Se pretende revictimizar a la agraviada careándola con quien la violó hace 17 años, denuncia Tlachinollan.
Acapulco, Guerrero, 3 de mayo de 2019. Por cuarta ocasión se suspendió la audiencia de desahogo de pruebas del caso de la indígena Inés Fernández Ortega, violada por militares en 2002, en el Segundo Juzgado Federal de Acapulco.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, explicó que la defensa del militar acusado de violación pide que la parte acusadora presente a una tercera persona citada, cuando le corresponde a los abogados defensores.
“Inés en el 2002 presentó al denuncia, testigos e imputación”, enfatizó.
Agregó que el abogado defensor del militar pide la presencia de Inés Fernández, de su esposo Fortunato Prisiliano y de su hija Noemi, y al no acudir esta última a la audiencia solicitó que se suspendiera.
Téliz García dijo que el abogado del militar presentó varias pruebas a favor de su cliente, y en el desahogo de las mismas está solicitando la presencia de Inés, su esposo y su hija para carearse con ellos al mismo tiempo, basados en el principio de contradicción, en eso está basada la argumentación de la otra parte.
La audiencia que se suspendió fue convocada a las 10 de la mañana en el juzgado, las tres anteriores se suspendieron, las dos primeras porque no acudió el abogado y a la tercera no llegaron los peritos traductores.
“En la de hoy (ayer) justamente comparecimos como siempre, Inés y Fortunato siempre están dispuestos a comparecer, el abogado quiso que forzosamente Noemí estuviera presente, ella está notificada por medio de edictos, pero no está enterada”, agregó.
A la audiencia también asistieron el abogado Vidulfo Rosales y el director de Tlachinollan, Abel Barrera, al salir del juzgado manifestaron que a 17 años de la denuncia de Inés todavía quieren encararla con quien la agredió.
“Para nosotros hay que proteger a las víctimas, garantizar sus derechos, no revictimizarlas al hacerlas recordar los hechos”, dijo Abel Barrera.
Lo que quiere la defensa del militar es que la indígena caiga en contradicciones, sin embargo, recordaron los abogados de Tlachinollan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que es suficiente el dicho de la víctima ante el contexto de desigualdad en el que se desarrollaron los hechos, por estar frente a militares armados y ella en total indefensión.
“De parte nuestra decir que ya están probados los hechos, la Corte ya sentenció que hay responsabilidad del Estado mexicano” y le ordenó castigar a los responsables.
“Lo primordial es el testimonio de la víctima, son hechos que suceden en la privacidad por eso tiene la importancia”, explicó.
Inés y su esposo salieron desde el miércoles en la madrugada de su comunidad, Barranca Tecuani, municipio de Ayutla para estar a la hora citada ante el juez segundo, José Artemio Navarrete Sánchez.
En el caso de Valentina e Inés, el Estado mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Los militares procesados son el sargento segundo Hugo Humberto García León, y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, agresores de Inés Fernández, quienes fueron detenidos en diferentes fechas y lugares en 2013.
Texto: Mariana Labastida / Foto: Carlos Alberto Carbajal
