Exigen en un mitin un plan estratégico y presupuesto especial para resolver su situación. Se reúnen con el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros “para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a las acciones de atención integral”, dice el gobierno del estado
Chilpancingo, Guerrero, 11 de noviembre de 2025. Al cumplir este 11 de noviembre siete años de la expulsión de sus comunidades por la violencia, desplazados de los municipios de Leonardo Bravo (con cabecera Chichihualco) y Zitlala, exigieron en un mitin afuera de las oficinas del Recinto del Poder Ejecutivo del estado, un plan estratégico y presupuesto especial para resolver su situación.
Encabezados por la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, una comisión de las víctimas fue recibida por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a las acciones de atención integral”, según se informó en un boletín de prensa.
En conferencia de prensa antes de la reunión con el funcionario, Rosales Sierra recordó que este martes se cumplen siete años del desplazamiento, “más grande de la historia que hemos tenido en México” por la violencia, y que a partir de entonces se visibilizó el problema de las comunidades desplazadas por los grupos delictivos.
Sin embargo, reprochó que después de siete años, las víctimas siguen sin reubicación a pesar de que hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“No hay avances, no estamos viendo lo que están haciendo realmente las autoridades para atender el problema y eso es lo que preocupa a las víctimas”, dijo.
La activista denunció que muchas víctimas han perdido la vida en el camino, “todos, mujeres y hombres, sufren depresión y hay niños que no han podido terminar sus estudios porque no están en un lugar estable y tampoco pueden regresar a sus comunidades de origen”.
Contó que las personas que han muerto, ni siquiera así han podido regresar para que los sepulten en sus comunidades, y los tienen que enterrar en otro lugar.
Rosales Sierra recriminó que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno no les dan garantías de seguridad para que regresen a sus comunidades, pero tampoco los apoyan para su reubicación a un lugar seguro y digno.
Derivado de ello, la demandas que plantearon ayer son un plan estratégico y un presupuesto especial para resolver su situación de desplazamiento, así como un plan de reparación del daño.
Sin embargo, Rosales Sierra reprochó que no ven voluntad de las autoridades. Contó que hace dos meses les propusieron hacer un nuevo censo “para ver si en verdad existían los desplazados”.
Informó que las victimas vinieron a la Secretaría de Gobierno “para que se comprobara que sí existen y que siguen en espera de su reubicación”, pero dijo que todo sigue igual.
“La mayoría se han enfermado como consecuencia de la incertidumbre y la inseguridad tremenda en que viven; hay muchas víctimas que sufren acoso, amedrentamiento, amenazas, y de todo eso hacemos responsables a las autoridades”.
La activista exigió que se atienda a estas familias conforme a la ley y conforme a la recomendación 171/2023 de la CNDH.
En el 2018, a raíz de la irrupción de más de 3 mil integrantes de la entonces autollamada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo en el corredor de Filo de Caballos, más de mil 500 personas salieron desplazadas de al menos nueve pueblos del municipio de Heliodoro Castillo.
De ellas actualmente sólo están registradas en la Recomendación de la CNDH 171 familias.
Sin embargo, Rosales Sierra informó que muchas más no quedaron incluidas y permanecen en la vulnerabilidad, “igual que los cientos y miles de familias desplazadas en Guerrero”.
La directora del Centro Morelos declaró que las familias desplazadas “han vivido el peor de los casos, muchas, independientemente de que son desplazadas, les asesinaron o tienen desaparecido a un familiar y ni siquiera les pudieron dar la cristiana sepultura”.
La activista informó que, en total, en Guerrero hasta el 2024 tenían registradas 26 mil 700 familias desplazadas de las distintas regiones del estado, pero que a partir del 2025 suspendieron el conteo, “aunque supimos que siguieron los desplazamientos, pero ya no pudimos hacer el registro”.
Explicó que en Guerrero hay dos tipos de desplazamientos: el que se va en grupos y el que se va por “migas”, pero dijo que la mayoría se va en silencio, sin notificar a las autoridades y su desplazamiento no queda registrado.
Informó que la mayoría de los desplazados se encuentran en Tijuana, Baja California, en Michoacán, e igual en Estados Unidos donde solicitaron asilo.
Explicó que el Gobierno estatal está regresando a algunas familias a sus comunidades sin las garantías de seguridad, “siguen estando en vulnerabilidad, incluso llegan y su casa ya no es la misma, ya no encuentran muebles ni trastes, y eso implica volver a empezar, porque la mayoría encuentran su casa vacía”.
Aclaró que esto es en el mejor de los casos, porque la mayoría ya encuentran ocupadas sus casas por la gente del grupo delictivo que los desplazó.
En un boletín de prensa, el subsecretario de Desarrollo Político y Social Rodríguez Cisneros informó que en la reunión les expresaron “la disposición del Gobierno de Guerrero para construir soluciones conjuntas y sostenibles, con enfoque humanitario y de justicia social, a fin de brindar acompañamiento a las personas y comunidades afectadas por el desplazamiento”, pero no se precisó con qué tipo de apoyos se comprometió el Gobierno estatal con las familias desplazadas.
En la reunión estuvo la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Enedina Medrano Serrano, y el director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Juan Carlos Castañón Arcos.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
