Ciudad de México, 14 de febrero de 2023. En la nueva convocatoria para elegir consejeros del Instituto Nacional Electoral se fijó el 31 de marzo como la fecha probable para que sean electos mediante el método de la insaculación en el pleno de la Cámara de Diputados, ante la negativa de Morena a negociar con la Oposición los perfiles que presente el Comité Técnico de Evaluación.
La convocatoria también amplía las posibilidades para que sea electa una mujer para presidir al INE.
Además, contrario a lo que se esperaba, no hay ninguna disposición que permita a siete de los consejeros que permanecerán en el INE buscar la presidencia del Instituto.
La propuesta de convocatoria fue aprobada en la Junta de Coordinación Política y se espera que se presente este día al Pleno, también para que sea avalada.
Aunque la Jucopo está obligada a buscar el mayor consenso posible para la elección de consejeros, que requieren la votación de las dos terceras partes del pleno para aprobar el nombramiento, en la convocatoria incluye el escenario de que, en caso de desacuerdo, se llegue a la tómbola para definir a los consejeros electorales.
“En caso de que, vencido el 30 de marzo de 2023, las propuestas formuladas por la Junta de Coordinación Política no alcancen la votación calificada de dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en el Pleno, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocará a sesión del pleno, a celebrarse el 31 de marzo de 2023 en la que se realizará la elección de las consejerías electorales que se encuentren vacantes mediante insaculación”, señala el documento.
La nueva convocatoria da respuesta a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó a la Cámara ajustes para precisar que se deberá elegir al presidente del INE, que se tomará en cuenta la paridad de género y que no se obligara al Comité Técnico de Evaluación a presentar informes sobre los candidatos a la Jucopo, previo a la integración de quintetas.
Sin embargo, sí se prevé que el Comité entregue dichos informes, justo antes de se entregue la lista de los 20 finalistas.
“El Comité Técnico de Evaluación podrá, en su caso, enviar a la Junta de Coordinación Política, como máximo el 24 de marzo, un documento que contenga los datos de las personas aspirantes mejor evaluadas con base en su trayectoria personal y profesional, los valores de imparcialidad, honestidad, legalidad y demás que estén vinculados con su vocación de servicio público”, indica la convocatoria.
El documento indica que, para cumplir con la paridad de género, se tendrán que presentar dos quintetas con género de hombre, la lista uno y la lista tres.
La lista dos será con género de mujer.
La última quinteta será para elegir al titular del INE y en esta lista número cuatro, dos de las personas aspirantes tendrán que ser de un género, y las otras tres aspirantes del otro género, sin especificar cuál en cada caso.
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 23 de febrero, se llevaría a cabo la inscripción y registro de las y los aspirantes.
En total, el proceso duraría poco más de un mes y concluiría el 31 de marzo, fecha en la que está programada una eventual sesión del pleno para llevar a cabo el proceso de insaculación, en caso de que previamente no lleguen a un acuerdo en torno a los nombramientos.
A partir del 24 de febrero se llevaría a cabo la evaluación de las y los aspirantes y el 26 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación deberá entregar a la Jucopo las quintetas, que deberán garantizar la paridad de género.
La convocatoria establece el 29 de marzo como plazo para que la Jucopo alcance un acuerdo en torno a las quintetas y establece que, en caso de no lograrlo, la insaculación se llevará a cabo dos días después.
El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, indicó que el jueves se publicará la convocatoria en el Diario Oficial, por lo que para ese entonces ya deberá estar instalado el Comité Técnico de Evaluación, órgano de 7 integrantes que deben revisar la documentación de los aspirantes, llevar la evaluación de los mismos y formar las cuatro quintetas con los mejor calificados.
La CNDH y el INAI ya informaron de los dos integrantes que les corresponden proponer a cada uno, pero Mier ha atrasado los tres nombres que propondrá la Jucopo. Se espera que ya mañana los dé a conocer.
En la etapa de evaluación, la convocatoria señala que el 4 de marzo se emitirá el documento que diga qué aspirantes cumplieron con la documentación.
Para el 7 de marzo se llevará a cabo el examen a los candidatos y continuarán en la siguiente fase solo el 50 por ciento de los participantes. La lista final de los mismos se presentará a más tardar el 8 de marzo.
El listado definitivo se dará a conocer el 10 de marzo.
Del 17 al 22 de marzo se llevarán a cabo entrevistas con los candidatos que hayan llegado a esa etapa.
El Comité Técnico de Evaluación entregará a la Jucopo las cuatro quintetas a más tardar el 26 de marzo.
La Cámara de Diputados “impulsará la construcción de los acuerdos” para la elección del cargo de consejera presidenta o consejero presidente y tres cargos de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución y numeral 2 del artículo 34 bis de la Ley Orgánica del Congreso General, señala la convocatoria.
Admite juez primer amparo contra “Plan B”; niega suspensión
Un juez federal admitió hoy a trámite el primer amparo que impugna aspectos del llamado “Plan B” de reformas electorales, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
German Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió una demanda que cuestiona la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicada el pasado 27 de diciembre, por la cual los estados y municipios solo pueden dedicar 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Este tope no existía en la versión anterior de la LGCS, y fue impugnado por la Asociación de Municipios de México (AMMAC), una de varias que agrupan a gobiernos locales del País.
Si bien el juez admitió el amparo, se negó a conceder una suspensión provisional para frenar la aplicación de esta norma mientras se tramita el juicio. La AMMAC puede impugnar este fallo mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito.
Según la AMMAC, el tope de 0.1 por ciento, y la exigencia de que una Unidad Administradora del gobierno estatal respectivo verifique previamente los programas de comunicación social de los municipios, viola reglas del articulo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental.
La priista Nayeli Gutiérrez Gijón, opositora el dirigente nacional de ese partido, Alejando Moreno, es Presidenta Ejecutiva de la AMMAC, en cuya junta directiva participan alcaldes de varios partidos.
Las reformas a la LGCS, que entre otros puntos modifico el concepto de propaganda gubernamental para que no se sancione a los funcionarios por las opiniones que expresan, así como cambios a la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, fueron la única parte del “Plan B” que el Congreso pudo aprobar en diciembre.
Cuatro partidos de oposición y las minorías en las Cámaras de Diputados y Senadores ya presentaron acciones de inconstitucionalidad para impugnar ambas leyes ante la Suprema Corte de Justicia.
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno estatal de Coahuila, y municipios de oposición como Durango, Hermosillo, Guanajuato, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Campeche, Querétaro y Mérida, ya también promovieron controversias constitucionales ante la Corte contra la misma reforma, pero todos estos recursos están pendientes de admisión en el máximo tribunal.
Esta por verse si el Ministro o Ministra instructora concederá una suspensión, lo que en principio es muy poco probable, pues la Corte no puede suspender las leyes mientras analiza su Constitucionalidad.
Eventualmente, la Corte también tendría que revisar las sentencias que dicten en primera instancia los jueces que tramiten amparos, que están en proceso de ser presentados por asociaciones civiles y grupos de litigio estratégico.
La parte central del “Plan B”, que incluye una amplia reforma para adelgazar la estructura del INE, así como para modificar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solo fue aprobada en fast track en diciembre por la Cámara de Diputados, pero está pendiente su aprobación en el Senado, por lo que aún no ha sido promulgada ni publicada, y por tanto no puede ser impugnada ante el Poder Judicial.
Texto: Claudia Salazar / Agencia Reforma
