Los electores de Cataluña revalidaron la mayoría absoluta para el bloque de los partidos independentistas en las llamadas “elecciones del 155”, en alusión al artículo de la Constitución que aplicó Mariano Rajoy para intervenir la Generalitat y el Parlamento catalanes con el propósito de frenar la ruptura de España.
Alejandro Gutiérrez / Agencia Proceso
Foto: EFE
Madrid, España. Los resultados de las elecciones del jueves 21 (el 21-D) son un revés –propinado por los catalanes– a esa intervención del gobierno central y es una muestra de rechazo a los procedimientos judiciales que se les siguen a los líderes independentistas, aunque tampoco representan un cheque en blanco para éstos.
El dato más simbólico es el triunfo histórico de la lista de Ciudadanos (C’s) –encabezada por Inés Arrimadas, primera mujer en triunfar en unas elecciones catalanas –, que consiguió ser la fuerza política más votada y obtuvo 37 escaños –antes tenía 25– , lo que lo colocará como el partido con mayor representación en el Parlamento.
El problema de C’s es que si consiguiera pactos con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Partido Popular (PP), apenas se sumarían 57 escaños, muy lejos de la frontera de los 68 necesarios para tener mayoría absoluta.
Tras conocerse los resultados, Arrimadas hizo su interpretación de los mismos y se congratuló pues “por primera vez” un partido constitucionalista obtuvo un “triunfo histórico” en Cataluña.
Aseguró que “Ciudadanos ha enviado un mensaje al mundo”: que “la mayoría social en Cataluña está a favor de la unión con España”, y consideró que “los independentistas ya no pueden hablar en nombre de todos”.
La candidata centró su campaña en la petición del “voto útil”, a la espera de beneficiarse de los del PP, del PSC y de los electores indecisos o que no suelen participar en los comicios.
Consiguió ubicarse como primera fuerza política en Cataluña, pese a que en su pasado hay aspectos que sus dirigentes evitan debatir, como su discurso anticatalán y contrario a la inmersión lingüística, su apoyo al PP abandonando votaciones parlamentarias para reprobar al franquismo, su apoyo a la Ley Mordaza de Rajoy, su discurso a favor de la sanidad privada y a políticas que benefician la precariedad laboral.
Hasta ahora C’s sólo tiene representación parlamentaria, pero no gobierna ningún ayuntamiento en Cataluña. Su paso de la política catalana a la nacional hizo a sus dirigentes cambiar su denominación de Ciutadans por Ciudadanos. Sus detractores lo acusan de ser el “partido del IBEX-35”, como se conoce a la Bolsa de Valores de Madrid, donde cotizan las más importantes empresas españolas. De hecho, en junio de 2014 el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, hizo público el anhelo de los empresarios, cuando proclamó que requerían de un “Podemos de derechas, más orientado a la iniciativa privada y el desarrollo del país. El Podemos que tenemos nos asusta un poco”, en alusión a la irrupción en el escenario del partido de izquierda que encabeza Pablo Iglesias.
Esas criticas no estaban tan desencaminadas debido a que el autor de esa expresión es, además, patrono de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), un think tank originado en el Banco de España y que es impulsado por Banco Santander, BBVA, Repsol, Telefónica, Iberdrola y La Caixa, los máximos representantes del IBEX-35.
De hecho, el responsable del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, procede de Fedea. El actual director del organismo, Ángel de la Fuente, presidió la mesa del primer congreso del partido que encumbró a Albert Rivera, el actual dirigente nacional y quien procede del Departamento Jurídico de La Caixa.
Castigo a Rajoy
El jueves 21 el PP cosechó los peores resultados de su historia en Cataluña, al caer de 11 diputados que obtuvo en 2015 a sólo tres en esta elección, con apenas 4.24%, lo que lo coloca en la última posición de los partidos que tendrán representación en el Parlamento.
Este acto de castigo de los electores al gobierno central y al partido que preside Mariano Rajoy parece tener su origen en el malestar, muy extendido entre la población, por la intervención de sus instituciones públicas, entre ellas la disolución del anterior Parlamento y por emprender acciones judiciales contra los líderes independentistas, lo que limitó las posibilidades de hacer campaña a muchos de ellos, ya que estaban en prisión o en el extranjero.
Esta particularidad fue ampliamente explotada por los partidos independentistas, en particular Junts per Catalunya (JxCat), cuya lista encabezó el cesado presidente Carles Puigdemont, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que renombraron sus actos como la campaña para liberar a los “presos políticos” y que su lucha era contra “el bloque del 155”, lo que caló entre los electores.
“Ganar a la monarquía del 155”
En condiciones tan adversas, los partidos independentistas consiguieron el triunfo de los 18 candidatos que fueron imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación, tras organizar y llevar a cabo el referéndum del pasado 1 de octubre.
