Afirma el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez que esa oficina de procuración de justicia lo único que hace “es escribir” la información que proporcionan pero no actúa en ningún caso. Menciona que además prevalece una total impunidad para los perpetradores porque “son nulas” las probabilidades de que sean castigados. Destaca que de 1974 a la fecha sólo han sido judicializados 34 expedientes
Chilpancingo, Guerrero, 24 de febrero de 2023. Integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez, protestaron ayer afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la presentación con vida de sus familiares desaparecidos, la creación de un centro de identificación humana, y a los diputados del Congreso local pidieron la aprobación de la iniciativa de Ley de Desapareción de Personas del Estado de Guerrero.
En su protesta, denunciaron la impunidad con que actúan los perpetradores de las desapariciones, así como la negligencia e inacción de la FGE en todos los casos.
La protesta fue convocada por María Engracia Guerrero López, madre del joven de 30 años de edad, Jesús Antonio Moyao Guerrero, quien este 23 de febrero cumplió un año de desaparecido en Chilapa, sin que la Fiscalía tenga resultados del caso, a pesar del compromiso personal de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, reprochó la madre de la víctima en el mitin.
En la protesta, que duró más de una hora en la entrada principal de la Fiscalía, participó una comisión de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, hermano de Josué Molina, desaparecido el 4 de junio del 2014 declaró al término de la protesta que en todos los casos de desaparecidos que hay en Guerrero se repite el mismo patrón de actuación de la Fiscalía: impunidad y negligencia en las investigaciones.
“Aquí en la fiscalía lo único que se ha hecho es escribir la información que mi familia y yo les hemos proporcionado, realmente la búsqueda ha sido de parte de nosotros y de los compañeros del Colectivo y no de la Fiscalía”, declaró a los reportaros durante la protesta María Engracia, la madre de Jesús Antonio, quien ayer cumplió un año desaparecido.
Cuando despareció el joven tenía 29 años, y se lo llevaron hombres armados del punto conocido como La Curva de Flor Morada aproximadamente a las 4:40 de la tarde del 23 de febrero del 2022, ese día trabajaba como chofer del servicio de transporte público de la ruta del centro de Chilapa a la colonia San Juan, contó María Engracia.
Dijo que presentó la denuncia el 24 de febrero ante la FGE y que desde ese mismo día solicitó una búsqueda inmediata, pero la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acudió ocho días después, ya cuando la urvan número 14 de esa ruta que trabajaba Jesús Antonio estaba nuevamente en circulación, sin que le hayan realizado peritaje alguno, dijo María Engracia.
“Permitieron que siguiera trabajando de forma normal, a pesar de que yo considero que se cometió un delito dentro de esa urvan al sustraer a mi hijo de ahí, pues de ahí bajaron a mi hijo y se lo llevaron”.
Dijo que todavía el dueño de la urvan acusó a su hijo del robo de las monedas que ese día había trabajado, además lo acusó del robo del estéreo del carro, “cuando a mi hijo se lo llevaron por la fuerza de la unidad”.
Denunció que el año pasado se reunió con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y que asumió el compromiso personal de que el caso se investigaría hasta encontrarlo, “pero fueron simples palabras porque todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es porque nosotros (los familiares) hemos presionado”.
Reprochó que en la Fiscalía simplemente los han recibido y atendido, “pero en la carpeta de investigación no hay nada, sigue exactamente igual desde que desapareció”.
Informó que el último acuerdo con la fiscal fue en el mes de diciembre “pero hasta el día de hoy, 23 de febrero, nadie se ha comunicado conmigo y todavía no tenemos absolutamente nada y hoy exijo la aparición de mi hijo con vida y que ellos (la Fiscalía) hagan su trabajo como debe de ser”.
La madre del desaparecido exigió que se hagan las búsquedas en los alrededores de Chilapa.
Después y durante el mitin denunció que a un año de la desaparición de su hijo no hay ningún indicio de su paradero a pesar de que desde el primer momento los familiares aportaron todos los elementos que les solicitaron en la Fiscalía.
Agregó que la dependencia “casi quiere que le digamos: vengan en esta casa, en este lugar está mi hijo, porque si no les damos la ubicación exacta no quieren ir a buscar”.
Por el contrario, denunció que ha recibido amenazas en su contra y de su familia y que policías han ido a su centro de trabajo a preguntar por ella “para intimidarme y desista de la investigación”.
Denunció que ha sido objeto de amenazas directas y presentado las denuncias y la información está integrada en la carpeta de investigación pero reprochó que de ello tampoco hay avances para investigar quiénes están detrás de esas amenazas, “lo único que se limitan a decir las autoridades es que probablemente son extorsionadores, pero sin investigar, y sólo suponen”.
María Engracia responsabilizó al gobierno del estado y a la Fiscalía de la integridad física de ella o de su familia.
Durante la protesta, otras familias exhibieron las fichas de otros desaparecidos; algunos de ellos son Diego Steven Castro Miranda de 21 años de edad, desaparecido el 17 de agosto del 2022; Alberto Fonseca Leyva, desaparecido el 19 de mayo del 2019 en Chilpancingo.
Asimismo, Juan Álvarez Gil, desaparecido el 5 de julio del 2013; Román Gallardo García, desaparecido el 1 de enero del 2010, y Mario Sandoval García, desaparecido el 5 de mayo del 2020.
Beatriz Adriana Rivera, esposa del agente de la Policía Judicial (hoy Policía Investigadora Ministerial) Juan Álvarez Gil, quien fue desaparecido en julio del 2013 pidió a la sociedad no ser insensibles ante el grave problema de los desaparecidos en Guerrero, “porque toda la sociedad está propensa a que nos desaparezcan, nos violenten y nos asesinen”.
También exigió a la Fiscalía que atienda a las víctimas, “que demuestre interés en buscar a nuestros familiares”.
El representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina, declaró al final de la protesta que lo común en todos los casos es el problema de la impunidad con la que se manejan las autoridades y los perpetradores; “hoy pueden desaparecer a cualquiera y la probabilidad de que los responsables sean castigados son nulas”, reprochó.
Informó que tienen datos de que desde 1974 solamente han sido judicializados 34 casos de desaparecidos, “por eso decimos que realmente el gran problema es la impunidad”.
Exigió que quienes sean designados en los puestos en los que se atienden a los familiares de las víctimas realmente tengan la empatía, “que se designen de manera responsable y correcta a quienes van a estar en estos puestos y que no sean por cuota política, o sólo porque apoyaron en la campaña, o son compañeros de partidos o por otras situaciones”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
