Texto: DPA / Foto: Archivo EFE
Barcelona, España, 27 de marzo de 2018. Grupos independentistas cortaron hoy varias calles y autopistas en Cataluña en protesta por la detención del ex presidente regional Carles Puigdemont, que este lunes quedó en prisión preventiva en Alemania a la espera de su entrega a España.
Los cortes fueron organizados por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos civiles organizados para impulsar la implementación de una supuesta Cataluña independiente.
Cientos de militantes de los CDR provocaron retenciones y desvíos al irrumpir tanto en la autopista A2, una de las principales del país, como en carreteras regionales y calles céntricas de Barcelona. Miles de coches quedaron bloqueados varias horas.
“Estalla la primavera catalana”, anunciaron los CDR en un comunicado, aludiendo a la llamada “primavera árabe” que hace siete años revolucionó varios países del norte de África y Cercano Oriente.
El comunicado anuncia “movilizaciones en todo el territorio”, que “van a desbordar las previsiones y cambiar la mentalidad respecto a las vistas hasta el momento”, en protesta contra la “ocupación” de España y con un objetivo: “la construcción efectiva de la República”.
También el partido antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), una de las tres fuerzas independentistas que forman mayoría absoluta en el Parlamento catalán, publicó varias fotos de las protestas con el mensaje: “¡La primeravera catalana ha comenzado!”.
De forma paralela, el 15 de abril se celebrará en Barcelona una “gran manifestación” en defensa de los independentistas presos o desplazados fuera de España convocada hoy por las dos principales entidades civiles soberanistas, cuyos ex líderes cumplirán ese día seis meses en prisión preventiva, y por sindicatos catalanes.
La plataforma convocante, que integra también a asociaciones de deportistas, actores y otros sectores, reclama que los problemas políticos tengan “una respuesta política y no una represiva”.
La nueva ola de movilizaciones llega un día después de que Puigdemont quedara en prisión preventiva en Alemania a la espera de que se decida su entrega a España, un trámite que podría durar de diez a 60 días.
El cesado presidente, que llevó hasta el extremo el plan independentista en Cataluña, fue detenido el domingo tras cruzar en coche la frontera norte de Alemania. El Tribunal Supremo español había activado el viernes una orden europea de detención contra él.
El gobierno español insistió hoy en que la situación judicial es “clara” y no piensa interferir de ningún modo.
“Alemania castiga la rebelión, la alta traición, con entre diez años y la prisión de por vida. No se trata de una cuestión española. Saltarse los cimientos de un Estado miembro también es delito en Alemania”, sostuvo el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
El ministro aludió también al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que admitió a trámite una queja de Puigdemont en la que el ex presidente acusa a España de violar sus derechos políticos y civiles.
“Ese comité no es un órgano jurisdiccional, y lo que hará será mandar una comunicación a España para que esta dé cuenta de la situación del señor Puigdemont, y es lo que haremos”, explicó Méndez de Vigo. El procedimiento completo podría durar varios meses.
Puigdemont, que llevaba cinco meses viviendo en Bruselas, está acusado en
España por rebelión y malversación. En total hay 25 líderes catalanes procesados por el plan soberanista, nueve de ellos ya en prisión preventiva en Madrid y otros seis fuera de España.
Dos policías catalanes viajaban
con Puigdemont cuando fue detenido
La Policía Nacional española denunció hoy martes a dos agentes de los Mossos d’Esquadra (la Policía catalana) que acompañaban al ex presidente de la región Carles Puigdemont cuando fue detenido el domingo tras ingresar en un coche a Alemania, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a la agencia dpa.
En concreto, la policía acudió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que los agentes pudieron incurrir en un delito -por ejemplo de encubrimiento- al ayudar al independentista en su viaje cuando existía ya una orden europea de detención activada el viernes por el Tribunal Supremo español.
De forma paralela, los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación interna para determinar la actuación de sus dos agentes, añadieron las fuentes.
Puigdemont fue detenido al cruzar la frontera norte de Alemania cuando intentaba regresar a Bruselas, donde lleva viviendo cinco meses desde que fue destituido por el Gobierno español a fines de octubre debido a la escalada de su plan soberanista.