Desde Bruselas, Puigdemont celebró esos resultados y exigió al gobierno de Rajoy un “cambio de receta”, porque la suya “ha fracasado”.
Pidió al gobierno central y a las autoridades de la Unión Europea (UE) que “tomen nota” de la mayoría absoluta que logró el independentismo el jueves 21, considerando la suma de los tres partidos de esa tendencia.
Acompañado por los ex consejeros que lo siguieron en su “exilio” a principios de noviembre, Puigdemont proclamó que “la república catalana ha ganado a la monarquía del 155” y puso sobre la mesa dos exigencias al gobierno de Rajoy: La “restitución” del “gobierno legítimo” y la “libertad inmediata de los presos políticos”, en alusión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, el “diputado electo” Jordi Sánchez –ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que iba como número dos de la lista de Puigdemont–, el ex consejero Joaquim Forn y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Puigdemont se mostró satisfecho porque los catalanes optaron por no dar legitimidad a las acciones planteadas por Rajoy, quien “se ha hundido en Cataluña”. Y añadió que los catalanes han “mantenido la legitimidad y continuidad histórica de las instituciones catalanas”.
Subrayó que la victoria del independentismo tuvo lugar pese a las condiciones con las que las tres candidaturas concurrieron a las elecciones, con candidatos en prisión o exiliados en Bruselas. Además, recordó que ni JxCat, ni ERC ni la Candidatura de Unidad Popular (CUP) han dispuesto de “las herramientas que ha tenido el tripartido del 155”, en referencia a C’s, PP y PSC.
Divisiones independentistas
ERC no pudo mantener la hegemonía del independentismo, que tenía asegurado hasta noviembre pasado, y se quedó con 32 diputados, como tercera fuerza más votada. JxCat le arrebató la primera posición del soberanismo, lo que abre la puerta a una nueva investidura de Puigdemont, que alcanzó 34 escaños.
Tras los comicios se abrirá un periodo de negociaciones para refrendar los pactos parlamentarios entre estas fuerzas, a fin de formar el nuevo gobierno de Puigdemont; una vez más el partido antisistema CUP tendrá la llave para el nuevo gobierno, como sucedió en 2015.
En aquella ocasión, la CUP, entonces con 10 escaños, exigió que a cambio de su apoyo, el nuevo gobierno cambiara a Artur Mas para presidir el gobierno por Puigdemont e impuso su hoja de ruta soberanista, que privilegiaba la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), como sucedió.
Pese a haber caído a cuatro escaños, la CUP tendrá una enorme influencia, porque sólo con sus votos se consigue la mayoría absoluta; o podría permitir un gobierno, incluso con una abstención de sus diputados.
En las nuevas negociaciones para formar gobierno habrá mucha expectación para ver cómo gestionan las diferencias y divisiones en el sector independentista, que no es tan monolítico como lo hacen parecer en público.
Desde el 26 de octubre y hasta la campaña del 21-D salieron a relucir varias diferencias entre sus líderes, como la que surgió cuando Puigdemont se disponía a convocar a elecciones el 26 de octubre pasado: sus detractores le exigieron seguir con la DUI e incluso algunos dirigentes independentistas lo llamaron “traidor”.
La fuga del expresidente y la comparecencia de otros miembros de su gobierno, que terminaron encarcelados, también abrió una brecha en el sector independentista. Aunque Puigdemont aseguró que se trató de una decisión concertada, luego se supo que había división de opiniones.
En la recta final de la campaña, el candidato de ERC y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, dijo en una entrevista desde la cárcel de Estremera: “Estoy aquí porque no me escondo nunca de aquello que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos, sentimientos y voluntad”.
Asimismo, en plena campaña electoral, el diario El Mundo publicó las múltiples anotaciones de la agenda de Josep María Jové, número dos de Junqueras y a quien califica de “arquitecto del procés”, en el que en conversaciones en corto Puigdemont, Mas y otros líderes reconocían que el referéndum unilateral “no tenía sentido”.
En esa agenda otros apuntes muestran la fractura y los reproches entre líderes de ERC y el Partido Demócrata de Cataluña (PdeCat, el de Puigdemont).
Jové fue detenido por la Guardia Civil el 20 de septiembre y su agenda incautada permitió a los investigadores conocer todas las tripas del proceso independentista y las discrepancias entre sus dirigentes.
El número dos de Junqueras reconocía que el camino sin el apoyo de la CUP no se podía recorrer, porque no se podrían sacar los presupuestos, pero también los criticaba por ser “demagogos y revolucionarios”. Y respaldaba ese argumento con otro apunte en el que resaltaba que la CUP asegura que no renunciará a su “estrategia de desobediencia”, pero también quería que los mandos de la policía comunitaria les avisara de posibles detenciones.
