Acuerdan autoridades de las cinco Casas de Justicia que podrían usar armamento exclusivo del Ejército en “situaciones especiales” en el combate al crimen organizado. En sus cárceles habrá división entre mujeres y hombres. El vocero Raúl de Jesús Cabrera informa que se modificaron 18 de 80 artículos con votación a favor de las reformas unánime
Chilpancingo, Guerrero, 19 de diciembre de 2022. Autoridades de las cinco Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) aprobaron en asamblea general el sábado pasado la modificación de 18 de 80 artículos de su reglamento interno, de los que destacan la prohibición de la venta de niñas y el matrimonio forzado, además podrán utilizar armas de uso exclusivo del Ejército en “situaciones especiales” contra el crimen organizado, y en sus cárceles de reeducación habrá división entre mujeres y hombres, y sólo los hombres serán reeducados.
Los coordinadores de las casas de justicia intervendrán sólo en deudas económicas comunitarias y no en conflictos particulares o de empresas, porque en éstas últimas utilizan a la institución como cobradores.
Ayer en declaraciones vía telefónica, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera informó que el sábado se celebró la asamblea general en el auditorio del barrio de San Isidro, en San Luis Acatlán, a la que asistieron 133 autoridades de 216 de las cinco casas de justicia, así que hubo quórum legal para tomar acuerdos.
Mencionó que a las 9 de la mañana se abrió el registro de las autoridades asistentes y a las 10:20 se instaló legalmente la asamblea, en la que se entregó el resumen final de las propuestas de modificación discutidas en las reuniones previas en cada Casa de Justicia, como se acordó el 14 de octubre, cuando celebraron el aniversario 27 de la CRAC-PC.
Contó que se modificaron 18 de 80 artículos del reglamento interno, “se explicaron los motivos de las modificaciones, posteriormente se puso a consenso de las autoridades si las aprobaban para que entrara en vigor el nuevo Reglamento Interno y la votación a favor de las reformas fue unánime, no hubo ningún voto en contra”.
Expresa la gobernadora Evelyn su reconocimiento al cambio de reglamento
La tarde del sábado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en su página oficial de Facebook expresó su reconocimiento a la CRAC-PC, “por la aprobación de los cambios en su Reglamento Interior, mismos que modificaron 80 artículos destacando la prohibición de la venta de niñas y los matrimonios forzados”.
“Todas y todos tenemos la responsabilidad de acabar con estas prácticas respetando los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Seguimos en la ruta de la transformación de Guerrero”, manifestó.
De Jesús Cabrera detalló que entre los cambios más relevantes está la modificación al artículo 33, en el que se determina que tienen tres meses para investigar los casos y sentenciar a los detenidos, o en caso contrario ponerlos en libertad si es que no hallaron pruebas, se añadió “que en los casos no graves continúan los tres meses, pero en los casos graves se hará una ampliación de hasta seis meses para determinar la sentencia o libertad”.
“De los derechos de las mujeres también se añadió al Reglamento Interno que está prohibida la venta de menores y también está prohibido el matrimonio forzado”, manifestó el vocero de la CRAC-PC.
Dijo que se agregó que las mujeres detenidas no serán sometidas a la misma reeducación que los hombres, “los hombres se someterán a reeducación en las comunidades 15 días en cada pueblo, mientras que las mujeres permanecerán en las casas de justicia, en el día harán labores de cocina, limpieza en el espacio y en las tardes deberán estar en sus cuartos”.
Además en cada Casa de Justicia se deberán de separar a las mujeres de los hombres detenidos en distintos espacios.
Del uso del armamento
Raúl de Jesús Cabrera destacó que otro de los cambios del reglamento es el manejo de armamento, detalló que normalmente portan armas que no son de uso exclusivo del Ejército, “pero se abrió una fracción por los tiempos diferentes que vivimos por el crimen organizado, ellos tienen otra tecnología, por eso se añadió que en el caso de que haya amenazas del crimen organizado en el territorio, en las casas de justicia, comités de enlace o comisarías, los coordinadores podrán autorizar el uso de armas de mejor calibre sólo para esa operación”.
–¿No generará esta decisión un conflicto con el Ejército o el gobierno del estado?–, se le preguntó.
