Eugenio Fernández Vázquez
Las aterradoras cifras de la deforestación en México
Las cifras son espeluznantes. Según los datos que acaba de hacer públicos el Global Forest Watch –un sistema de monitoreo de la deforestación en el mundo, liderado por el Instituto para los Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés)–, la deforestación en México no ha hecho más que acelerarse en los últimos años. Solamente en 2016, el país perdió un cuarto de millón de hectáreas de bosques y selvas, 36 por ciento más que en 2015 –y 2015 estuvo entre los peores años del siglo.
Los estados más afectados, además, son los que contienen los ecosistemas más diversos y más frágiles: los de las selvas tropicales del sureste mexicano. El año pasado, dos terceras partes de la deforestación ocurrieron en Chiapas y en la península de Yucatán, región que perdió casi 100 mil hectáreas. Entre las entidades que les siguen están Oaxaca, Veracruz, Tabasco y, en forma muy notable, Guerrero, que con una pérdida de 8 mil hectáreas en 2016 vivió su peor año en la materia en lo que va del siglo.
Las cifras que el Global Forest Watch acaba de publicar indican, además, que este ha sido el peor sexenio para los bosques desde el año 2000. En el primer lustro del siglo XXI, la tasa de deforestación estuvo en torno a las 150 mil hectáreas perdidas cada año. En cambio, el promedio en este sexenio es de casi 200 mil hectáreas de pérdida anual.
Esta deforestación obedece a causas muy diversas, pero la lógica es siempre la misma. Los bosques ocupan un terreno que, en principio, se puede usar para muchas cosas. Como la inmensa mayoría de los terrenos forestales en México está en manos de ejidos y comunidades agrarias o de propietarios privados, si mantener ese terreno cubierto con árboles no genera más valor que los usos alternativos del suelo, y si la autoridad no lo impide, los dueños de dichos terrenos los deforestarán y los usarán para otra cosa.
La política forestal y la de conservación deben hacer que el valor relativo de los bosques se mantenga más alto que el de las alternativas, haciendo valer una legislación que castigue la deforestación e impulsando prácticas productivas y de conservación que generen modos de vida sustentables para las comunidades forestales. En eso, las autoridades ambientales mexicanas han fracasado estrepitosamente.
Detrás de este fracaso está el hecho de que el futuro de todos nosotros le tiene sin cuidado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El medio ambiente es una garantía de futuro para todos, una forma de inversión colectiva a largo plazo, y la depredación del medio ambiente es una forma de robarnos a todos esa inversión para materializarla en el presente y apropiársela. Lo que las autoridades federales hacen al financiar hoteles a través de Fonatur, al hacer fácil la vida de las mineras, al garantizar la impunidad de talamontes y otros delincuentes ambientales, es permitir que unos pocos destruyan riqueza que es de todos, e hipotequen un futuro que no es de ellos.
Esto se refleja en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por ejemplo, tiene apenas 19 o 20 inspectores para todo Quintana Roo –desde los arrecifes hasta las selvas, pasando por los hoteles–, o en que el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal se redujo a la mitad de lo que había sido en el pasado, o en que el secretario de Medio Ambiente no sabía nada de medio ambiente cuando asumió el cargo. El desdén por lo que nos pase a los demás, y por el medio ambiente del que dependemos, se ve agravado por la hipocresía de muchas autoridades.
Las cifras son aterradoras. La degradación ambiental no sólo no frena, sino que acelera. Y a las autoridades no les preocupa en absoluto, y además son cómplices del proceso. Ojalá hubiera en el horizonte alguna posibilidad de cambio, pero no parece que sea el caso.
