Texto: Alina Navarrete Fernández / Foto: El Sur
Chilpancingo, Guerrero, 19 de agosto de 2018. La validación de la reforma al artículo 14 constitucional, sobre derechos y cultura indígena, que declaró el Congreso del estado se concretó “en la penumbra, con consigna política y sobre todo con tijera política, se trataba de recortar derechos conquistados”, dijo el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El viernes, en dos sesiones extraordinarias continuas, el Congreso del estado declaró la validez de la reforma al artículo 14 constitucional, sobre derechos y cultura indígena, y aprobó las reformas y adiciones que propuso el Ejecutivo a la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, y una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado.
Con esto, se dio cumplimiento a la recomendación 09/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que pidió a las distintas autoridades de Guerrero, regular el esquema normativo que vincule los sistemas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas con el sistema de justicia penal.
Consultado vía telefónica, Barrera Hernández dijo que lo que hicieron los diputados locales por consigna fue quitarle “la fuerza y el reconocimiento que tienen los derechos de los pueblos indígenas que se han logrado, a través de sus luchas, a través de su tenacidad, y sobre todo, de su conquista frente a un Estado que discrimina, que subordina”.
Manifestó que es “muy sintomático” que en varios artículos se considere “siempre” a las instituciones de los pueblos indígenas como auxiliares y no como titulares, con lo que aprobó el Congreso del estado se sigue subordinando a la población indígena, “como un sector que no tiene plenitud de derechos, al que no se le da la plena autonomía política y territorial, todo queda a la subordinación de lo que determinen las autoridades centrales, estatales, mestizas”.
Expresó que la forma de legislar de los diputados locales es la forma “etnocéntrica, racista, mestiza, no hubo ningún diputado que conociera realmente las normas internacionales de los derechos de los pueblos indígenas”.
Precisó que la Policía Comunitaria se borró “de un plumazo”, y acusó a los legisladores de reproducir un sistema racista de la ley con el interés de quitar la fuerza que se logró en la anterior ley 701, “le dieron un brochazo a unas líneas que son mera fachada, pero en el fondo le están quitando la capacidad a los pueblos de autogobernarse”.
Señaló que también se le quitó el derecho a pueblos indígenas de impartir justicia, reeducar, a ser un órgano que garantice seguridad con las policías comunitarias, así como la autoridad de sus asambleas, en la que el pueblo decide y revierte decisiones injustas, “nada de esto vemos en esta ley, por eso vemos a un Legislativo arrodillado ante el poder Ejecutivo y soberbio ante los pueblos indígenas, como si fueran hacendados con el garrote en la mano, sometiendo a los pueblos”.
Declaró que, en términos jurídicos, los pueblos indígenas podrían recurrir a la Controversia Constitucional, que es un recurso que debe validarse para demostrar que se violaron sus derechos y debe llegar hasta la Suprema Corte de Justicia; además, el derecho internacional los asiste porque los artículos Primero y Segundo de la Constitución Mexicana, se refieren a instrumentos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Esto para hacer valer sus derechos y revertir lo que aprobaron los diputados locales.
Rechazan diputados electos de Morena iniciativas, reformas y cuenta pública que aprobó el Congreso
Texto: Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo, Guerrero, 19 de agosto de 2018. Las diputadas locales electas, Yoloczin Domínguez Serna y Mariana García Guillén, y los diputados locales electos, Arturo Martínez Núñez, Zeferino Gómez Valdovinos y Moisés Reyes Sandoval, que formarán parte de la mayoría relativa de Morena en el Congreso del estado la próxima Legislatura, se pronunciaron contra las iniciativas de ley, reformas y la cuenta pública que aprobó la Comisión Permanente.
El viernes se agotó el periodo de sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente que citó de manera urgente a los diputados locales a aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los tres niveles de gobierno, el nombramiento del fiscal anticorrupción, la iniciativa de ley sobre la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, que el Congreso local enviará al Senado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva; además, declaró la validez de la reforma al artículo 14 constitucional, sobre derechos y cultura indígena, y también aprobó las reformas y adiciones que propuso el ejecutivo a la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, y una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado.
Consultadas y consultados vía telefónica, las diputadas y los diputados electos coincidieron en que el Poder Legislativo de Guerrero actuó bajo consigna valiéndose del fast track e ignoró la decisión de la sociedad que se reflejó en las urnas el 1 de julio pasado, con el triunfo de Morena.
Martínez Núñez dijo que los diputados locales “están aprovechando” los últimos días que les quedan para aprobar todo lo que puedan, porque sabe que a partir del 1 de septiembre “las cosas no van a ser tan sencillas, nosotros no vamos a legislar al vapor, no vamos a legislar por consigna y no vamos a legislar como subordinados de ninguno de los otros dos poderes (Ejecutivo y Judicial)”.
Aunque reconoció que los diputados locales actuaron de manera legal, señaló que no fue legítimo, cuestionó, sin señalar a nadie en particular, si los legisladores conocen a fondo lo que aprobaron, en especial sobre la cuenta pública.
García Guillén dijo que los próximos diputados locales “no estamos de acuerdo” con las decisiones que se tomaron el viernes, “Guerrero está bastante caótico, es un Estado fallido” por las violaciones a los derechos de las mujeres, las minorías, los pueblos autónomos, indígenas.
Adelantó que Morena tiene varios asuntos que abordar en el Congreso del estado, “uno de ellos es echar atrás la Ley 701, consideramos que no está de acuerdo a la conformidad de la Constitución que es el documento más importante que nos debe de regir a todos los mexicanos”.
Puntualizó que no se pueden echar atrás los derechos ganados por las minorías, como las policías comunitarias, y mencionó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Sobre la cuenta pública, dijo que “a todas luces es claro que hay una falta de transparencia” en el proceso, pues “no es normal” que no se discutiera en el pleno, por lo que Morena pedirá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que entregue la cuenta pública de años anteriores para hacer un análisis, determinar que esté conforme a la ley, de lo contrario se le harán cambios y se reportará a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Aclaró que Morena no está señalando irregularidades, pero se debe revisar el presupuesto, ya que “no somos una bancada que vaya a llegar solamente a fiscalizar ni auditar, no es nuestra función, pero sí seremos los voceros y los puentes para que esto llegue a buen término”.
Reyes Sandoval insistió en que la cuenta pública debió ser revisada por la nueva legislatura, “no es posible que la actual legislatura, que ya no tiene la legitimidad del pueblo, sea la que revise y adelante todos los procesos fast track para aprobarlos, me parece preocupante”.
Declaró que está sorprendido y le parece irresponsable la acción de los diputados locales, pero “el pueblo estará al pendiente” de lo que decidan aprobar, hasta su último día en el Congreso.
Gómez Valdovinos apuntó que los diputados locales no pueden aprobar tanto, “al vapor y con tanto apresuramiento, considero que levanta sospechas y especulación, no nos parece lo más adecuado o lo más correcto que temas de tanta importancia se estén aprobando de esa manera”; añadió que la próxima legislatura llamará a rendir cuentas al titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta.
Por su parte, Domínguez Serna consideró que lo que se aprobó el viernes fue “un acto desesperado” de los diputados locales, y rechazó en particular la reforma al artículo 14 y la Ley 701.
