Ciudad de México, 8 de mayo de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a Juan Fernando Alvarado López, el juez distrito que frenó indefinidamente tanto las órdenes de captura como la suspensión de derechos político-electorales de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, procesó a su homólogo por delitos contra la administración de la justicia, confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Alvarado, un juez de carrera, es el primer impartidor de justicia que es llevado ante la justicia y procesado, desde que en septiembre inició la nueva administración del Poder Judicial de la Federación, derivada de la reforma en la materia.
El delito que le imputan, previsto por la fracción sexta del artículo 225 del Código Penal Federal, sanciona con 4 a 10 años de prisión a quien dicte una resolución o sentencia que sea ilícita por violar un precepto de ley o sea contraria a actuaciones del juicio.
Según la información proporcionada, Rivera decidió no imponerle ninguna medida cautelar al ex Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal de Tamaulipas.
Oficialmente, ni el Órgano de Administración Judicial ni la Fiscalía General de la República han informado cuáles son las resoluciones o hechos específicos por los que le iniciaron el procedimiento penal.
En febrero pasado, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año para desempeñar cualquier cargo público a Alvarado López.
En forma inusual, el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna dio a conocer la resolución a través de un video en redes sociales e incluso exhibió el presunto documento del fallo en la que la Comisión de Disciplina del TDJ sanciona al ex Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal de Tamaulipas.
“Se impone a Juan Fernando Alvarado López la sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y a participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un año”, se alcanza a leer en el documento que exhibió el legislador.
Incluso, en aquel momento, la Cámara de Diputados y no el TDJ emitió un comunicado oficial para informar que la sanción de primera instancia a Alvarado fue impuesta por dictar ilegalmente varias resoluciones de amparo.
No obstante, la inhabilitación aparentemente fue dictada por temas ajenos a los fallos dictados directamente en favor del ex Gobernador de Tamaulipas.
“El Tribunal de Disciplina determinó que no se trató de simples errores, sino de fallas muy graves e injustificables que rebasaron lo que puede considerarse aceptable en el trabajo de un juez”, dice el texto de la Cámara baja.
“Se determinó que emitió decisiones y acuerdos apartándose claramente de lo que marca la ley. Es decir, ignoró reglas expresas y dejó de actuar con la objetividad, imparcialidad y seriedad que deben caracterizar a cualquier persona que imparte justicia, por lo que lo inhabilita para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y a participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas”.
Según el comunicado, el TDJ analizó en su determinación el caso relacionado con la suspensión que Alvarado concedió para impedir la remoción del entonces Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción estatal, Raúl Ramírez Castañeda, afín a Cabeza de Vaca.
El 10 de julio de 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal suspendió del cargo a Alvarado, quien tres meses antes había congelado indefinidamente tanto las órdenes de aprehensión como la suspensión de derechos político-electorales del ex Gobernador panista de Tamaulipas, quien reclamaba el derecho a contender como candidato a diputado federal plurinominal por el PAN.
Sin embargo, tanto el Instituto Nacional Electoral como el TEPJF negaron regresarle la candidatura al tamaulipeco.
Una semana después de ser apartado del cargo, la Visitaduría Judicial del CJF también inició una visita extraordinaria a su juzgado en Tamaulipas, para investigar todas sus actuaciones y recibir cualquier denuncia contra Alvarado y su personal.
Agencia Reforma
