El Congreso aprobó la Ley General de Comunicación Social en el límite del plazo marcado para ello por la Suprema Corte. De esa forma evitó caer en desacato, pero la premura fue aprovechada por un bloque de legisladores del PRI y del PVEM para establecer una norma que legaliza precisamente lo que se pretendía erradicar: la discrecionalidad, opacidad y el derroche en la propaganda oficial. En el mismo “paquete de medios” entró la reforma a la Ley de Derechos de Autor –propuesta por el vocero de José Antonio Meade– para que puedan bajarse contenidos de la red y embargarse de forma “cautelar” los equipos utilizados para realizarla, aun sin que se haya probado la existencia de un delito.
Jenaro Villamil / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. En menos de tres días, con claras violaciones al proceso legislativo, acusaciones de “mayoriteo”, “madruguetes” y hasta de “corrupción procedimental”, los senadores del PRI, PVEM y algunos de la bancada del PAN ayudaron a aprobar un paquete de reformas para mantener el control de la Secretaría de Gobernación sobre los medios y la publicidad oficial, a través de la llamada Ley Chayote.
Asimismo, ese bloque de legisladores modificó artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor a propuesta del senador Javier Lozano, a fin de autorizar “medidas precautorias” que pueden llegar al embargo de sitios digitales y otros medios de comunicación.
El “paquete de medios” que se aprobó en el Senado a última hora también incluyó una reforma de último momento para disminuir las multas a violaciones de concesiones y cualquier otra disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones de 1-3% a 0.1-0.75%, en presunto cumplimiento de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de TV Azteca.
También se aprobó una reforma al párrafo tercero del artículo séptimo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los concesionarios de radio y televisión puedan aprobar una prórroga a su concesión por 20 años después de la quinta parte del plazo de ley. La iniciativa fue presentada por el senador priista Raúl Aarón Pozos Lanz.
Éstas y otras reformas que benefician a los medios electrónicos más grandes coincidieron con la publicación del reporte trimestral de enero-marzo de 2018 de Grupo Televisa y de TV Azteca ante la Bolsa Mexicana de Valores. Ambas compañías registraron fuertes caídas en su utilidad neta.
Por ejemplo, Televisa disminuyó 43% su utilidad neta, que en el primer trimestre de 2018 fue de 678 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2017 fue de mil 196 millones.
TV Azteca también reportó una caída de su utilidad neta al pasar de 388 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado a 173 millones de pesos en 2018, es decir, 56% menos.
Este año ambas compañías dependerán cada vez más de la publicidad oficial y de los recursos que obtengan por la comercialización de sus espacios en función de la Copa Mundial de Futbol.
Ley Chayote
El escándalo más ventilado en las redes sociales y entre las organizaciones que forman parte del colectivo #MediosLibres fue la aprobación fast track por 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, al filo de la madrugada del pasado jueves 26, de la minuta procedente de la Cámara de Diputados para crear una nueva Ley General de Comunicación Social, rebautizada como Ley Chayote.
Todo el proceso en comisiones para dictaminar esta minuta estuvo plagado de irregularidades. La senadora independiente Martha Tagle, quien presentó una “moción suspensiva” ante el pleno, explicó que una “suma de factores” permitió que esta ley se aprobara a pesar de la abierta oposición de las organizaciones promotoras, como Artículo 19.
“En primer lugar fue un mal momento legislativo. La mayoría de los senadores ya andan en campaña electoral. El otro elemento fue la supuesta presión de la SCJN para aprobarla antes del 30 de abril. Y el principal error fue la violación de los métodos del Parlamento Abierto, ya que no se consultó a las organizaciones sociales”, afirma Tagle en entrevista.
La legisladora considera que es procedente la acción de inconstitucionalidad contra esta Ley General de Comunicación Social, una vez que se promulgue por el Ejecutivo federal. La bancada del PAN ya está recabando firmas y las organizaciones sociales podrán acudir ante la SCJN.
–¿Es posible que los propios ministros de la SCJN la rechacen por sus vicios de procedimiento y por su contenido? –se le pregunta.
–Creo que la Corte tendrá que resolver si es constitucional o no, pero se tomará su tiempo para que no incida en los tiempos electorales.
Tagle relata que se cometieron varios vicios de procedimiento en las comisiones unidas. El PRI hizo “un movimiento estratégico” para colocar al frente de la Comisión de Gobernación al senador Pozos Lanz, quien mantuvo la consigna de aprobarla sin modificación. En la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador Froylán Esquinca, suplente de Zoé Robledo, demostró inexperiencia y los panistas descuidaron su presencia en la Comisión de Estudios Legislativos.
Desde el jueves 19 hubo un empate en las tres comisiones, lo que impedía que la ley se subiera al pleno del Senado. El martes 24 se volvieron a reunir los integrantes de las comisiones. El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, quien había insistido en la necesidad de pedirle una prórroga a la SCJN, ya no se presentó. Otros senadores panistas que fueron críticos ya no acudieron; uno de ellos, Raúl Gracia, intentó presentar un dictamen alterno, pero la mayoría priista y del PVEM lo bloqueó.
La discusión de la Ley Chayote se empalmó con la aprobación de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la reforma constitucional contra el fuero y con más de 60 dictámenes de asuntos muy delicados.
“En síntesis, violentaron el procedimiento legislativo para aprobar una ley que permite utilizar el presupuesto público bajo la ambigüedad de que son ‘campañas de comunicación social’, mantiene el control de los medios a través de la Secretaría de Gobernación, no establece ninguna sanción y tampoco modifica la concentración de recursos”, sintetiza Tagle.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, consideró que aprobar esta ley fue una “triste noticia” porque “es una ley que no contiene criterios para regular verdaderamente la publicidad oficial y eliminar la discrecionalidad”.
En varias entrevistas Jarab reiteró: “Nuestra oficina y la relatoría de libertad de expresión sin duda vamos a continuar empujando para que se establezcan las reglas claras para la publicidad oficial que no se lograron en esta ley”.
Seguirá el despilfarro
Durante el debate, el senador independiente Alejandro Encinas argumentó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaron 40 mil millones de pesos a los gastos de comunicación social, 28 mil millones de los cuales se ejercieron por la vía del sobrecosto. De estos recursos, 58% se ha concentrado en sólo 20 medios y más de 20% del gasto se destinó a las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.
Encinas calificó de “lamentable” que se aprobara sin cambios la minuta procedente de la Cámara de Diputados, porque va en contra de la reforma constitucional del artículo 134 y también “del fondo de la sentencia” de la SCJN.
También presentó un voto particular, en contra, el senador panista Héctor Larios, quien calificó de “denigrante” que se apruebe una ley con un “capítulo de sanciones sin sanciones”.
Larios insistió en que esta minuta legaliza el método de “tirar el dinero de los contribuyentes a la basura” en campañas de promoción de los gobernadores y funcionarios. Por ejemplo, citó Larios, el ayuntamiento de Hermosillo “gastó más en propaganda que en obra social”.
La senadora Dolores Padierna, del bloque PT-Morena, advirtió que durante el gobierno de Peña Nieto se pasó de la lógica de “no pago para que me peguen”, del sexenio de López Portillo, a la máxima de “pago para que no me peguen”, pero sin ninguna eficacia.
(En la imagen: Los senadores Alejandro Encinas, José Ascención Orihuela, Dolores Padierna y Emilio Gamboa, en la sesión para aprobar la Ley de Comunicación Social. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)