En su coche viajaban otras cuatro personas, identificadas en la prensa española como un historiador y un empresario cercanos a Puigdemont y los dos policías.
Varios agentes de los Mossos se trasladaron a Bruselas durante estos meses para actuar como escoltas de Puigdemont a título privado y durante períodos de excedencia. Uno de ellos tiene abierto ya un expediente interno para determinar si cometió alguna irregularidad durante esa actuación.
Pablo Llarena, el juez que
acorraló al independentismo catalán
“Los Países Catalanes serán tu infierno”: la amenaza pintada en plena calle señala una casa de Pablo Llarena, el polémico juez que desplegó toda la fuerza del Tribunal Supremo español para desmantelar el plan independentista en Cataluña y quedó así en el ojo de un terremoto político que sacude España y Europa.
Visto por los soberanistas catalanes como brazo judicial de un poder “autoritario” y por muchos antiindependentistas como el héroe que frenó la mayor amenaza a la estabilidad de España en décadas, el juez adoptó una postura implacable -y no exenta de polémica- contra el independentismo desde que asumió la causa a fines de octubre.
El resultado puede plasmarse en cifras: Llarena procesó a 25 políticos y líderes catalanes por el plan soberanista, que abrió una crisis institucional sin precedentes en España. Nueve de ellos están ya en prisión preventiva en Madrid y sobre otros seis que abandonaron el país pesa una orden de captura europea.
Entre ellos figura Carles Puigdemont. El ex presidente catalán, detenido el domingo en Alemania, está procesado por rebelión, delito castigado con hasta 30 años de cárcel. Ese mismo día aparecieron las pintadas ante una casa de Llarena en Cataluña, y el Consejo General del Poder Judicial tuvo que pedir protección para el juez.
“Lo señalaremos y responderemos a su represión tantas veces como haga falta”, avisó Arran, grupo juvenil afín al partido soberanista y antistema CUP al reivindicar las pintadas. Desde el ángulo opuesto, el diario “El Mundo” vio “tranquilizador constatar, por fin, que en un Estado de derecho nadie está por encima de las leyes”.
Atrás quedaron los días en que la prensa confundía su apellido con “Llanera” o rastreaba más información sobre un hombre poco conocido y llegado al Supremo hace apenas dos años. Reservado, poco mediático y amante de las motos, Llarena es ya sinónimo de la respuesta del Estado al independentismo.
La suerte le otorgó la causa por turno de reparto, pero Llarena conocía bien Cataluña, donde desarrolló la mayor parte de su carrera y donde viven su mujer y sus dos hijos.
Nacido en Burgos (norte) en 1963 en una familia de abogados, el juez dividió desde un principio opiniones en particular por mantener a 13 procesados (Puigdemont incluido) por rebelión, un cargo que implica la intención o ejecución de cometer actos violentos. Muchos no los ven en la crisis catalana, pero Llarena sí.
Sobre todo una protesta soberanista durante una operación de la Guardia Civil el 20 de septiembre en Barcelona, en la que los agentes quedaron bloqueados en un edificio y sus coches fueron destruidos, reflejó “todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia”, señaló el juez.
Su auto de procesamiento ve además una estrategia “minuciosa” para independizar Cataluña y considera que sus instigadores “siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza”.
La influencia de Llarena en la evolución de la crisis catalana fue directa y decisiva. Rechazó, por ejemplo, el pedido del candidato Jordi Sànchez de salir de la cárcel para ser investido presidente por el Parlamento catalán y envió a prisión preventiva a Jordi Turull, otro aspirante a presidir un Gobierno que Cataluña sigue sin formar.
“¿De qué han servido las elecciones si el juez ha decidido?”, criticó en su momento Puigdemont. “¿Por qué un único juez, que no ha votado nadie, puede determinar si un diputado, que tiene todos sus derechos, puede ser o no presidente? ¿Es más importante un juez que más de dos millones de catalanas?”.
Un juez tal vez no, responden los antiindependentistas y el Gobierno en Madrid, pero sí la ley y la Constitución. “Todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia”, sostuvo el martes la “número dos” de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. El debate sigue abierto y Llarena en el centro.
