Ciudad de México, 2 de abril de 2021. Siete elementos del 102 Batallón de Infantería del Ejército fueron recapturados y procesados de nueva cuenta por la matanza de 22 personas ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, luego de que en 2018 se ordenara su reaprehensión.
El pasado 18 de marzo algunos de los implicados reportaron a la justicia federal haber sido ingresados al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, aunque informes de allegados indican que cuatro obtuvieron la libertad provisional y sólo tres permanecen presos.
Michele Franco González, jueza Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó la formal prisión al Sargento Roberto Acevedo López y los soldados Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, en la causa penal 28/2018.
Según personas vinculadas al caso judicial, estos tres son los únicos que permanecen presos, debido a que el delito de homicidio es grave bajo las reglas del anterior sistema de justicia inquisitorial y por escrito, en el que fue tramitado este caso.
Sus compañeros Ezequiel Rodríguez Martínez, Leobardo Hernández Leónides, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama fueron acusados por ejercicio indebido del servicio público, que les permite llevar el juicio en libertad provisional.
“Están procesados prácticamente de la misma forma que en la anterior ocasión”, dijo una fuente que pidió no ser identificada.
Los militares participaron en el operativo del el 30 de junio de 2014 en el paraje de Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, en el Municipio mexiquense de Tlatlaya, donde murieron 22 personas en el interior de una bodega.
En mayo de 2016 los acusados obtuvieron sentencias equivalentes a la absolución; sin embargo, una una de las víctimas ganó un amparo contra la libertad dictada en la instancia de apelación, en el 2018 Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, ordenó las recapturas.
Centro Prodh afirma que falta investigar a mandos en el caso Tlatlaya
Ante la reaprehensión de siete militares involucrados en 22 muertes ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reconoció que ello no hubiera ocurrido “sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación”.
A través de su cuenta en Twitter, la organización reconoció la relevancia de la reaprehensión de los responsables, pero destacó que aún hay “pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir”.
El Centro Prodh hizo una cronología de los hechos en que “la Sedena y el entonces gobernador del Estado de México (Eruviel Álvila) celebraron el operativo”, luego de que el 30 de junio de 2014, 22 personas fueran abatidas por el Ejército.
Recordó que sólo después de que investigaciones periodísticas pusieron en duda la versión oficial del enfrentamiento, las instituciones realizaron una investigación. Por un lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que “habrían sido ejecutadas entre 12 y 15 personas”, mientras que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) “presentó cargos contra siete militares por la ejecución de 8 personas”.
Al resaltar que durante la gestión de Salvador Cienfuegos al frente de la Sedena, la institución “en todo momento negó la existencia de las ejecuciones”, el Centro Prodh agregó que, si bien los militares fueron detenidos y se les dictó un auto de formal prisión, en 2016 un tribunal de segunda instancia revocó esa determinación.
“Familiares de las víctimas presentaron un amparo en contra del auto que ordenó la libertad de los militares. El Tribunal Colegiado que lo resolvió en 2019 ordenó tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje desestimado”, recalcó la organización, que ha defendido a una de las sobrevivientes del ataque.
“Así el Tribunal tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares. Esta orden permaneció sin cumplirse por 16 meses”, situación que ya había sido denunciada por el Centro Prodh y ahora cumplida.
Texto: Agencia Reforma
