Chilpancingo, Guerrero, 6 de octubre de 2017. Policías estatales cesados en mayo de 2017 se concentraron en la explanada de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum) para insistir al presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, que les informe los avances de la recomendación que aún no se ha emitido y será dirigida al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, por el despido injustificado.
A la una de la tarde unos 30 ex agentes llegaron a la sede de la Codehum para presionar para que se les informe los avances de la recomendación por el despido injustificado de 140 policías que aún demandan su reinstalación o liquidación conforme a la ley.
Uno de ellos quien se reservó su nombre recordó que hace 18 días se reunieron con Navarrete y acordaron que el 18 de octubre les informarían de la recomendación que será emitida en contra del secretario de la SSP estatal, pero acudieron antes del plazo porque quieren conocer su situación laboral, si serán reinstalados o despedidos.
Comentó que en mayo después de ser despedidos 176 policías estatales, de los cuales 140 agentes aún demandan su reinstalación o liquidación, no han sido atendidos por Almazán Cervantes ni funcionarios de la dependencia para atender su situación laboral.
El ex agente pidió una audiencia con Navarrete Magdaleno para que les informe de los avances de la situación laboral de los 140 policías que continúan luchando para resolver su problema laboral.
Los inconformes entraron a las oficinas de la Codehum y fueron atendidos por el ombudsman guerrerense y el secretario técnico de la comisión, Ángel Miguel Sebastián Ríos.
El agente despedido informó que los acuerdos fueron que Navarrete Magdaleno dio un plazo de tres semanas para que les informe de los resultados de la recomendación que será enviada a Almazán Cervantes por el despido injustificado de los 140 policías que continúan luchando para resolver su problema laboral.
Hace 18 días los ex agentes de la policía estatal se quejaron porque Navarrete Magdaleno hace caso omiso para dar seguimiento a la queja que presentaron en contra de Almazán Cervantes por despido injustificado y abuso de autoridad.
El 29 de mayo unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango), pararon labores en el cuartel en Chilpancingo para exigir al gobernador y al secretario de la SSP una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el paro y el 31 de mayo la SSP informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.
Nota de Luis Blancas.
