un aborto la protección de la salud y los derechos de las mujeres, que se trate de una decisión informada y voluntaria y sea confidencial.
“Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias”, indicó en un informe de 2017 Bela Ganatra, científica del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS.