–No lo creemos, porque todas las modificaciones y actualizaciones que se hicieron se aplicarán en el territorio, y no estamos haciendo operaciones como otras agrupaciones. Estamos hablando de casos especiales como amenazas del crimen organizado, mientras las cosas estén como ahora nuestra Policía Comunitaria se manejará con su armamento como lo hemos hecho hasta este momento.
–¿Un caso especial que haya ocurrido y en el que requerían usar otro tipo de armas de las que normalmente utilizan?
–Hemos recibido amenazas como en cualquier lugar, de extorsiones, pero se ha capturado a las personas que cometen estos delitos, pero que haya una confrontación o que lleguen a balacear el Ayuntamiento no hemos tenido esa situación, pero es lo que se está previniendo, en caso de que sucedan este tipo de amenazas habrá una reacción rápida de las casas de justicia, nos comunicaremos y se enfocarán todos en el lugar.
Mencionó que cuando se han reunido con el secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, le han informado que tienen armas de grueso calibre que decomisaron a los delincuentes detenidos por la CRAC, y que se quedan en las instituciones.
Aseguró que las armas de grueso calibre no las utilizan ni las exhiben, “son reservas de cada Casa de Justicia para cualquier emergencia”.
Dijo que en cada reunión con el gobierno del estado siempre han marcado distancia con otras agrupaciones que se hacen llamar policías comunitarias, pero que no son lo mismo que la CRAC-PC, y aseguró que con la Secretaría de Seguridad Pública estatal hay buena coordinación.
“Cruzamos información cuando es necesario, si es que hay una operación, ahora que hay muchas desapariciones de personas, si hay información también nosotros aportamos lo que tenemos, y si hay otra situación en diferentes lugares también pedimos información cuando es nuestra gente”, expuso.
El vocero mencionó que otra reforma fue precisar que los coordinadores no intervendrán en conflictos de deudas individuales con personas que se dedican a prestar dinero, porque “solo utilizaban a la institución”.
Manifestó que los coordinadores atenderán deudas comunitarias, por ejemplo conflictos con “los comités de la Iglesia que prestan dinero para generar intereses e invertir en las construcciones, también en las escuelas donde tiene un ahorro que se mueve, o los comisariados ejidales quienes manejan recursos por la venta de arena o madera”.
“Se autoriza que se atenderán asuntos que tienen que ver con las comunidades y se elimina la atención a los prestamistas o empresas particulares”, expresó.
Precisó que su artículo 41 decía que el demandante tendría que aportar el 10 por ciento del capital base de la deuda y el demandado el 5 por ciento, “esa parte se eliminó porque ya no se va a manejar la parte de deudas con personas que se dedican a eso, porque nos generó bastantes críticas, pues decían que estábamos haciendo negocio, que había un interés, lo más viable era que lo quitáramos”.
Una propuesta para el IEPC y otra para el poder Judicial
De Jesús Cabrera contó que además de las reformas durante la asamblea se informó que el 21 de diciembre se reunirá en San Luis Acatlán la CRAC-PC con representantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, donde plantearán que sea en asamblea donde se nombre a los consejeros y representantes de los pueblos originarios.
Agregó que lo harán para que no se repita que personajes como Victoriano Wences Reza sea diputado federal por el PT, “porque un comisario le extendió una constancia como indígena”, y del diputado local por Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, que “está representando a los me’phaa de Ayutla sin ni siquiera ser indígena”.
“El interés es que no utilicen a los pueblos para que escalen (en cargos públicos) y fue un acuerdo unánime de los comisarios que nosotros presentaremos las propuestas de cómo queremos que sean las elecciones y levantar actas de asamblea, no una simple constancia que cualquiera puede conseguir”, mencionó.
Informó que en enero también plantearán al poder Judicial la creación de una Sala Penal Indígena, para “que atienda los casos de los ciudadanos de los pueblos originarios”.
Adelantó que imprimirán el nuevo reglamento interno y espera que “antes del cambio de los comisarios en enero (de 2023) lo difundan”.
Contó que a la asamblea no asistieron representantes del gobierno del estado, pero aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tenía conocimiento del trabajo que han realizado.
Entre los asistentes estuvieron el delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz; el delegado en Guerrero del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), Manuel Vázquez Quintero; y el alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena / Foto: El Sur
